Por Diego González.- Las calles de Bogotá se han convertido para sus transeúntes en una película de terror al mejor estilo de los muertos vivientes, en donde los ciudadanos a diario observan despavoridos una horda de adictos ansiosos deambulando descoordinados, con la mirada perdida, con apariencia de zombies , expectantes y al acecho de cualquier desprevenido que pueda convertirse en su potencial víctima.  

Este fenómeno se agudizo con la intervención realizada en el barrio conocido como el Bronx, antes denominado el cartucho, en donde operativos de la Policía Nacional desmantelaron las principales “Ollas” del narcotráfico, dando como resultado el desplazamiento de todos los habitantes de la calle y su posterior arribo masivo a distintas zonas de la ciudad, alterando la seguridad, la salubridad pública y la tranquilidad de los habitantes de estos sectores.

Ellos son los “Zombies” del Bronx, un grupo de mujeres y hombres enfermos, que tristemente han sido abandonados por sus propias familias cansadas de luchar infructuosamente contra su insuperable adicción a las drogas, son instrumentalizados por grandes mafias del narcotráfico y tanto el Estado Colombiano como la administración distrital, no ha podido darles una atención integral.

Resulta pertinente aclarar que la intervención al Bronx fue un hecho sin precedentes que se constituye en motivo de orgullo y regocijo para todos los bogotanos, teniendo en cuenta que el principal móvil de este operativo fue la protección de la niñez y la adolescencia que había sido arrebatada de su ambiente natural y estaba siendo sometida al yugo de la prostitución y las drogas.

Sin embargo, esta situación dejo al descubierto que la administración distrital no dimensionó el impacto de este desplazamiento masivo en los lugares aledaños, porque aunque ilegal, este era el lugar en donde se concentraba una gran cantidad de habitantes de la calle y peor aún, tampoco calculó que detrás de la salida de todos ellos se trasladarían los denominados “ganchos”, nombre con el que se conoce a los grandes expendedores de drogas.

Con el pasar de los días se evidencia más la crisis y se hacen reiterados los episodios de hurto, venta de drogas y alteración del orden público, frente a esto, la administración distrital justifica su incapacidad para actuar en una Sentencia de la Corte Constitucional, que señala que “el estado no puede actuar por la fuerza para obligar al indigente a recibir su ayuda” ya que se  invadiría la esfera de otros derechos como el del libre desarrollo de la personalidad.

Paradójicamente, para la Corte Constitucional, la esencia del libre desarrollo de la personalidad, como derecho, es el reconocimiento que el estado hace de la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, “acorde con su plan de vida, sin afectar los derechos de los demás” y precisamente es ahí en donde se está presentando el corto circuito, pues las conductas delictivas de los habitantes de la calle, se traducen en la afectación de los derechos de la niñez, la juventud y la ciudadanía en general.  

Es precisamente aquí en donde la administración distrital debe apelar a las diferentes alternativas, como el método de la Ponderación de derechos, en virtud del cual cuando existe un conflicto entre dos derechos fundamentales, se decide valorando cual es el derecho de mayor peso para la sociedad, por ejemplo el derecho a la vida de los habitantes de la calle versus el libre desarrollo de la personalidad.

Finalmente se evidencia que la administración está en mora de adelantar un Censo que le permita determinar cuántos de estos habitantes de la calle están en pleno uso de sus facultades mentales y cuantos por el abuso de sustancias psicotrópicas y alcohol han perdido la razón, no pueden valerse por sí mismos y se constituyen en un peligro para la sociedad, la declaratoria de interdicción por parte de los jueces, otorgaría las herramientas necesaria para que en esos casos, estas personas puedan ser internadas contra su voluntad en Centros donde se les preste la atención psiquiátrica correspondiente evitando incidentes desafortunados por su presencia en las calles.      

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