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El presidente de Colombia Iván Duque anunció que presentará un proyecto de ley ante el Congreso, con mensaje de urgencia, para que el Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF se amplíe hasta diciembre.
“Este mensaje nos deja con un panorama histórico de ayuda a las empresas y se cubrirán por ocho meses ese subsidio” afirmó el jefe de Estado al indicar que nunca se había asumido un desafío como ese.
Dijo que el objetivo es seguir oxigenando a las empresas en medio de esta pandemia, por lo que continuarán cancelando el 40% del salario a los trabajadores de micros, pequeñas y mediana empresas del país.
A la fecha el programa tiene 337.879 solicitudes radicadas ante la Ugpp (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales), se han beneficiado 110.707 empleadores persona jurídica, 22.123 empleadores persona natural y 3,2 millones de empleados contabilizados.
Bogotá, D. C, 7 de agosto de 2020
Redacción Ecos Noticia
El Consejo Superior de la Judicatura restringió el acceso a las sedes judiciales del país del 10 al 21 de agosto de 2020, solo se exceptúan los municipios denominados no COVID 19.
La determinación del máximo tribunal en materia de la administración de justicia se debe a las actuales condiciones de salubridad que hay en el país, que “obligan a tomar todas las medidas que sean necesarias para que la presencia en las sedes de la Rama Judicial se restrinja al máximo con el propósito de proteger la salud de los servidores judiciales, abogados, usuarios y ciudadanía en general, en momentos donde se evidencia el pico epidemiológico del COVID19 en Colombia”.
Durante los citados días ningún servidor judicial ni usuario del servicio público de administración de justicia, podrá ingresar a las instalaciones judiciales, salvo que sea absolutamente indispensable, caso en el cual debe cumplirse con los protocolos de ingreso establecidos en los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura y las circulares de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Se continuará el trabajo en casa y la no atención presencial al público y a usuarios, y se seguirán utilizando las herramientas electrónicas, los medios técnicos de comunicación simultánea y, en general, los canales establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
Bogotá, D. C, 6 de agosto de 2020
Redacción Ecos Nacional
Carlos Camargo, Elizabeth Martínez Barrera, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, son los ternados por el presidente de la República Iván Duque Márquez para que la Cámara de Representantes elija al próximo defensor del pueblo en remplazo de Carlos Alfonso Negret.
Según la constitución política en su artículo 281 establece que el defensor del pueblo es elegido por la Cámara de Representantes para un período de cuatro años de terna elaborada por el presidente de la República. Antes del 13 de agosto la plenaria de la corporación debe hacer dicha elección.
Carlos Ernesto Camargo Assis, nació en Cereté (Córdoba), es abogado, doctor en Derecho y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda, institución en la que ha ejercido cátedra por más de 6 años. Estudio con estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la American University. También es graduado del Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal) de la Escuela de Guerra. Fue magistrado y Presidente del Consejo Nacional Electoral. Actualmente es el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.
Elizabeth Martínez Barrera es abogada de la Universidad Libre, con especialización en Derecho Público, Ciencia y Sociología Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Así mismo, cuenta con diplomados en Contratación Administrativa y Procedimiento Legislativo. Trabaja desde hace 20 años en la Cámara de Representantes, se desempeñó como Secretaria General de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Secretaria General Ad-Hoc de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias. Jefe de Jurídica de la entidad y Asesora de la Comisión Legal de Cuentas. Asesora en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Actualmente se desempeña como Secretaria General de la Comisión Tercera de la Cámara.
Myriam Carolina Martínez Cárdenas, nacida en Bogotá y abogada con especializaciones en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda, y de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Máster en Administración de Negocios (MBA) del ESIC Business and Marketing School de Madrid, España. Hizo parte del área de Planeación Sectorial y Desarrollo Social de entidades como la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y del departamento de Responsabilidad Social de Colombia Telecomunicaciones S.A. Así mismo, integró el área jurídica de EPM Bogotá Telecomunicaciones. Actualmente es la Directora de la Agencia Nacional de Tierras, cargo que ocupa desde octubre del 2018.
Bogotá, D. C, 6 de agosto de 2020
Redacción Ecos Nacional
La Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto 568 del 2020 que gravó a funcionarios y contratistas con sueldo superior a los 10 millones de pesos y que pretendía atender la emergecis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En ese sentido, a quienes se les descontó el dinero, se abonará al pago de los impuestos de renta del año gravable del 2021dicha suma, El dinero que ya se descontó se abonará al pago de impuestos de renta del 2021.
Los magistrados encontraron que dicho decreto atentaba contra el principio de equidad y falta de generalidad, los cuales se deben garantizar a la hora de crear impuestos. Tema motivo de debate por el hecho de que se hubiera dejado por fuera del impuesto a los empleados privados.
Sobre el anterior aspecto el Gobierno explicó que dicho decreto se expidió con un criterio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la mayor estabilidad en el empleo público frente a los golpes de la pandemia en el privado. Pero estos argumentos no fueron suficientes.
La norma establecía que los salarios entre 10 y 12,5 millones de pesos debían pagar un impuesto solidario del 1,5 por ciento; entre 15 y 20 millones, el 16 por ciento, y superiores a 20 millones de pesos, el 17 por ciento. Así, se lograron recaudar 287.000 millones de pesos de 47.000 servidores públicos, pensionados y contratistas durante los meses de mayo, junio y julio.
Bogotá, 5 de agosto de 2020
Redacción Ecos Nacional
El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, a través de un Comunicado fue contundente en afirmar que a la “crisis generada por el Covid-19 no se le puede agregar una pandemia de odio que nuble el futuro, amenace la democracia y nos sume en una nueva noche de dolor”.
El procurador Carrillo Flórez dijo que los funcionarios públicos deben acatar y no atacar la justicia y destacó el imperativo para todas las ramas del poder público de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. “Por ende, ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho”, aseveró el jefe del Ministerio Público de Colombia.
Advirtió que el único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee. En ese aspecto fue preciso en manifestar que “La controversia de las providencias emanadas de los jueces en ámbitos distintos al judicial, atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimenta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia".
Recordó a los servidores públicos y a todos los colombianos que la Constitución le asigna a la Procuraduría General de la Nación la competencia de velar por las garantías procesales de los ciudadanos que sean investigados dentro de una actuación penal.
“Por consiguiente, la Procuraduría General de la Nación actuando en el marco de sus competencias constitucionales y legales, continuará ejerciendo su labor de vigilancia dentro del proceso penal que se adelanta en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, y, en ese marco, examinará la pertinencia de ejercer los controles procesales que la ley contempla para la medida de aseguramiento dictada en su contra, en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y la intangibilidad de las garantías procesales”, concluye el Comunicado a la Opinión Pública de la Procuraduría General de la Nación.
Bogotá, D. C, 5 de agosto de 2020
Redacción Ecos Nacional.
En total en el país hay 317.651 casos, 10.650 muertes y 167.239 recuperados, según informó el Ministerio de Salud, al señalar que hay 139.097 personas con el virus activo.
Según el reporte oficial para este domingo 2 de agosto hay 6.531 personas recuperadas y 37.666 muestras procesadas, para un total de 167.239.
Después de haber advertido que mediante el decreto 811 de 2020 el Gobierno se auto habilita para privatizar las empresas estatales sin ningún tipo de control, el Senador Luis Fernando Velasco, junto con un grupo de congresistas de distintas bancadas, radicó un proyecto de ley que busca derogar dicho decreto legislativo.
Según los congresistas, el decreto es una amenaza al patrimonio de todos los colombianos, pues sin que haya un mínimo debate o control, de manera unilateral establece un procedimiento exprés para que el Gobierno venda activos estratégicos de la Nación como Ecopetrol o su filial Cenit, importante empresa que controla el transporte de crudo y sus derivados.
“Nos preocupa un día despertar y que sin darnos cuenta hayan vendido empresas como Cenit. Dígannos qué tiburón está detrás de Ecopetrol y de sus filiales. Cómo se les ocurre pretender vender el patrimonio de los colombianos sin por lo menos propiciar un debate público”, con estas palabras confrontó el Senador Velasco al Gobierno Nacional en una Plenaria del Senado el pasado 19 de junio.
Los congresistas firmantes del proyecto son los senadores Luis Fernando Velasco, Jaime Durán, Andrés Cristo, Julián Bedoya, Guillermo García Realpe y Rodrigo Villalba, del Partido Liberal; Maritza Martínez, de la U, Antonio Sanguino, de Alianza Verde; Gustavo Bolívar, Colombia Humana y Jorge Robledo del Polo Democrático.
Los firmantes también aseguran que el decreto 811 de 2020 va en contra del artículo 60 de la Constitución, referido a la obligatoriedad de democratizar las acciones que el Estado venda. El decreto establece que la enajenación de las acciones estatales se realizará en operaciones de martillo en bolsa de valores, por lo cual los trabajadores de las empresas y los colombianos de a pie no podrían participar, como establece la constitución, de una eventual venta accionaria.
Por otro lado, en la iniciativa se argumenta que las leyes de autorizaciones deben ser según la Constitución, de iniciativa legislativa. Es decir que el Gobierno al modificar el procedimiento que el Congreso ya había establecido para los procesos de venta de los activos estatales y que estaba contenido en la Ley 226 de 1995, está excediendo sus competencias e invadiendo una atribución que es del legislativo, razón por la cual también consideran que es inconstitucional.
Cabe recordar que en días pasados, el Senado de la República aprobó con la unanimidad de todas las bancadas una proposición solicitándole al Presidente Duque que derogue el Decreto Legislativo 811 de 2020.
Según afirman los autores de la iniciativa, “a pesar que la proposición no tiene un carácter legal vinculante, no es menos cierto que esta corresponde a un pronunciamiento formal de la Rama Legislativa que debe ser atendido con el debido decoro. Lamentablemente, a la fecha no se conoce respuesta o pronunciamiento por parte del Ejecutivo”.
Bogotá, D. C, 30 de julio de 2020
Redacción Ecos Nacional
Frente a la decisión tomada por la alcaldesa de Bogotá de prohibir la circulación por las calles de la capital de aquellas personas que sufren obesidad, la Fundación Gorditos de Corazón considera que es una medida a todas luces discriminatoria y que va en contra de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos.
Con esta decisión son miles las familias bogotanas que se quedarán sin cómo percibir un ingreso para satisfacer sus necesidades básicas.
La siguiente es la declaración de la Fundación Gorditos de Corazón:
Para Gorditos de Corazón, el bienestar y la salud en general de todos los colombianos siempre ha sido además de un pilar en su misión, su razón de ser y el objeto de trabajo durante todos estos años; especialmente quienes afrontan obesidad sobrepeso y hábitos alimenticios inadecuados. Nuestra institución se ha sumado al esfuerzo mundial por contener la obesidad, considerada la epidemia del siglo XXI y la cual ha cobrado más víctimas que cualquier otra enfermedad. Hay que resaltar que las comorbilidades de la obesidad son múltiples y que el covid-19 es un factor de riesgo que se suma a pacientes con esta condición.
Tenemos que informar que, para nuestra gran preocupación, los llamados de auxilio de personas con obesidad y sobrepeso se han duplicado durante esta pandemia, así mismo las alteraciones emocionales se han agudizado, convirtiéndose en una constante la ansiedad, la depresión, la angustia, irritabilidad, deterioro de la autoestima, entre otros factores emocionales que desencadenan incluso pensamientos suicidas o de autolesión. Lo más preocupante, es que el fenómeno no es exclusivo de Colombia, ya que estamos recibiendo permanentemente mensajes de varios países del mundo, en donde al parecer a la población con obesidad no se le está brindando la atención adecuada durante la pandemia.
Por otro lado y tras la propuesta de aislamiento para personas con obesidad nos permitimos aclarar lo siguiente:
- La población en situación de obesidad debe acoger los protocolos de bioseguridad y aislamiento preventivo que sean propuestos para la población en general.
- Socialmente nos parece sumamente inconveniente, proponer un régimen de aislamiento particular para personas con obesidad, ya que esto es un claro hecho de discriminación y violación del derecho a la igualdad.
- Este tipo de políticas, puede contribuir sustancialmente en el aumento del fenómeno de discriminación que actualmente padecen los obesos del país.
- Aunque médicamente la obesidad podría incidir como factor de riesgo para sufrir complicaciones por covid-19, esta condición no hace más contagiosos a los obesos, lo cual es un riesgo de estigmatización.
- La comunidad a la que representamos y por la cual trabajamos, se ha sentido violentada con este tipo de propuestas y así nos lo han manifestado a través de nuestros canales de comunicación.
- Las personas con obesidad o sobrepeso, también integran la fuerza productiva del país, muchos desempeñan labores fundamentales en el sector salud, empresarial y social. También tienen familias que mantener, por lo que negarles la oportunidad de salir a trabajar como al resto de los ciudadanos, además de ser un acto de discriminación, contribuiría en deterioro de la economía de muchos hogares; sin contar con el aumento de afectaciones emocionales.
- Es urgente que el Gobierno Nacional y las administraciones municipales, implementen aspectos que permitan una atención integral a la población con obesidad, durante y después de la pandemia. Desde la nuestra Institución hemos venido desarrollando programas de apoyo y acompañamiento con muy buenos resultados; los cuales se pueden integrar a planes municipales e incluso nacionales.
- La prevención y la promoción son los mejores instrumentos para un sistema de salud; el acompañamiento, las campañas pedagógicas y la información de pertinencia, son las mejores herramientas para proteger a los obesos del país.
- Si el país va a tomar medidas con respecto a la obesidad como factor de riesgo primordial en casos de covid-19, es necesario tener en cuenta los índices de obesidad y sobrepeso del país en los cuales se evidencia que más de la mitad de los colombianos está por encima de su peso saludable y aproximadamente el 20% en situación de obesidad mórbida; sin contar que la pandemia en sí misma, contribuye con el aumento de dichos índices por factores antes mencionados.
- La población escolar (niños y jóvenes) se están viendo afectados por el confinamiento debido a factores emocionales, económicos y el incremento de hábitos inadecuados, que aumentan los riesgos de obesidad, por lo cual políticas que puedan generar discriminación o rechazo hacia los obesos, afectaría a esta población, especialmente vulnerable emocionalmente.
Para terminar, hacemos un llamado urgente al país en general y principalmente a las autoridades de salud, para tomar medidas pertinentes con respecto a la obesidad frente a la pandemia. Desde Gorditos de Corazón ponemos a disposición del país y cualquier ciudad que así lo requiera nuestra experiencia y protocolos de intervención para la atención de pacientes; así como campañas de promoción y prevención para disminuir el impacto de la obesidad en el país. Todos podemos sumar para salir adelante, gobierno, empresa privada, grupos de voluntarios. Es momento de unirnos para que todos los colombianos superemos esta compleja situación.
Es de suma importancia, que el contexto de la pandemia no se convierta en otro factor de discriminación para las personas con obesidad, las cuales han venido siendo objeto de censura y burla por redes sociales a raíz de las propuestas de aislamiento. Nuestra Institución ha luchado durante muchos años por defender el derecho a la salud y vida digna; por reivindicar sus capacidades e integración social sin discriminación de ningún tipo. La solidaridad, el amor y la compresión, son valores que tenemos que alimentar en la pandemia.
Bogotá, D. C, 30 de julio de 2020
Fuente: Fundación Gorditos de Corazón.
El presidente de la república, Iván Duque Márquez, anunció que el Aislamiento Preventivo, por la pandemia del coronavirus, se extenderá hasta el lunes 30 de agosto.
El anuncio del jefe de estado colombiano se produce cuando el país ha registrado la más alta cifra de contagios en 24 horas: 10.284 personas se han infectado del COVID 19 llegando a la fecha a un total de 267.032 y 121.032 casos activos, donde la capital de la república registró este martes 4.552, el más alto, sobrepasando los 91.000 hasta el momento.
Pese a las cifras de contagio, el presidente Duque pidió a los colombianos seguir con el autocuidado siguiendo los protocolos preventivos para darle luz verde a la reactivación de otros sectores de la economía.
En el informe oficial se destaca que han fallecido por el coronavirus 9.074 personas y se han recuperado 136.190
Bogotá, D. C, 28 de julio de 2020
Redacción Ecos Nacional.
El presidente de la república, Iván Duque Márquez, sancionó la ley de amnistía a deudores de multas de tránsito, con descuentos del 100 % de los intereses y 50 % de capital.
Con esta ley se beneficiarán más de 4 millones de Colombianos, gracias a la iniciativa de congresistas del Partido Liberal y apoyada por el Gobierno Nacional.
Hasta el 31 de diciembre del 2020 y por única vez, todos los infractores que tengan pendiente el pago de multas, están pagando o hayan incumplido acuerdos de pago por infracciones a las normas de tránsito impuestas hasta el 31 de mayo de 2020, podrán acogerse, sin necesidad de asistir a un curso pedagógico de tránsito.
De otra parte quienes suscriban acuerdos de pago dentro del término previsto, contarán con un plazo de hasta un (1) año contado a part1r de la fecha de suscripción del acuerdo para pagar lo que esté debiendo, y para lo cual, las autoridades de tránsito territoriales aplicarán lo dispuesto en sus manuales de cartera.
Quienes incumplan con una sola de las cuotas pactadas, perderán el beneficio de la amnistía y la autoridad de tránsito iniciará la ejecución por la totalidad de lo adeudado, procediendo a reportar la novedad sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito al Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito - SIMIT.
Ojo, si usted lo multaron por embriaguez o por sustancias psicoactivas, no pierda el tiempo acercándose a buscar el beneficio.
Bogotá, D. C, 24 de julio de 2020
