Imagínese usted un campeonato de futbol en el cual los 4 o 5 grandes equipos del torneo son los encargados de escoger los árbitros. ¿Cree usted que los resultados de la competencia son creíbles para los futbolistas, los equipos o los aficionados?
¿Qué garantía tienen los equipos chicos de que no van a pitar contra ellos? ¿Y en los enfrentamientos directos quien puede dirimir las disputas entre los dueños de los árbitros? Sin duda que un sistema así no puede funcionar, pero así es exactamente como funciona la autoridad electoral en Colombia.
Los árbitros del proceso electoral son las nueve personas que componen el Consejo Nacional Electoral, y aunque no imparten justicia tienen el nombre de magistrados. A diferencia de los verdaderos magistrados, los consejeros electorales no actúan en defensa de la Constitución o las leyes, sino en defensa de los partidos que los colocan allí.
Esta semana el Congreso de la República ha convocado la elección de estos magistrados sin que haya mediado ningún mecanismo de transparencia o información sobre quiénes serán los postulados para ocupar dichos cargos pese a que la Constitución establece en su artículo 126 que todo proceso de “…elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”.
Los miembros de los partidos, aducen que eso no es con ellos, porque otro artículo de la Constitución, en este caso el 264 señala que los nueve miembros del CNE serán “…elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro años, mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos”.
Según los voceros de los partidos, cuando la postulación proviene de ellos la norma constitucional que establece un proceso meritocrático no se aplica. Esta interpretación no solo es contraria al ordenamiento jurídico, sino que desafía de manera directa el sentimiento de hastío ciudadano expresado en la consulta anticorrupción del pasado domingo. El hecho de que las postulaciones provengan de los partidos no conlleva eludir el proceso meritocrático. Al contrario, si las organizaciones políticas quieren ganar de nuevo el respeto se requiere que entiendan el momento político.
¿Acaso no es función de los partidos ayudar a seleccionar a los mejores miembros de la sociedad y presentárselos como candidatos a los votantes? ¿No es posible que las organizaciones políticas puedan mostrar que son capaces de reclutar personas idóneas y cualificadas para las más altas responsabilidades del Estado?
Esta no es una votación rutinaria. La democracia colombiana ha venido siendo atacada sutilmente por distintos actores políticos que no están dispuestos a aceptar que las urnas les lleven la contraria. Esta semana hemos visto, por ejemplo, cómo algunos sectores del Centro Democrático han demeritado los resultados de la consulta popular aludiendo un inaudito fraude pues sería el primer fraude de la historia que se hace para perder. Y vale la pena recordar que en la primera vuelta el candidato Gustavo Petro llenó las redes sociales con acusaciones infundadas de fraude electoral ante el temor de no pasar a segunda vuelta.
Hasta ahora hemos tenido la fortuna que los resultados electorales han sido holgados y no han dado lugar a disputas, pero nada garantiza que esto se mantenga así en el futuro cercano. ¿Puede proclamarse presidente alguien con una diferencia menor al 0,5 por ciento como la que tuvimos en el Plebiscito por la paz? ¿Si se requiere un reconteo el nuevo Consejo Electoral dará las garantías de credibilidad necesarias a quien vaya perdiendo?
No deberíamos perder de vista que muchas crisis democráticas en la región han tenido como ingrediente la incapacidad de ofrecer garantías a la oposición para que puedan participar en los procesos electorales. No podemos poner en riesgo los avances democráticos conseguidos con el burdo intento de los partidos de nombrar en el Consejo Electoral a unos árbitros que ni siquiera saben pitar.
Bogotá, D. C, 29 de agosto de 2018
*Exministro del Interior
