Por Iván Duque Márquez.-En días pasados, los ministros de Hacienda, Minas y el presidente de Ecopetrol dieron una rueda de prensa para referirse a los sobrecostos de la Refinería de Cartagena, mejor conocida como Reficar.

Frente al debate que abrió la Contraloría, los altos funcionarios dieron a entender que el incendio había sido iniciado por el gobierno Uribe, y que en la administración Santos su papel ha sido el de bomberos para apagar las llamas activadas por los “pirómanos uribistas”.

Detrás del enfoque planteado puede haber muchas motivaciones. Podría tratarse de una cortina de humo para desviar la atención sobre la aterradora realidad de Ecopetrol o para desacreditar opositores. Lo triste de esta actitud es que CB&I, mayor contratista de Reficar y responsable de los costos de la Refinería, debe estar disfrutando el baño de acusaciones entre funcionarios públicos ante cualquier reclamación que en su contra adelante Ecopetrol por las diferencias entre el costo final de la obra y la valoración original que ellos presentaron.

Quien debe responder por lo que ha ocurrido con Reficar, principalmente, es CB&I, y deberíamos estar unidos los colombianos en que ellos expongan si esta empresa recomendó e indujo la formulación y suscripción de un contrato de costos reembolsables, exigir explicaciones ante el pobre cumplimiento del cronograma de la obra y su presupuesto inicial, así como señalar los errores de CB&I respecto a las relaciones laborales y, por supuesto, las fallas inocultables sobre su capacidad para la supervisión de los contratistas.

La Refinería de Cartagena ha sido una política de Estado y su desarrollo se ha visto accidentado por distintas circunstancias. El incumplimiento de Glencore, complejos avances en ingeniería de detalle, modificaciones contractuales, costosas huelgas laborales, el fenómeno de ‘La Niña’, son algunos de los elementos que encarecieron escandalosamente el proyecto. Preocupa que se hable de desfalcos, robos y acusaciones amarillistas cuando directivos de Ecopetrol y Reficar han sido conscientes de la continua acumulación de evidencia para demandar enérgicamente a CB&I.

También preocupa que la Contraloría deje mantos de duda cuando en sus reportes anuales de auditoría frente a Reficar, indicaban eficiencia en los controles internos y permitieron el trámite de fenecimiento de cuentas. Sería oportuno y necesario que la Refinería sea avaluada por organismos idóneos y comparada con otras refinerías del mundo. No le queda bien al actual gobierno lanzar acusaciones cuando él mismo aprobó todos los controles de cambios que se manifestaron en mayores costos y su propio Ministro de Hacienda lleva ocho años en la junta de Ecopetrol.

¿Dónde están las constancias personales o denuncias de los ministros del actual gobierno que han pertenecido a la junta de Ecopetrol? Si no existen, poca autoridad moral tiene el gobierno para señalar temerariamente a otra administración.

Los colombianos debemos estar unidos ante la política de Estado que permitió la construcción de Reficar, demandar enérgicamente al contratista que incumplió y exigir las explicaciones de todos los funcionarios de Reficar y Ecopetrol que supervisaron la ejecución de CB&I.

Favorecer a CB&I con acusaciones amarillistas entre colombianos, debilitará la posición del país ante una firma que tiene mucho que explicar en un tribunal de arbitramento.

 

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