Bogotá. - Las elecciones de primera y de segunda vueltas en las que los colombianos eligieron presidente de la República, le han servido a la organización electoral para ufanarse de haber entregado en tiempo récord, los resultados de estos dos eventos.
A no dudarlo, fueron oportunos y con muy pocas e intrascendentes denuncias de fraude en las mismas, lo que le otorga al elegido, doctor Juan Manuel Santos, una legitimidad incuestionable. No sucedió lo mismo con los resultados de las elecciones para escoger el Senado y la Cámara para el período que se inicia el próximo 20 de julio.
No obstante haberse realizado las elecciones parlamentarias hace algo más de tres meses, los colombianos no conocemos aún los nombres de los senadores elegidos y en algunos departamentos tampoco se conocen los nombres de sus representantes a la Cámara. Mala cosa. Las elecciones parlamentarias presentaron infinidad de anomalías, algunas imputables a la organización electoral y otras a las autoridades administrativas. La compra de votos, el constreñimiento al elector por algunos gobernantes, programas gubernamentales al servicio de candidatos, son algunas irregularidades que merecen una autocrítica de las ramas Ejecutiva y Judicial. Pero, por el contrario, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene que responder por otro cúmulo de irregularidades que se vivieron durante ese proceso electoral: jurados impreparados, formularios adulterados, personas que al momento de votar encontraron que ya lo habían hecho por ellos, registradores parcializados, tarjetones marcados luego de los escrutinios, transmisión de datos retardada, supuestos ofrecimientos para elegir a quienes no obtuvieron los votos necesarios, en fin, toda una gama de hechos todos ellos bordeando el Código Penal en varios tipos. Estas irregularidades no las puede tapar la Registraduría con el éxito de las elecciones presidenciales, más fáciles de contabilizar y donde el ganador obtuvo un contundente triunfo. Seguramente si el resultado hubiere sido más reñido hoy estaríamos en las mismas de las elecciones parlamentarias, porque las debilidades se hacen visibles cuando las contiendas son reñidas.
Al Consejo Nacional Electoral le ha tocado asumir el conocimiento de las fallas de la Registraduría y estrenar unas funciones que le entregó, aparentemente en buena hora, el constituyente y digo aparentemente porque ya se escuchan comentarios y críticas, algunas muy escabrosas, sobre lo que en el seno del Consejo viene sucediendo con los escrutinios electorales. El Consejo Electoral se juega su futuro y la seriedad del sistema electoral colombiano, no puede ser inferior a esas responsabilidades y todos esperamos que la lista de senadores y representantes a la Cámara obedezca realmente a la voluntad popular.
Después de cada elección, especialmente de cuerpos colegiados, gobernadores y alcaldes hay escándalos al por mayor. Todos nos rasgamos las vestiduras, la prensa se ocupa de denunciar los actos de corrupción y luego todo entra en silencio, hasta que lleguen los nuevos comicios. En las elecciones del año 2007 se presentaron en Colombia asonadas o protestas por los resultados electorales en cerca de 40 municipios. Las hubo violentas como en Ciénaga de Oro, Becerril, Coveñas, Ovejas, Altos del Rosario, Tolú Viejo; pero también se dieron protestas pacíficas: San Cayetano, Cimitarra, Barbosa (Santander), San Carlos de Guaroa, Orocué, Malambo, Puerto Colombia y una treintena de municipios más. En muchos casos se señalaron gravísimas irregularidades de funcionarios y que sepamos no hay ninguno ni fuera de la organización electoral, ni en la cárcel. Es pues un fenómeno cíclico al que ni los legisladores, ni las autoridades electorales, ni el Gobierno parecieran ponerle atención, como si fueran usufructuarios de las irregularidades.
En Colombia se hace imprescindible el voto electrónico. En Brasil, en las primeras elecciones que pusieron en vigencia el sistema, no se presentó un solo reclamo electoral. Antes de eso, allá pasaba lo mismo que acá.
