Indudablemente los que llevan la peor parte con la reforma del régimen de regalías son los departamentos y municipios productores y portuarios, que antes recibían en promedio el 80% de las regalías que se generaban por la explotación de los recursos naturales no renovables como regalías directas y ahora se tendrán que conformar con sólo el 9.79%, esta vez como participación directa.
Ello lo dejó muy en claro el Ministro de Minas y Energía Mauricio Cárdenas: “antes el 80% de los recursos iban para los departamentos y municipios productores y ahora el 80% va para el resto del país y el 20% (del remanente) para los productores”. Claro que para amortiguarles el golpe que se les está asestando se previó una gradualidad, de tal suerte que durante un período de transición que va del 2012 al 2014 recibirán entre el 50% y el 25%, pero del remanente después de proveer de recursos los multifondos creados, estos es 22.2%, 15.5% y 11.1%, respectivamente, del total de los recursos del SGR.
Cuando el Ministro de Hacienda afirma que de los $9.1 billones del presupuesto del SGR para este año le corresponderán a las entidades territoriales productoras y portuarias como “regalías directas” la suma de $3 billones (33%) está sumando peras con manzanas.
De acuerdo con el Acto legislativo, una cosa es la participación directa y otra son las asignaciones en los multifondos de los cuales participan también dichas entidades; mientras aquella la pueden apropiar en sus presupuestos, estas últimas son sólo unas subcuentas en los distintos fondos. Esta es la diferencia entre asignación y apropiación, que es más que semántica; no confundamos entonces la gimnasia con la magnesia.
Para los departamentos y municipios productores y portuarios esta reforma va a causar una crisis sin precedentes, que los puede abocar a una inviabilidad fiscal, toda vez que ninguno de ellos cuenta con otra fuente de recursos propios con los cuales puedan suplir los que le están quitando. Y, lo que es peor, se quedarán ellos con el 100 % del impacto ambiental, económico y social que conlleva la explotación de los recursos del subsuelo que, aunque este sea ajeno, están en su territorio, amén del desplazamiento de la actividad agrícola por la minería y la explotación de hidrocarburos.
Como una forma de presión al Congreso para destrabar la aprobación del texto de la conciliación el Ministro Echeverri le increpó al Congreso de la República la responsabilidad de que se prolongara por más tiempo el congelamiento de los recursos del SGR, a la espera de la expedición de la Ley reglamentaria, no obstante que esta reglamentación ya había sido expedida en diciembre pasado por el Gobierno.
Por su parte el Director del DNP Mauricio Santamaría manifestó que se encontraban “listos” 200 proyectos para ser financiados con los recursos de los fondos del SGR.
Lo que él no aclaró fue cuántos de esos proyectos estában debidamente estructurados, como para que el DNP les de la viabilidad requerida en el kafkiano esquema que se montó a través de esta misma reglamentación, de la que tanto se han quejado la Federación de Departamentos y la Federación de Municipios.
El galimatías del farragoso y abstruso texto reglamentario y la complejidad de la tramitología para obtener dicha viabilidad para los proyectos y asíacceder a los recursos del SGR no es menor con la metodología “simplificada” craneada por el DNP.
No es cierto, entonces, que sólo faltara la aprobación de la conciliación por parte del Congreso de la República para que los recursos empezaran a fluir; sin la viabilidad de Planeación Nacional los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) no podrán aprobar los proyectos presentados y sin su aprobación estos no podrán acceder a los recursos. Por lo demás, como quedó claramente establecido en la Ley de plan de Desarrollo Prosperidad para todos, no se pueden licitar y mucho menos adjudicar proyectos que no estén en fase tres, esto es que cuenten con estudios y diseños, listos para ejecutarse. Por lo tanto, es de preveer que a este paso los recursos del SGR tendrán una muy baja ejecución, por lo menos este año. Y ello no le cae mal al Ministro Echeverry que vive obsesionado con ahorrar en un país que lo que necesita es más y más inversión para dar el salto a la modernidad, sobre todo en materia de infraestructura para la competitividad, para hacer el tránsito del siglo XIX, en el que está estancado, al siglo XXI.
Para salirle al paso a las criticas por el hecho de que han pasado ya cuatro meses y no se ha desembolsado un solo peso de los recursos del SGR, el Director de Planeación Nacional dijo que, “en términos de regalías directas ya tenemos más de medio billón de pesos, es decir, más de 500 mil millones de pesos que están en las regiones”.
Nada más alejado de la realidad, la verdad sea dicha, estos recursos a los cuales alude el Ministro Santamaría no corresponden al nuevo SGR, se trata de recursos causados y encausados por el sistema anterior que estuvo vigente hasta diciembre 31 del año anterior. Lo que pasa es que su liquidación y giro se da con un rezago de tres meses y son esos los recursos que ahora “están en las regiones”, además de aquellos que corresponden a regalías que estaban congeladas por orden del DNP como medida cautelar y ahora se está autorizando girarlas a las entidades receptoras de las mismas.
Adicionalmente, se están girando también los recursos correspondientes a las entidades territoriales titulares de las regalías directas hasta el año pasado del controvertido “márgen de comercialización”, que por ministerio de esta Ley se los redujeron a sólo el 35% de los mismos cuando en derecho y en justicia les corresponde el 100% de los mismos, dado que un principio general del derecho reza que ninguna Ley puede tener alcance retroactivo y este es el caso.
Queda claro como el agua, entonces, que las apariencias engañan pero no convencen, aunque muchas veces cuando no se puede convencer se intenta confundir embaucando a la gente.
Miami, mayo 19 de 2012
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