Por Antonio Guerra de La Espriella.- Hay un adagio popular que dice: "En boca cerrada no entran moscas". Lo cito a propósito de la decisión que tomó el Congreso de la República al aprobar el proyecto de ley que dio vida a una reforma al estatuto tributario colombiano el año inmediatamente anterior, en el cual se incluyó expresamente la obligación por parte del Gobierno nacional de integrar una comisión de expertos en esa materia, con el fin de presentarle al país y al Gobierno central una propuesta de reforma tributaria estructural pedida desde años atrás por distintos sectores de la vida nacional.
Recientemente el Gobierno integró la mencionada comisión con nueve muy respetables y conocedoras personas de la materia, quienes al día de hoy seguramente ya han empezado colegiadamente a adelantar la nada fácil tarea encomendada a ellos. La respuesta que al final del tiempo del trabajo de la susodicha comisión se constituye apenas en una propuesta al Gobierno y de contera, si así lo considera el presidente de la República y su ministro de Hacienda, al Congreso de la República como proyecto de ley, institución que al final del día tendrá la última palabra.
Más allá de las calidades profesionales de los integrantes de la comisión, nos ha sorprendido, en mi caso de manera negativa, el afán mostrado por algunos de los integrantes de dar declaraciones públicas sobre lo que se debe hacer o no en ciertas materias del estatuto tributario que hoy rige en el país. Con seguridad, son apreciaciones de corte personal que no comprometen ni el pensamiento de los otros miembros ni mucho menos el consenso aún prematuro al que pudieran llegar todos al interior de la comisión.
Por supuesto que cualquier individuo está en su derecho de expresarse sobre el estatuto tributario de manera pública, pero a estas alturas considero que quienes tienen la responsabilidad de actuar colegiadamente como miembros de la comisión de expertos integrada por el gobierno deben, por respeto a sus pares y al trabajo a desplegar, guardar la reserva y confidencialidad de lo que allí se trate y expresar a partir del momento en que fueron comisionados sus opiniones al interior de la comisión y no a través de los medios de comunicación.
Esto debe entenderse a la luz de que en tratándose de un tema tan delicado y complejo, que toca a todos y repito a todos los colombianos, de manera directa e indirecta, ninguno de ellos debería plantear un debate público sin pasarlo por la comisión, como es su deber. Solo el vocero que ellos mismos designen debería dar a conocer los puntos de vista y adelantos que se sucedan en la comisión, producto de las discusiones y análisis temático. Cuando terminen su labor, ahí sí hablen todo lo que quieran, pero en el entretanto, prudencia y confidencialidad señores. Así su trabajo estará blindado frente a cabildeadores y opiniones de diversos orígenes que le agregarán total credibilidad a la respuesta final, así no se esté en total acuerdo.
Para mencionar un solo caso. Una de las integrantes de esa comisión públicamente ya ha sugerido la necesidad de incrementar el IVA, con sus argumentos, hecho que debió reservarlo para plantearlo al interior de la comisión.
Por lo pronto, ya tiene su primer contrario público a esa propuesta en cabeza de quién esto escribe, miembro de la Comisión Económica del Senado, por donde ha de pasar la propuesta dentro de un proyecto de ley, si el Gobierno toma la decisión de incluir el punto a la hora de radicar la iniciativa.
La idea de empezar la discusión pública es cuando se conozca la propuesta definitiva, pero parece que el interés de algunos de los comisionados es que se anticipe, gracias a sus declaraciones inconvenientes. En cualquiera de los dos eventos estamos listos.
