Opinión
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Los hechos son tozudos. En contra de la opinión de algunos economistas que parece que se han convertido en escritores de ciencia ficción, y afirman sin sonrojarse que la economía colombiana está hoy igual de cerrada que antes de la apertura de los 90, las estadísticas oficiales muestran que las importaciones siguen desplazando a los productores nacionales, y que lo que se hizo en Colombia fue una apertura hacia adentro.
Veamos el comportamiento del PIB en 2019. Creció 3,3% jalonado por un mayor crecimiento del 4,5% de la Demanda Interna, es decir los gastos de consumo de las familias y del Gobierno junto con la inversión.
La pregunta es obvia: ¿por qué crecen más las compras internas que lo que se produce en el país? La respuesta es aún más obvia: porque una buena parte de las compras corresponden a bienes importados. Por eso el año pasado las importaciones crecieron 9,2%, es decir más del doble que la demanda interna y casi el triple que el PIB.
No es un fenómeno nuevo, ni reciente. Entre el 2000 y el 2014 el PIB creció 86% y las importaciones 241%, es decir, casi tres veces más. A partir de 2014 la devaluación inducida por la crisis de los precios del petróleo frenó la tendencia y las tasas de crecimiento fueron similares por cuatro años, pero ya vimos que en el 2019 volvimos a las andadas.
Uno de los indicadores más utilizados para medir el grado de apertura de una economía es el peso relativo de las importaciones, que se mide como la relación entre las importaciones y el PIB. En 1990 era el 8% y el año pasado llegó a un poco más del 23%, es decir, que se triplicó. ¿Estamos igual de cerrados que antes de la apertura?
Otras cifra del Dane que contradicen la ciencia ficción y demuestran el impacto de la apertura es el comportamiento de la industria y el comercio. El año pasado las ventas reales del comercio minorista, excluyendo vehículos, motos y combustibles, crecieron 8,7%, mientras que la industria manufacturera solo creció 1,5% y la agricultura, sin contar el café, 0,2%.
Si los productores colombianos no pueden vender más de sus productos pero los consumidores si aumentan sus compras, es evidente que están comprando mucho más productos importados. Y de nuevo es una tendencia de años: desde el 2000 la producción industrial ha crecido 50%, mientras que las ventas del comercio minorista 115%, es decir, más del doble.
Unos de los sectores más golpeados por esa apertura, que no existió en la imaginación de algunos, son los textileros, y los productores de calzado. El año pasado las ventas de prendas de vestir y textiles en el comercio crecieron 7,7%, y las de calzado 6,8%. Al mismo tiempo la producción nacional de telas solo creció 0,3%, la de confecciones 3,7% y la de calzado cayó 7%.
Cali 16 de febrero de 2020
*Filósofo y Economista. Consultor
Por Amylkar D. Acosta M*.-La falta de continuidad entre una administración y otra, tanto en el orden nacional como departamental y municipal, han convertido a Colombia en escenario para interpretar la sinfonía de obras inconclusas, al punto que acaba de aprobar el Congreso de la República una Ley que obliga al Gobierno a establecer un registro de los que se han dado en llamar “elefantes blancos”. A la falta de continuidad se ha venido a sumar la imprevisión y la improvisación que prevalecen en la gestión pública a lo largo y ancho del país. El caso del Túnel de La línea es emblemático en este sentido.
Durante más de 50 años la construcción del Túnel de la Línea se había convertido en una verdadera obsesión y en un proyecto estratégico para el país largamente aplazado. Se trata de reducir el trayecto y mejorar la movilidad desde el centro del país con el Eje cafetero, Cali, a través de la Ruta nacional 40 y el puerto de Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. Una vez que esta imponente obra, por fin, entre en operación se podrá reducir hasta en 80 minutos el tiempo del recorrido de los vehículos de carga y en 40 minutos el de los vehículos livianos.
En el año 2008 se le adjudicó la ejecución del proyecto, con un costo de $629.000 millones, bajo la modalidad llave en mano, al consorcio Unión Temporal Segundo Centenario y se iniciaron obras en diciembre de 2009, teniendo como fecha de entrega del Túnel en julio de 2013. Sin embargo, la Unión temporal, alegando mayores fallas geológicas de las contempladas originalmente e imprevistos no cumplió con el plazo de entrega de la obra y demandaba del Estado reajustes para cubrir sus mayores costos. El entonces Vicepresidente de la República Germán Vargas amenazó con declarar la caducidad del contrato, al “constatar…que hay muy poco frente de obra trabajando. Desde hace varios meses se viene reduciendo el personal”.
Dicho y hecho, aunque la Unión temporal prometía que la obra se concluiría en noviembre de 2016, se veía cada vez más lejos la luz al final del Túnel. Por ello, no obstante que la constructora insistió en sentarse a negociar con el INVÍAS para negociar los términos de lo que sería un nuevo acuerdo para concluirla, se procedió a la declaratoria de la caducidad del contrato el 26 de enero de 2015 y se le impuso además al Consorcio una multa por valor de $60.300 millones, correspondiente a la cláusula penal del contrato.
La decisión del INVÍAS fue recurrida y al final no se hizo efectiva, en cambio se amplió, una vez más, el plazo de entrega y se reprogramaron las obras. Para completar lo que restaba del Túnel de La Línea, el Gobierno junto al consorcio acordaron usar 327.000 millones de pesos, los cuales provendrían de la aseguradora del contrato, recursos propios del contratista y aportes que incluyen maquinaria, formaleta de revestimiento y plantas de trituración, asfalto y concreto, aportes del Gobierno.
Definitivamente este último plazo tampoco se cumpliría, el Gobierno decidió entonces no prorrogar más el contrato, este se dio por terminado y se procedió a su liquidación. Se dispuso, a partir de ese momento, iniciar un nuevo proceso express de licitación para contratar la conclusión de la obra, la cual le fue adjudicada a un nuevo contratista integrado por CONCONCRETO y CSS. Este proyecto que lo contrató e inició su ejecución el ex presidente Alvaro Uribe, que lo continuó el ex presidente Juan Manuel Santos, ahora lo asumió el Presidente Iván Duque, quien en las primeras de cambio en enero de 2019 y tras inspeccionar el avance de las obras anunció que la puesta en funcionamiento del Túnel de la Línea será en diciembre de este año.
El hecho cierto e incontrovertible es que después de 10 años de iniciado el Túnel de la Línea y 7 años de atraso, en concepto del Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba, “el costo del Túnel de la Línea creció 546%, al pasar de $464.000 millones a $3 billones, sin que aún esté concluido”. Y, según la Ministra de Transporte Ángela María Orozco, se requieren $600.000 millones más para terminarlo.
Llama poderosamente la atención que no obstante que se esperaba que la entrega del Túnel se hiciera efectiva en el 2016, sólo un año después se percataron que no se había previsto la construcción de la doble calzada desde la boca del túnel hasta Calarcá y tuvieron que salir en volandas a estructurar y diseñar dicho proyecto. De modo que de haberse cumplido con la entrega del Túnel este no habría conducido a ninguna parte, hubiera sido un túnel ciego. Craso error.
Pero, definitivamente, la tapa de esta triste y descorazonadora historia es como para no creer: como ya dijimos, nos demoramos más de 50 años en tomar la decisión de adelantar este proyecto, para poder así ganar en competitividad, aproximando el centro industrial del país con el puerto de Buenaventura, reduciendo los costos del transporte y el flete, resulta que se contrató la ejecución del Túnel de la Línea en una sola dirección. Tendremos que esperar otros 50 años para acometer la construcción del túnel de retorno. Increíble, pero cierto, cuando se vea la luz al final del Túnel en diciembre, Dios mediante, tendremos un Túnel unidireccional (¡!).
Bogotá, D. C, febrero 16 de 2020
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por: José Félix Lafaurie Rivera.- El país está en “modo paro”, y el paro, por definición, es extorsivo; y la extorsión, también por definición, es atemorizante.
A una persona conocida de tiempo atrás, de a pie, correcta, egresada de “La Nacho” y ya jubilada, a quien siempre he percibido como “de izquierda”, le pedí su opinión sobre los paros armados de las disidencias farianas y del ELN, y específicamente, si consideraba que habría que negociar con estos últimos.
Se tomó su tiempo y me respondió: Lo que pasa es que ya no reconozco eso que, hace 40 años, nos hiso entronizar la imagen de “El Che” en la plazoleta de la Universidad –y de ahí no la han podido sacar, me aclaró–. Lo que ahora veo no me gusta, pero… –dudó–, mucha gente sufre y muere, y si las negociaciones detienen eso, pues valen la pena.
De inmediato asocié la respuesta con las peroratas de los defensores de la negociación con las Farc y de los que hoy presionan una con los elenos: Si se salva la vida de un solo colombiano, vale la pena. Con profundo respeto por el derecho a la vida, fundamental entre los fundamentales, pero si así hubieran pensado los aliados hace setenta años, hoy medio mundo sería el “paraíso nacionalsocialista” de Hitler.
Una negociación con los elenos sería extorsiva, como fue la de las Farc. Si el Gobierno no negocia, seguimos explotando el tubo –la naturaleza no es problema nuestro; el pueblo tampoco, diría yo–, seguimos secuestrando, extorsionando, matando y reclutando menores. ¡Ah!, y seguimos organizándolo todo a buen resguardo desde Cuba y nuestros cuarteles en Venezuela. Si el Gobierno no negocia, hay paro armado.
Hay más aristas de esta charla de ocasión. Si el Gobierno se deja extorsionar, que espero no lo haga –en eso ha sido enfático el presidente Duque–, qué carajos –perdón por la expresión– podría negociar con el ELN que no haya negociado el de Santos con las Farc.
¿Qué buscan las disidencias farianas con su paro armado? ¿Acaso solidarizarse con sus compadres? Nooo…, si bala es lo que se dan. ¿Acaso otra negociación? Sería un mal chiste. Buscan consolidar su dominio narcoterrorista sobre mafias y elenos; buscan resucitar su “grandeza terrorista” con el apoyo del sátrapa de la vecindad; buscan hacer su papel de brazo armado de quienes acá suspiran por el Socialismo Bolivariano; buscan sumarse, desde el campo martirizado, al otro “paro nacional”, el de las marchas pacíficas que nunca lo son; tan extorsivo como los “paros armados”.
El país está en “modo paro”, y el paro, por definición, es extorsivo; y la extorsión, también por definición, es atemorizante. Paro armado de elenos y disidencias. Paro nacional en las ciudades, con marchas extorsivas lideradas por Fecode. Paran los camioneros, paran los estudiantes, paran los profesores…
Y todo esto sucede mientras la izquierda, el “santocentrismo” y las iglesias, presionan al Gobierno para que negocie con el ELN y, también, con el comité de paro las 13 “exigencias” que se convirtieron en 104.
Negociación extorsiva: Si no hay negociación, seguimos en la calle, con todo y vándalos. Mientras escribo, están, literalmente, destruyendo la tradicional Avenida Chile en Bogotá.
Basta ya. Hay que hacer un llamado al orden y al ejercicio legítimo de la fuerza para garantizarlo; un llamado a desempantanar la mil veces enterrada reforma a la justicia, desde la magistratura al juez municipal y el sistema penitenciario.
Sin justicia no hay orden, hay caos. Sin orden no hay libertad efectiva, hay temor permanente; como el que a diario sentimos en campos y ciudades. Sin libertades efectivas no hay democracia real; y sin democracia real andamos el camino del vecindario.
Colombia no para…, rechaza el terror extorsivo…, quiere esperanza.
Bogotá, D. C, 16 de febrero de 2020
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie.
Por Jorge Enrique Robledo*.- Es tan absurdo lo que pasa en Colombia, que cabe la pregunta del titular de este artículo. Lo absurdo lo demuestran el gran subdesarrollo industrial y agropecuario, la insistencia en estrangular a ambos sectores, el gran poder de los voceros de los importadores y los productores extranjeros y cómo actúa, demagogias aparte, Iván Duque. También cabe la pregunta porque nos han condenado a tener que vivir del petróleo y otros minerales, incluso a costa de graves daños ambientales.
Además del desastre industrial y agropecuario de los últimos treinta años, en los que terminamos importando una porción enorme de los bienes industriales y agropecuarios que se producían y pueden producirse en el país, hoy por hoy están en problemas lo que queda de las confecciones, los textiles y el calzado, entre otros. Y en el agro ya desaparecieron los productos víctimas de cerca de 14 millones de toneladas de importaciones, se encuentran al borde de la quiebra el arroz y los lácteos y están amenazados la caña de azúcar, ya golpeada por el alcohol carburante estadounidense, y la palma aceitera, que además también pueden desaparecer si se concretan tratados como el TPP.
En un país menos confundido que este, en el que la política económica no puede ni discutirse porque nos la imponen desde afuera con la ayuda de tres o cuatro intermediarios nativos, este sería un debate de importancia nacional y de primeras planas. Pero no. Aquí, con toda impunidad, el gobierno y sus corifeos sientan cátedra a pesar de que las cifras les contradicen sus falacias, al tiempo que echan carreta sobre lo mucho que desean generar empleo. ¿Trabajo en serio sin desarrollo industrial y agropecuario, y reduciendo más el ingreso de los empleados, de modo que los productores no tengan ni a quién venderle?
Es tal la desfachatez con la que gobiernan, que actúan sin importarles que desaparezcan la industria y el agro porque consideran al petróleo y la minería suficientes para pagar la deuda externa y las importaciones hasta de lo que podemos producir, posición que no es la política económica y social que asumen los países que dicen imitar. No es que no pueda haber petróleo y minería si se explotan adecuadamente, cuidando el ambiente y con otras condiciones, pero eso no les quita su carácter de no renovables, lo que significa que están condenados a desaparecer, en tanto agro e industria pueden servirnos para siempre. Y cuando se da una bonanza petrolera como la última, se despilfarra en politiquería y corrupción y sirve, como sirvió, como ariete contra la producción industrial y agropecuaria, empeorando también la inmensa debilidad exportadora del país.
Y nos toca padecer a los voceros de los importadores pavoneándose como sabios y hasta maltratando a los productores urbanos y rurales porque no logran competir, en tanto, astutos, callan que quienes producen aquí pierden en la competencia internacional, no por su culpa, sino porque el costo-país de Colombia es altísimo, por lo caro del crédito bancario, cuando se consigue, y de la electricidad, los combustibles y el impuesto de renta de las pequeñas y medianas empresas, entre otras razones. Y además los arruina un contrabando financiado con la plata del narcotráfico que el Estado solo persigue en los sainetes con los que engatusa a la gente.
Es ese mismo alto costo-país el que no permite exportar más allá de lo que se despachaba antes de la apertura y los TLC. Atérrense ustedes, treinta años después, más del 70 por ciento de lo que hoy se exporta son los mismos productos básicos que se exportaban en 1990 y que no necesitaban de libre comercio para haberse seguido vendiendo en el exterior (bit.ly/37qdjRa). La estafa del libre comercio ha sido descarada, sin miramiento alguno.
Coletilla 1. El candidato Duque les prometió a confeccionistas y textileros que elevaría los aranceles a los productos asiáticos que invadían a Colombia, pero como Presidente les puso conejo. Y una vez una ley del Congreso los elevó, Duque, en el colmo de la desfachatez, se unió con los importadores y hundió dichas normas en la Corte Constitucional.
Coletilla 2. La feria del calzado y la marroquinería nacional que acaba de darse en Bogotá me dejó un sentimiento agridulce. Dulce porque se trata de producción de excelente calidad. Felicitaciones a trabajadores y empresarios. Pero agrio porque están entre arrinconados y quebrados por las importaciones y el alto “costo-país” con el que les toca producir.
Bogotá, 14 de febrero de 2020.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERobledo
Por Lorena Rubiano.- Nuestros derechos van hasta donde inician los derechos de los demás. Nuestros derechos no pueden sobrepasar los límites que tenemos para respetar y acatar las leyes y las normas de convivencia. Nuestro derecho a la vida especialmente, a poder morir de viejos, tiene que ser respetado y acatado por todos los ciudadanos.
Y ese derecho a la vida y a respetar los derechos de los demás se sigue perdiendo en nuestra querida Colombia. Que dolor nos produce ver como un joven de tan solo quince años, asesina a otros por el solo hecho de portar una camiseta del equipo de fútbol contrario. Qué dolor oírlo, después diciendo que no lo quería matar, pero le propino una certera puñalada en el cuello. Qué dolor escuchar que nuestros soldados y policías caen en diferentes sitios cumpliendo con su deber, en atentados, francotiradores y sicarios, que dolor de patria escuchar a diario el asesinato de líderes sociales comunales, defensores de derechos humanos y profesores, defensores de restitución de tierras o líderes de sustitución de cultivos ilícitos por cacao, café o aguacate. Qué dolor que perdamos la cultura, el respeto por la vida, así de fácil.
Nos falta educación, control policial y ciudadano; nos falta Estado y decisión gubernamental, nos falta justicia para enfrentar este fenómeno criminal que sigue creciendo en nuestra nación, cuyas tierras y campos se siguen bañando de sangre.
Y qué decir de los vándalos, asaltantes y atracadores que se infiltran en las marchas pacíficas, para desdibujarlas y aprovechar para robar y asaltar a la gente.
Las autoridades se ven en serios apuros para judicializar a los vándalos que quieren descarrilar las protestas con violencia. La clave para que esto no ocurra está allí mismo, entre la gente que colabora para desenmascarar a los criminales agazapados en los manifestantes inconformes.
Ya vienen nuevas marchas, paros y protestas, y es el momento de mostrar cultura ciudadana, y fortaleza de las autoridades para hacer respetar el derecho a la protesta y evitar el caos la violencia y la destrucción de los bienes de los ciudadanos que inermes ven como se pierden a manos de encapuchados su patrimonio, logrado y construido con muchos años de esfuerzo y trabajo.
A raíz de todos estos desmanes se abre la discusión de la autorización para que en casos estrictamente necesario las autoridades entren a los predios universitarios cuando haya la percepción que desde allí se ataca a la ciudadana y se preparan ataques con artefactos explosivos contra las autoridades y el otro tema es prohibir la presencia de encapuchados en las manifestaciones. Hay que redactar bien las normas para evitar excesos y que sea como la actuación del Esmad en extrema necesidad, para proteger a la ciudadanía y que no sea con armas letales.
Necesitamos mejor actuación de la Policía y la Fiscalía general para que los jueces puedan actuar y judicializar a los vándalos, sin menoscabo del derecho a la protesta.
Bogotá, D. C 14 de febrero de 2020
Por Gabriel Ortiz*.- Tremendos trompos los que le cayeron en la uña al nuevo ministro del Trabajo. Debe afrontar nada más, ni nada menos, que las reformas laboral y pensional. Son las mismas que negó en todos los tonos, como candidato y como presidente, el actual mandatario.
Duque en todos los foros, en todos los debates, en todas las reuniones a las que asistió como candidato, negó que fueran puntos de vista durante su mandato. Cuando los colombianos convocaron la marcha del N21, fue enfático en reiterar que ese tema, no estaba entre los lineamientos de su mandato. La ministra Arango, ahora flamante titular del interior, negó esa posibilidad y atribuyó a una especie de ¨mala leche¨ lo que manifestaron los convocantes a la Marcha N21.
Como suele suceder en estos casos, Duque y sus colaboradores comieron buñuelos y natilla, escucharon las doce campanadas que abrieron el 2020, y salieron sin sonrojo a anunciar las dos reformas.
Como si fuera un caso de poca monta, la aún titular del trabajo, pregonó que el gobierno creará el trabajo por horas para los colombianos, en los precisos momentos en que el DANE divulgaba un brutal incremento del desempleo. Quiso decirle al país, que si se trabajaba por horas, a cada turno le cabrían ocho de las personas.
Los voraces empresarios se frotaban las manos dividiendo por ocho cada uno de los actuales salarios.
Así las cosas, Colombia lograría pleno empleo, con salarios de miseria. Y la ministra fue más allá al afirmar que esa sería la forma de lograr que los padres de familia pasaran más tiempo con sus hijos.
Esta señora le dejará a Colombia un programa de pleno empleo, con falsa unidad familiar y salarios de hambre. De paso se limitarán las marchas, porque la gente no tendrá zapatos para poder salir a las calles a reclamar sus derechos. La calle no será escuchada, como ya ocurrió el año pasado.
¿Habrá alguna esperanza con la llegada del nuevo titular del Trabajo Angel Custodio Cabrera? Es probable que no venga contaminado con las teorías ¨novedosas¨ de su antecesora, del ultrauribismo y de esos ejércitos de asesores que suelen asechar a los nuevos funcionarios.
Este país requiere normas modernas audaces y eficaces para generar empleo. Una industria que se oriente hacia los mercados externos, con producción eficiente, no subsidiada como la actual y una agricultura que dejen desarrollar los terratenientes, aprovechando la paz que se firmó y que requiere la implementación que Duque le niega.
Solo así escalaremos los peldaños que nos permitan un mejorestar y una equidad para nuestra gente.
Adicionalmente urge una acción gubernamental que nos saque del primer lugar mundial de la corrupción y, una reforma tributaria que elimine la inequidad que se acentuó con las dos de Carrasquilla.
¡Aún hay tiempo señor Presidente Duque!
BLANCO: Legamos a los 50 millones a los que hay que emplear.
NEGRO: Increíble que las ¨bodegas¨ de internet para desacreditar periodistas independientes, las pague el propio gobierno.
Bogotá, D. C, 14 de febrero de 2020
*Exdirector de Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper
Por Alonso Ojeda Awad.- Escribo esta columna con un dolor empozado en mi alma. Los asesinatos sistemáticos de los líderes sociales que ocurren en toda la geografía nacional, me llenan de dolor. No soporto, como mujeres y hombres buenos como el pan, serviciales a sus olvidadas comunidades son todos los días asesinados con sevicia, frente a sus agobiadas e indefensas familias, sin que se escuche una sola voz de protesta desde el alto gobierno. Hasta allá no llegan estas desgarradoras noticias.
Pienso mucho en estos líderes auténticos de la sociedad. Pienso en sus preocupaciones diarias y, sobre todo, pienso en ese temor que les atenaza la garganta cuando cae la noche en sus humildes viviendas, situadas en la soledad terebrante de los campos y zonas suburbanas. Los pienso y los veo tan solos, tan indefensos, olvidados de un Estado cobarde e impotente que poco le importa su suerte.
Esa es parte de nuestra gran tragedia. Esta sociedad tiene catalogados a unos colombianos como de buenas familias a quienes brinda todo su apoyo y protección. Pero, por otro lado, tiene catalogados a otros colombianos como de familias pobres, necesitadas, para quienes no brinda ningún apoyo ni protección. Esto algún día, óigase bien, se tendrá que acabar así tengamos que pagar con ingentes sacrificios. Pero no más colombianos de primera y segunda clase. La Constitución Política es muy clara en este sentido y concede los derechos inalienables de todos y todas las colombianas.
Es realmente pasmosa la indefección en que se encuentran los líderes sociales y de Derechos Humanos, olvidados por el gobierno de Duque que poco interés muestra por sus dificultades y amenazas. Hasta la Solidaridad Internacional, tan efectiva y preocupada por su suerte y sus investigaciones, en otros tiempos, ya parece cansada y doblegada por la arremetida brutal y sanguinaria de los asesinos contra los líderes sociales.
Ahora pienso en la estructura mental de los asesinos. En los intereses patológicos que los asisten y guían. Es la ausencia profunda de los valores éticos que dependen de las condiciones específicas de la persona y del ambiente en que vive y se desenvuelve. El ambiente donde se desarrollan los asesinos de líderes está marcado por el abuso en sus primeros años, seguido de una autoridad perversa, marcada por castigos corporales exagerados y terribles, sin ninguna educación en la niñez y con una vida familiar disfuncional que impide el desarrollo de habilidades para socializar, tomar decisiones y enfrentar dificultades.
Este es nuestro drama como una sociedad que está enferma. Que crea y recicla constantemente a sus propios asesinos que han aprendido el camino del crimen y la violencia. ¿Dónde están las estructuras médicas y pedagógicas para tratar este cáncer social que nos consume a diario?
Solo los gobiernos que entiendan la debacle social que vivimos podrán orientar sus mejores esfuerzos y presupuestos para corregir, desde la cuna, el vacío ético y moral que presentamos como sociedad.
Ese día sobrarán las cárceles y No tendrán que seguir muriendo injustamente nuestros líderes sociales, que tanto necesitamos como sociedad, al decir del sacerdote jesuita Francisco de Roux.
Bogotá, D. C, 13 de febrero de 2020
*Doctor en Medicina y Cirugía. Ex embajador de Colombia en Hungría y Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los DD.HH.
Por Clara López Obregón*.- En las discusiones de la Comisión codificadora de la constituyente a la que asistía como delegada de Jaime Castro, surgió una polémica sobre la utilización del término habeas data para consagrar el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre las personas en bancos de datos y archivos públicos y privados. El exmagistrado Ciro Angarita, llamado a resolver las dudas, desde esa época explicaba que las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones exponían al ciudadano como a “un pez en un acuario,” para subrayar la urgencia de consagrar este derecho fundamental.
De ese tiempo para acá han transcurrido casi treinta años y el habeas data se ha quedado corto frente a la manipulación a que están siendo sometidas las personas con las tecnologías invasivas de la privacidad que la profesora emérita de la escuela de negocios de Harvard, Shoshana Zuboff, ha denominado “Capitalismo de vigilancia.” La experiencia viva de las personas se recoge, acumula y empaqueta en productos predictivos del comportamiento humano que son utilizados en actividades comerciales y políticas sin su consentimiento y conocimiento informado.
La materia prima de los productos predictivos consiste en la infinidad de datos sobre los gustos, compras, lecturas, visitas, llamadas, salud, educación y demás preferencias y actividades que se registran en redes sociales, cámaras de vigilancia y celulares con los que se arman dosiers individuales que permiten convertir a cada persona en blanco de manipulación. La experiencia digitalizada del diario vivir se acumula y procesa con algoritmos que perfilan a cada consumidor, votante o blanco de cualquier finalidad ajena a su conocimiento o deseo, al extremo de llegar a predecir e incluso dirigir su conducta para aumentar ventas, votos o el control social.
Para dar una idea de lo invasivo del acuario en que se está convirtiendo la sociedad, analicemos los alcances de la vigilancia a la que nos sometemos con el omnipresente celular. Cada uno de esos aparatos tiene tres dispositivos de ubicación, más cámaras y micrófono. No basta con desconectar el GPS. Los otros dos dispositivos permiten ubicar al portador a centímetros de distancia de cada locación, durante cada segundo de cada hora del día. También recoge el número de pasos, el ritmo cardiaco, las emociones, la huella digital, entre tantos datos que alimentan los apps que nos hacen cómoda la vida.
Un estudio del Massachussetts Institute of Technology (MIT) comprobó que tres meses de información sobre la ubicación de una persona a través de su celular son suficientes para que los algoritmos puedan predecir su accionar diario con un alto grado de confiabilidad. El Gran Hermano contemporáneo de las plataformas digitales de Facebook, Amazon, Microsoft y Google (Alphabet), lo ve, lo oye y lo acumula todo para venderlo procesado al mejor postor.
Las implicaciones para la libertad individual y la democracia son realmente escalofriantes. Quienes manejan la información han descubierto el poder de manipular y modificar el comportamiento humano para garantizar resultados. Se trata de un poder susceptible de abuso que cambia los supuestos mismos de la economía y de la política, al transformar la conexión digital de un medio de liberación, conocimiento y expresión, en un fin de control por parte de terceros cuyas motivaciones, objetivos y métodos nos son ajenos.
La instrumentación económica convierte la información, que desapercibidamente soltamos, en productos predictivos que después nos condicionan a consumir determinados bienes y servicios. La instrumentación política puede condicionar al ciudadano a votar de acuerdo con la voluntad de quien pague por el acceso y procesamiento del big data. Ya sucedió con la empresa Cambridge Analitica contratada para influenciar las elecciones en favor de Trump y del brexit con base en pilotos experimentales realizados previamente en Bogotá con Enrique Peñalosa y en Filipinas con Duharte. Así lo divulgó el documental Nada es privado dirigido por Karim Amer y Jehane Noujaim y difundido en Netflix.
La legislación mundial está en pañales ante tan grave amenaza. Debemos abandonar el espacio de confort, cuidarnos de divulgar nuestros datos y exigir regulaciones adecuadas que nos protejan de esta megamanipulación que atenta contra nuestra autonomía y la democracia. Para mañana es tarde.
Hecatombe humanitaria. Con la muerte de Fernando Quintero Mena el 26 de enero, en Convención, Norte de Santander, van 25 líderes sociales y 6 excombatientes asesinados en 2020. Hace una semana (18 de enero) iban 23 líderes sociales y 3 excombatientes. Sigue el exterminio. Uno es demasiado. (Fuente Indepaz y SEMANA).
Bogotá, D. C, 13 de febrero de 2020
*Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.
Por José G. Hernández*. - Muy importante el fallo de la Corte Constitucional mediante el cual se definió con carácter de cosa juzgada constitucional que las infracciones de tránsito no las debe asumir el propietario del vehículo porque sí o por dificultad probatoria, sino el conductor, es decir -como es natural- quien iba conduciendo el vehículo en el momento de la infracción, esto es, el infractor.
La decisión de la Corte es acertada. Es lo que resulta del principio de legalidad y del debido proceso. Porque imponer la sanción al propietario, sin que se tenga certeza sobre si él cometió o no la infracción -porque no se tiene una prueba- es algo sencillamente injusto. Es presumir su culpabilidad, contrariando el postulado fundamental de presunción de inocencia que señala el artículo 29 de la Constitución, e ignorar el principio básico sentado por el artículo 6 de la Carta Política, a cuyo tenor “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”, no porque otro las haya infringido, o porque el Estado no tiene una prueba acerca de quién las infringió.
Es como si -valga la comparación- se condenara penalmente, sin oírlo, al propietario de un inmueble desde el cual alguien -no se sabe quién, porque no se tiene su fotografía- disparó un arma de fuego e hirió o mató a una persona. “Como no sabemos quién lo hizo, y alguien tiene que responder, sancionemos a quien figure como propietario”. Un argumento que no resiste el más leve estudio jurídico.
Bien dijo el magistrado Alejandro Linares que "el sistema de fotomulta debe identificar quién comete la infracción. Es muy importante identificar, a través de la tecnología, quién comete la infracción. No se puede imponer responsabilidad sancionatoria sobre la persona que no ha cometido la falta". Agregamos: o que pudo haberla cometido (porque el propietario puede ir conduciendo), pero no se tiene prueba alguna en su contra.
Mediante comunicado, el Ministerio del Transporte sostuvo que respeta el fallo de la Corte Constitucional. Pero agregó a renglón seguido: "Sin perjuicio de la inexequibilidad del artículo en mención, la Corte Constitucional refiere que el sistema de fotomultas de que trata la Ley se mantiene vigente, pero exhortó al Congreso a legislar frente a los aspectos declarados inexequibles".
De acuerdo, pero, por cuanto las razones de la inexequibilidad de la norma que consagraba el esperpento fueron de fondo y no de forma, lo que no podrá hacer el Congreso será reproducir la disposición inconstitucional, según lo establecido por el artículo 243 de la Carta, que dice: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
Ahora bien, reiteramos lo que hemos expresado en otras ocasiones: que la Corte debe divulgar pronto el fallo firmado por los magistrados y los salvamentos y aclaraciones de voto. El comunicado no es sentencia, ni tiene efecto jurídico alguno. Solamente sirve para informar.
Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G Ricardo*. - En Colombia están sucediendo hechos que muestran que como decía Carlos Lleras Restrepo ‘el país está descuadernado’ y si no se toman correctivos con prontitud, fácilmente llegaremos a una anarquía de la cual no será fácil salir.
Para nadie es desconocida la inseguridad que se vive tanto en las ciudades como en el campo. Ahora incluso muchas veces no se habla de atracos o robos a una persona, sino que si la víctima se defiende puede poner en riesgo su vida. Si nos vamos a ver lo que está pasando con algunos líderes sociales y defensores de derechos humanos, encontramos cifras espeluznantes de todos los que han sido asesinados. Lo mismo encontramos en quienes eran guerrilleros de la Farc y se acogieron al acuerdo de paz, quienes también han caído bajo las balas de asesinos. Comentábamos en un artículo hace pocos días que en los primeros veinte días de este año en Colombia se habían robado 70.000 celulares, es decir 3.500 diarios, sin contar muchos que también se han robado pero sus dueños no han presentado la respectiva denuncia.
En materia de corrupción no hemos logrado medidas severas que acaben con esta delincuencial acción y, aún peor, tampoco hemos logrado que la justicia muestre resultados eficientes y contundentes ante tantos casos con los que todos los días nos encontramos. ¿Qué paso con “todos” los responsables de los actos de corrupción de Odebrecht, Reficar, estupefacientes, el carrusel de los contratos, el cartel de la Toga, etc?
Y mientras esto sucede, la gente decente, los amenazados y aquellas que son objetivo o blanco de grupos alzados en armas, desprotegidos de la seguridad del Estado, tampoco pueden lograr obtener sus salvoconductos para el porte de armas para su defensa personal porque la institución encargada de hacerlos simplemente los somete a procedimientos interminables o por sus periodos de vacaciones, como si los delincuentes o asesinos estuvieran también de vacaciones o esperaran que los organismos del Estada den los permisos o salvoconductos requeridos.
Y así también pasa con quienes por obligación deben desplazarse en carros blindados. Después de haber pedido toda clase de conceptos sobre su buen comportamiento de vida, sus amenazas, y antecedentes se analizan sus situaciones de manera individual y es la entidad especializada, de acuerdo con la Ley, la que aprueba la utilización del vehículo blindado. Pero resulta que un funcionario de nivel municipal, como es el caso del Secretario de Movilidad de Bogotá, resuelve restringir el tránsito de estos vehículos a su antojo e incluso ponerles un impuesto especial y hasta obligar a sus dueños a hacer un trabajo social que, por supuesto nos es indigno, pero que va en contravía de su propia seguridad. Es decir, se atribuye funciones que la Ley determina a la Superintendencia de Vigilancia y atropella las normas sin que las entidades de fiscalizadoras lo castiguen o lo obliguen a cumplir las normas que establece un Estado de Derecho
O el gobierno toma acciones correctivas o serán muchos los colombianos que les tocará acudir a los organismos internacionales para pedir medidas especiales o simplemente abandonar el país.
Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2020
*Ex Comisionado de Paz
