Por Jaime Enrique Durán Barrera.-Uno de los grandes retos de la Democracia es el desarrollo de una visión responsable de las grandes cuestiones vinculadas al ciudadano como usuario y a las comunidades como conglomerados humanos.
En la mayoría de los países de América Latina, la gestión de los servicios públicos fundamentales, que han pasado de las manos gubernamentales al sector privado y viceversa, en las últimas décadas, muestra causas comunes asociadas a la improvisación y falta de planificación ante la expansión de las necesidades de los diferentes sectores e, indudablemente, la carencia de un modelo de gestión estratégica que involucre la inversión y el manejo del servicio.
Específicamente, el sector eléctrico, aun cuando es un mercado energético que se sigue privatizando, presenta en Colombia una problemática compleja, que se ha hecho patente con el polémico anuncio del incremento de las tarifas de los servicios de energía eléctrica.
Como es costumbre, los problemas de baja inversión, no diversificación y escasa modernización quieren ser resueltos con el alza de las tarifas, cuando se estima que los servicios eléctricos de Colombia "son los sextos más caros de la región en materia industrial y los menos confiables a largo plazo para sectores domésticos y comerciales", según un estudio avalado por el Foro Económico Mundial.
Los fenómenos climáticos de El Niño han develado una crisis profunda del sector energético que pone a prueba el sistema eléctrico nacional. Al no haber generación hidroeléctrica por las escasas lluvias, la energía termoeléctrica tiene que funcionar, cuando este sector presenta desinversión y altos costos de generación, provocados por la crisis energética, los impuestos y la diversificación.
Pero cabe anotar que las térmicas tienen un ingreso muy importante y jugoso que se conoce como "Cargo por Confiabilidad", una especie de seguro que les paga el país para que garanticen la energía en el momento en que llega la sequía, como sucede hoy.
Aspecto éste que ha generado gran controversia y ha requerido por su importancia estratégica una intervención política contundente por parte del Senado de la República, como lo propuse a través de una proposición aprobada por unanimidad en la plenaria, que no sólo se pidió suspender el alza de las tarifas, sino investigar qué ha sucedido en el manejo del Sistema Eléctrico, sus inversiones, costos y perdidas con el fin de manejar la crisis del sector.
La búsqueda de alternativas no es fácil, ni inmediata. Pero es un alerta a futuro. Se requiere una política energética que aborde la sustitución de las energías fósiles, la integración de energías limpias como la eólica y el uso del gas y el desarrollo de políticas de conservación ecológica que favorezca a las hidroeléctricas. Que busque el consumo racional, la planificación del servicio previo a su uso y la inversión progresiva en tecnología.
El reto es manejar efectivamente el factor energético que determina la productividad, pero no a instancias de los consumidores y usuarios finales.
