Juan Camilo Restrepo*.- A medida que pasa el tiempo de la pandemia se va viendo una dosis alta de entusiasmo gubernamental acompañado de una protuberante oscuridad en la presentación de las cifras.
Todos los días se anuncian ayudas para tal o cual sector, pero nadie está consolidándolas. Hay como una especie de frenesí informativo, pero no existe una presentación global de dichas ayudas. El programa presidencial de las 6 de la tarde es especialmente rico en anuncios de ayudas sectoriales pero pobre en información consolidada.
Esto explica que empiecen a salir cifras discordantes: por ejemplo, mientras el presidente Duque insiste en que está invirtiendo 11% del PIB en los apoyos a las empresas o a las personas naturales que han resultado afectadas por el coronavirus, entidades como la Cepal informan que uno de los países de la región que menos está invirtiendo en esta emergencia es Colombia, que apenas está destinando a este propósito 2,5% del PIB. Últimamente el ministro de hacienda dijo en entrevista al Tiempo que eran 3,5%. No son diferencias menores.
Una primera recomendación al Gobierno sería entonces que organizara cuanto antes una página web como tienen en Nueva Zelandia para que, en tiempo real, y con acceso de todo el mundo, se pudiera constatar exactamente cuánto se está invirtiendo realmente en el programa contra cíclico del gasto público.
Las contradicciones gubernamentales, por la carencia de esta información agregada y consolidada, abundan. Por ejemplo: el Presidente Duque informó en su discurso ante las cámaras del veinte de julio sobre un programa que denominó “los cuatro compromisos por la recuperación económica” sobre un programa a dos años cuyo costo ascendería a 100 billones de pesos. Pocos días después el viceministro de Hacienda Zarate le informó a la revista Dinero que el costo del mismo programa no sería de $ 100 billones sino de $170 billones. ¿Qué tal la discrepancia, 70%?
Una segunda recomendación sería: la próxima reforma tributaria que ya se ha anunciado pero que no se sabe cuánndo se presentará, forzosamente tendrá que ocuparse de cómo podar el frondoso árbol de las exenciones, gabelas, minoraciones y regímenes de privilegio tributario. Más aún: este será probablemente el objeto central del que tendrá que ocuparse dicha reforma. El costo de los privilegios tributarios asciende en la fecha a $ 92, 4 billones, de los cuales la rama más frondosa es la del IVA cuyas gabelas montan a la pasmosa cifra anual de $74, 9 billones. Así las cosas, el gobierno ha convocado una misión de expertos internacionales cuyas recomendaciones se espera estén listas en el primer semestre del año entrante. No se necesita ser un zahorí para anticipar que buena parte de las recomendaciones de esta misión versará sobre la urgencia imperiosa de podar la frondosa rama de las gabelas del IVA. Si esto es así, ¿cómo se explica que todos los días sigan saliendo anuncios que reducen o eliminan el IVA para nuevos sectores? Esto no va a hacer nada fácil la implementación de las recomendaciones de los expertos extranjeros convocados y, por el contrario, va a crear más hechos cumplidos en el campo ya minado y costoso en que se ha convertido el IVA.
Tercera recomendación: que el Gobierno diga con claridad cuando presentará las reformas estructurales que tanto necesita el país: tributaria, pensional, laboral, justicia, etc. Hasta el momento solo se han tomado medidas de “primeros auxilios” pero las reformas de fondo se han postergado. Y como van las cosas, se van a quedar para el próximo gobierno. En menos de un año estaremos en plena campaña electoral. Y prácticamente ninguna de estas reformas estructurales se ha comenzado a estudiar. No hay tampoco el menor asomo de que se esté trabajando en un gran acuerdo político como el que requerirían tan delicadas reformas.
A veces da la impresión de que el gobierno Duque se ha conformado con ser el diligente enfermero de los primeros auxilios, pero que la delicada cirugía de las reformas estructurales se la quiere dejar a los médicos del próximo gobierno.
Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2020
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
