El presidente de Colombia debe obediencia a la Constitución colombiana, a sus leyes y al mandato soberano de su pueblo. No admite doble comando.
Por: Clara López Obregón*. - En América Latina conocemos demasiado bien la diferencia entre cooperación internacional y subordinación. Una cosa es construir relaciones respetuosas con Estados Unidos, Europa, China o cualquier otro actor global. Otra, muy distinta, es convertir la política exterior, la seguridad nacional y la economía de un país en anexos de una potencia extranjera. Esa diferencia vuelve a estar sobre la mesa en Colombia de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el 21 de junio.
Abelardo de la Espriella ha hecho tres afirmaciones que no pueden tomarse como simples provocaciones de campaña. Ha dicho que quiere un “Plan Colombia 2” y que vuelvan las bases americanas; que votó por Donald Trump y se declara republicano en Estados Unidos; y que lo ideal para la economía colombiana sería dolarizarla. Cada una de esas frases abre una pregunta de fondo. Juntas configuran un cuadro de riesgo para la soberanía nacional.
La Constitución colombiana no prohíbe la cooperación militar ni el tránsito excepcional de tropas extranjeras. Pero sí establece controles democráticos. Corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Y no es lo mismo autorizar un tránsito puntual, sometido a reglas constitucionales, que entregar bases, instalaciones o presencia permanente a una fuerza militar extranjera. Esa diferencia fue central cuando, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se intentó ampliar la presencia de personal militar estadounidense en bases colombianas mediante un acuerdo que no había pasado por el trámite constitucional correspondiente. La Corte Constitucional no aceptó que una decisión de semejante envergadura se tramitara como simple arreglo administrativo. Un acuerdo que compromete defensa, territorio, soberanía y presencia extranjera requiere aprobación conforme a la Constitución.
Por eso resulta tan grave que hoy se hable con ligereza de “volver” a las bases americanas. América Latina sabe lo que significa cuando la seguridad se diseña desde fuera. Lo vivieron Centroamérica, el Caribe, el Cono Sur y también Colombia bajo la doctrina de la seguridad nacional. La lucha contra el narcotráfico, la criminalidad y las economías ilegales es indispensable; pero no puede hacerse a costa de convertir el territorio nacional en plataforma estratégica de otro Estado.
La segunda afirmación es igualmente delicada: dolarizar la economía. Dolarizar no es una medida técnica neutra ni una varita mágica contra la inflación. Es renunciar a la soberanía monetaria. Significa que Colombia dejaría de manejar su propia moneda, su tasa de interés, su política cambiaria y buena parte de su capacidad de respuesta ante crisis internas. En la práctica, sometería decisiones esenciales de la economía colombiana a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyo mandato no es proteger el empleo, la producción ni la estabilidad social de Colombia, sino los intereses de Estados Unidos.
La tercera dimensión es la más sensible: la lealtad política. No se trata de cuestionar la doble nacionalidad como tal. Muchos colombianos viven en el exterior, adquieren otra ciudadanía y siguen amando profundamente a Colombia. El problema surge cuando un aspirante a dirigir el Estado colombiano no solo tiene ciudadanía estadounidense, sino que se declara militante republicano, votante de Trump, donante de campañas de ese partido y partidario de políticas que alinean a Colombia con la agenda estratégica de Washington.
El juramento de naturalización estadounidense no es un detalle menor. En él, quien adquiere esa ciudadanía declara renunciar y abjurar toda lealtad y fidelidad a cualquier soberanía extranjera anterior, y promete apoyar y defender la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Jurídicamente, ello no borra la nacionalidad colombiana. Pero políticamente sí plantea una pregunta inevitable: si llegara a la Presidencia, ¿cuál juramento orientaría sus decisiones cuando entren en tensión el interés nacional colombiano y el interés nacional de Estados Unidos?
El presidente de Colombia debe obediencia a la Constitución colombiana, a sus leyes y al mandato soberano de su pueblo. No admite doble comando. No puede haber ambigüedad cuando están en juego el territorio, la moneda, los recursos naturales, la política exterior y la paz.
Colombia puede y debe cooperar con Estados Unidos. Pero cooperar no es subordinarse. Combatir el crimen no exige entregar bases. Estabilizar la economía no exige renunciar a la moneda. Tener relaciones internacionales no exige convertir la Casa de Nariño en una extensión ideológica de la Casa Blanca.
Por eso la pregunta no es retórica. Es constitucional, democrática y latinoamericana: cuando Abelardo de la Espriella dice “firmes por la patria”, hay que preguntarle, con serenidad, pero con firmeza: ¿por cuál patria?
Bogotá, D. C, 8 de junio 2025
*Senadora del Pacto Histórico.
