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Por Redacción Ecos. Foto: Reuter.- Los miembros y representantes de los siete países más industrializados del mundo, que participan en la ciudad de Florencia, Itallia, en la Reunión del G7 de Cultura, han solicitado a Naciones Unidas, que impulse acciones para preservar el patrimonio cultural en las "misiones de seguridad y de paz" que lleve a cabo.

Así lo afirman en una declaración conjunta, que han firmado como resultado de estas reuniones que comenzaron este viernes y que concluyen este fin de semana en Florencia, y que suponen el primer G7 (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, EEUU, Canadá y Japón) de Cultura de la Historia.

Los países firmantes también lanzan un mensaje a la comunidad internacional para que apruebe medidas "eficaces para luchar contra el saqueo y el tráfico de bienes culturales".

Lamentaron que el patrimonio cultural a menudo esté expuesto a riesgos derivados de actividades terroristas, conflictos armados y calamidades naturales, afirmando que, por ello, es esencial protegerlo con políticas que estén contempladas en el derecho internacional.

En este sentido, los países del G7  se han comprometido proteger el patrimonio cultural situado en zonas de conflicto con un cuerpo dedicado a ello en exclusiva. Son los llamados “cascos azules de la cultura”, un componente que dependerá del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tendrá como objetivo salvaguardar los bienes culturales en guerras.

Todos los firmantes ensalzaron el poder de la cultura como instrumento de paz, capaz de “facilitar el diálogo y el intercambio cultural entre todas las naciones, fomentar la tolerancia, el entendimiento mutuo, el reconocimiento y el respeto a la diversidad”, y subrayaron la capacidad de vincular el pasado, el presente y el futuro de la humanidad para “preservar la identidad y la memoria de los pueblos”. Incluyeron también otros aspectos, como el papel de los bienes culturales como “una herramienta para el crecimiento y el desarrollo sostenible de la sociedad, en términos de prosperidad económica” con un sinfín de oportunidades en la era digital.

Por Redacción Ecos. Foto: elvenezolano.com.pa.- El  Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció un “auto-golpe de Estado” en Venezuela por la toma del poder legislativo perpetrada por el régimen de Nicolás Maduro.

“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció Almagro en un comunicado.

“Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política”, señaló el secretario general, que insistió en que se deben utilizar todos los mecanismos disponibles para “recuperar la democracia en Venezuela”.

Solicitó que se convoque, con urgencia, otra reunión del Consejo Permanente, formado por los 34 países miembros, bajo la autoridad del artículo 20 de la Carta Democrática, que determina que en caso de alterarse el orden constitucional y democrático de un Estado, cualquier otro Estado o el secretario general de la OEA pueden solicitar una reunión para evaluar la situación.

No es la primera vez que la OEA estima que en Venezuela se ha disuelto la democracia. En un informe del pasado 14 de marzo, Almagro declaró que el país suramericano sufre una “ruptura del orden democrático”. También solicitó la suspensión de Venezuela si el régimen de Maduro no liberaba a sus presos políticos y convocaba elecciones lo antes posible, unas propuestas que comparten, de manera generalizada, una buena parte de los países miembros.

El comunicado llega unas horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano asumiera las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por la oposición. El robo de autoridad al poder legislativo se debe al incumplimiento de ciertas normas parlamentarias, según alegaron miembros del TSJ.

Pero la oposición venezolana, según defendió en una rueda de prensa en reacción al suceso, denunció que las acciones del régimen de Maduro constituyen un “golpe de Estado” en represalia por el acuerdo al que llegaron el martes 20 países miembros para resolver la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela.

Durante la reunión extraordinaria del martes en Washington, el Consejo Permanente de la OEA participó en una tensa discusión sobre la situación venezolana. Una mayoría de los países miembros, 20 de los 34, consensuaron la necesidad de definir una hoja de ruta para encontrar soluciones que apoyen la restauración de los procesos democráticos en el país.

Redacción Ecos.- El ministro de hacienda y crédito público, Mauricio Cárdenas radicó ante la Cámara de Representantes una adición al presupuesto general de la nación por $7.7 billones que estarán orientados a desarrollar proyectos sociales, la educación y fortalecer la paz.

Cárdenas, quien estuvo acompañado de la representante a la Cámara Lina Barrera, sostuvo que los recursos salen de la reforma tributaria, dineros propios de los establecimientos públicos y caudales de fondos especiales. Por concepto de la reforma tributaria se adicionan $6.1 billones de pesos y otros de las entidades del Estado.

Para el posconflicto se destinará una partida de $ 1.5 billones, agro $ 520.000 millones, educación $ 1.2 billones, salud $ 917.000 millones y minas $ 788.000 millones.

Además se esperan recibir dividendos por $600 mil millones por parte de las empresas en las que tiene participación el Gobierno cómo Ecopetrol e Isa.

Redacción Ecos. Con la aprobación de la conciliación en la Cámara de Representantes de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Acto Legislativo pasa automáticamente a control en la Corte Constitucional.

La Plenaria de la corporación aprobó la iniciativa por 97 votos a favor y 6 en contra, abriendo el paso para que en dicho tribunal acudan los guerrilleros de las Farc, agentes del Estado y civiles que tuvieron relación con el conflicto armado.

En la conciliación aprobada se eliminó la propuesta del senador Carlos Fernando Galán,  de Cambio Radical, donde se impedía que los guerrilleros que faltaran a sus deberes de verdad y reparación participaran en política.

El ministro del interior Juan Fernando Cristo al felicitar a los congresistas que votaron el Acto Legislativo sostuvo que lo que viene ahora es la expedición de decretos para poner en marcha ese nuevo tribunal.

“Seguramente en los próximos días el presidente expedirá esos decretos con base en este acto legislativo para crear la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas que son dos tareas esenciales para la reconciliación de Colombia” afirmó el ministro Cristo, quien declaró que aún queda el estudio de una ley estatutaria para reglamentar lo aprobado en este nuevo tribunal.

Redacción Ecos. El procurador General de la Nación Fernando Carrillo le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la ley de Amnistía pero a la vez le solicita a ese máximo tribunal constitucional, que condicione algunos artículos.

El jefe del Ministerio Público encontró que algunas disposiciones de la norma podrían no adecuarse a las exigencias mínimas constitucionales, si éstas se interpretan de manera inadecuada, por ello consideró que se debe declarar la exequibilidad condicionada de los siguientes artículos:

Artículo primero. Solicitó la Procuraduría que se entienda que los efectos de la manifestación hecha por el Congreso sobre la refrendación popular del acuerdo de paz tienen carácter declarativo frente a una circunstancia ya ocurrida.

Artículos cuarto y sexto. El condicionamiento se solicitó por considerar que los principios del acuerdo de paz serán tenidos en cuenta para la aplicación de la Ley, siempre y cuando se armonicen adecuadamente con los principios de la Constitución Política y con la doctrina constitucional.

Artículo séptimo. Para la Procuraduría la seguridad jurídica de las decisiones en torno de las amnistías no puede excluir el ejercicio de la acción de tutela y otros mecanismos legales, cuando su uso resulte procedente como garantía ciudadana.

Artículo ocho. Consideró la Procuraduría que a pesar de que a lo largo de la ley los graves atentados contra los derechos humanos están excluidos como delitos que pueden ser amnistiados, el artículo octavo no hace dicha precisión, por lo que es necesario incluirla a través del condicionamiento.

Artículo trece. Según la ley 1820 las decisiones sobre amnistías solo podrían ser revisadas por el Tribunal para la Paz. Para la Procuraduría estas decisiones también deben poder ser materia de revisión a través de mecanismos como la tutela, de ahí la necesidad de incluir el condicionamiento.

En el mismo sentido se solicitó condicionar las expresiones “solo podrá ser revisada por el Tribunal para la Paz”, contenida los artículos 25, 32 y numeral 2 del artículo 48 de la Ley 1820 de 2016, para que no impliquen una exclusión de la acción de tutela.

En cuanto a las expresiones:

"Graves crímenes de guerra" y "grave crimen de guerra", contenidas en los artículos 23 y 47, la Procuraduría solicitó que sean condicionadas para que se adecúen al sentido que, como referente, está contenido en el Estatuto de Roma que regula la competencia de la Corte Penal Internacional.

"Las personas trasladadas permanecerán en dichas ZVTN en situación de privación de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedarán en libertad condicional a disposición de esta jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo siguiente", contenida en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016, para la Procuraduría ese beneficio no puede aplicarse a los máximos responsables de los delitos más graves y atroces, que se encuentren privados de la libertad en la ZVTN, razón por la cual es indispensable el condicionamiento de la expresión para garantizar que haya una efectiva justicia para las personas que cometieron ese tipo de delitos y a su vez que no haya impunidad.

Por SIG.- “Desde Naciones Unidas podemos decir con gran satisfacción, con gran alegría, que Colombia vive un momento extraordinario, un momento histórico, como es la construcción de paz”, afirmó Martín Santiago Herrero, el Coordinador Residente y Humanitario de la ONU en Colombia, quien señaló que para la ONU la paz de Colombia es un referente a escala universal.

“Todos tenemos la esperanza del éxito de una Colombia en paz”, señaló el diplomático durante la instalación del evento ‘En la Ruta de la Paz: Diálogos Políticos para la Apertura Democrática’, cumplido en Cartagena con la asistencia del Presidente Juan Manuel Santos.

Calificó de extraordinario el momento de la construcción de paz en Colombia por eso sostuvo que “que la transición de la guerra hacia la paz es una gran oportunidad para revitalizar, para profundizar la democracia”.

“Concluyo, señor Presidente, felicitándolo nuevamente a usted, a su Gobierno, al pueblo colombiano, por este paso histórico, tan trascedente, que está dando Colombia”, puntualizó Santiago Herrero.

El evento contó con la asistencia del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el Presidente del Senado de la República, Mauricio Lizcano; la Directora de Desarrollo Institucional de la CAF, Nathalie Gerbasi; la Directora Ejecutiva del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (MIND), Ángela Rodríguez; y la Directora para América Latina del Centro Carter, Jennie Lincoln.

Redacción Ecos. Los expresidentes Español Felipe González y de Uruguay José Alberto Mujica  fueron designados por el Gobierno de Colombia y las Farc, como notables del componente internacional para adelantar las funciones de verificación del acuerdo que se firmó enel  Teatro Colón entre el Presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Gómez.

Los expresidentes escogidos se encargarán de pronunciarse sobre la verificación de la implementación del acuerdo a través de informes públicos para establecer la veracidad del cumplimiento de las partes sobre los compromisos adquiridos.

El siguiente es  el componente internacional de verificación y acompañamiento del Acuerdo Final

El Gobierno Nacional y las FARC-EP en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), informamos a la opinión pública que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6.3. Componente Internacional de la Verificación de la CSIVI y 6.4 Componente de acompañamiento Internacional, hemos acordado:

1. Se designarán como Notables del Componente Internacional de Verificación, al ex presidente español Felipe González y al ex presidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano, quienes encabezarán el mecanismo de verificación y cumplirán con las funciones establecidas en el numeral 6.3.2. Su designación formal tendrá lugar el próximo jueves 30 de marzo.

2. El protocolo de funcionamiento de la Secretaría Técnica de los notables del que trata el numeral 6.3.2. La Secretaria Técnica estará a cargo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y del Centro de Investigación Nacional de Educación Popular (CINEP).

3. El protocolo de funcionamiento del apoyo técnico del que trata el numeral 6.3.2, a cargo del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, E.E.U.U, en su rol de Apoyo Técnico del componente de verificación.

4. Realizar una primera reunión preparatoria con la Secretaría Técnica y el Apoyo Técnico del Componente Internacional de Verificación el próximo 28 de marzo con el fin de entregar los protocolos de funcionamiento.

5. El protocolo de funcionamiento del acompañamiento Internacional que trata el numeral 6.4.2 del Acuerdo Final, que se entiende como el apoyo directo e indirecto al diseño, ejecución y monitoreo de la implementación del Acuerdo Final. La CSIVI convocará una primera reunión con todas las organizaciones, países y agencias definidas en el Acuerdo Final en la primera semana de abril.

6. Teniendo en cuenta que el pasado 31 de octubre del 2016, el Gobierno Nacional renovó el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) por un periodo de 3 años que podrá ser renovable, y que en su Informe anual incluirá un capítulo especial sobre la implementación del Acuerdo Final en materia de derechos humanos, la CSIVI convocará una primera reunión con esta Oficina en la primera semana de abril.

7. El Gobierno Nacional ratifica su compromiso al interior de la CSIVI de dar inicio a la implementación de los mecanismos previstos en el punto 6.3.3 respecto de la Misión Política de Verificación de las Naciones Unidas.

Por Aitor Sáez/DW. Foto: Ecos Media.- El fantasma de la violencia vuelve a sobrevolar Colombia en plena dejación de armas de las FARC. La ONU y el Gobierno han prendido la alerta ante el peligro de que otros grupos armados ocupen el espacio que abandona la mayor guerrilla del país.

Sobre el reciente informe de Naciones Unidas, que reporta 127 asesinatos de activistas el pasado año, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en Colombia, Todd Howland, aseguró que la mayoría "tiene relación con el proceso de paz”: un 80 por ciento de las muertes de militantes políticos izquierdistas y un 49 por ciento de los homicidios contra defensores de derechos humanos produjeron en lugares anteriormente controlados por las FARC.

Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación y del Ministerio de Defensa, la extorsión solo se ha reducido en el 38 por ciento de los 233 municipios donde las FARC tenían presencia. En una tercera parte de las localidades, la extorsión se mantiene; y en el otro tercio restante, aumenta.

Esta escalada de la violencia tiene como protagonistas a bandas neoparamilitares rearmadas en la última década y al ELN, la segunda mayor guerrilla del país, que actúan con el objetivo de apropiarse de las rutas del narcotráfico y el control de la minería ilegal, sobre todo de oro, tal y como explica a DW Óscar Parra, investigador del conflicto.

La lucha por el control territorial ha provocado varios desplazamientos. El último, en Alto Baudó (Chocó), donde más de 350 personas huyeron por los enfrentamientos entre ‘gaitanistas" y el ELN. En ocasiones, tal y como ha reportado la prensa local, estos grupos se han presentado a las comunidades como Autodefensas –paramilitares– con la amenaza explícita de adueñarse de las zonas ocupadas por las FARC, como en el caso de las ‘Águilas Negras" en veredas aledañas a Tibú (Norte de Santander).

En Tumaco, la región con más narcocultivos del país y una de las más violentas, el jefe de la Policía, el teniente coronel Carlos Castellanos, afirma a DW que "en el último año se han multiplicado hasta 10 las bandas criminales ligadas al narco”. Entre otras, ‘Gente del Orden", una organización creada por un centenar de exmilicianos de las FARC que abandonaron la zona de concentración guerrillera y rehusaron acogerse a los Acuerdos de Paz.

Deutsche Welle logró entrevistar a uno de sus cabecillas, Robinson Araujo, alias ‘Pollo", quien, sin embargo, justifica que decidieron rearmarse para proteger a la población de las amenazas de otras bandas: "Mientras estábamos en el campamento de las FARC, nos llegaron noticias de que grupos paramilitares empezaron a actuar en nuestros barrios”. Su banda dio de baja en combate a una decena de esos supuestos paramilitares. Por su parte, el comandante de las FARC en esa zona, Yesid Guevara, considera que ese grupo de milicianos disidentes "busca beneficiarse del negocio de las drogas” y expresa su preocupación por las quejas que han recibido de la población sobre el amedrentamiento de otros grupos.

"Mal o bien antes las FARC nos protegían, pero al desaparecer, ya llegan otros grupos que van matando y uno no sabe sus intenciones. Por eso estamos temblando, con nervios”, asegura José, cocalero. El temor ha vuelto a invadir a los pobladores de esta cotizada región, conocida como ‘la Perla del Pacífico" por su estratégica ubicación para el contrabando. "Las nuevas bandas del narco han vinculado cada vez a más personas al comercio de las drogas, de forma que su negocio se siga sosteniendo, y han vuelto a sembrar el pánico”, apunta a DW el líder comunal, Célimo Torres, quien debe utilizar vehículo blindado tras las constantes amenazas en los últimos meses.

El Gobierno ha activado la alerta ante esta amenaza. "Estamos encima de ese problema, porque sabemos que era uno de los grandes retos”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en septiembre, cuando anunció que habían neutralizado ese año a 3.000 integrantes del ‘Clan del Golfo –antiguo Clan Úsuga–, la mayor banda surgida tras la desmovilización del paramilitarismo.

En ese sentido, la Fiscalía puso en marcha a finales de septiembre el Plan Esperanza en el sur del país, para garantizar la protección de los líderes sociales, previsto en el punto 3 del Acuerdo de Paz. El redoblamiento de los esfuerzos ha dado algunos frutos con la captura de varios autores de homicidios e integrantes del ELN. A tenor de los datos y advertencias de organismos internacionales, sin embargo, esa implementación se está produciendo con mayor lentitud que la expansión de nuevos actores armados dispuestos a apoderarse del espacio desocupado por las FARC.

Foto SIG.- Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de Chile, Colombia, México y Perú expresaron su complacencia por la realización del “Diálogo de Alto Nivel en iniciativas de integración en Asía Pacífico: Desafíos y Oportunidades”.

El evento reunió en Viña del Mar a representantes de 15 países de la Cuenca del Pacífico, con el objetivo de intercambiar visiones sobre el futuro del comercio internacional e identificar áreas de trabajo entre la Alianza del Pacífico y los demás países participantes.

Junto a los Ministros de Chile, Colombia, México y Perú, participaron en este diálogo Ministros y altos representantes de Australia, Brunei, Darussalam Canadá, China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

Los Ministros acordaron establecer la figura de Estado Asociado a la Alianza del Pacífico para promover el inicio de negociaciones comerciales con países del Asia Pacífico, siempre y cuando dichas negociaciones se traduzcan en acuerdos con altos estándares de calidad en materia de disciplinas comerciales y se concluyan en el corto plazo.

Durante el encuentro, se llevaron a cabo reflexiones sobre la coyuntura comercial actual y se analizaron las alternativas de integración existentes para fortalecer el libre comercio.

Estos objetivos se encuentran en línea con lo acordado por los Presidentes de la Alianza del Pacífico en la reciente cumbre virtual del pasado 9 de marzo: la disposición de negociar con socios o bloques extra-regionales; la eliminación de las barreras no arancelarias; fomentar los flujos de capitales y facilitar la inversión extranjera en la región.

Así mismo, destacaron los compromisos adoptados en la reunión de Ministros de Finanzas celebrada el pasado 10 de marzo, donde se acordó avanzar en la implementación del Pasaporte de Fondos de la Alianza del Pacifico, adelantar el estudio de factibilidad para la creación del Fondo de Infraestructura y la modelación de un bono catastrófico que facilite la administración de riesgos a nivel regional.

Redacción Ecos. Foto: Leonardo Vargas.-El Presidente de la Comisión II del Senado, Jaime Enrique Durán Barrera, instó al ministro de defensa Luis Carlos Villegas; al director de la Policía Nacional, general Jorge Hernándo Nieto y al comandante de las fuerzas militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, para que de inmediato desarrollen estrategias preventivas que permitan la reanudación de las rutas de los buses de Copetrán en el departamento de Arauca y que han sido asaltados  y quemados por el ELN en el nor-oriente colombiano.

El Senador Durán sostuvo que en el contexto del proceso de paz y en la búsqueda de una negociación viable con esa guerrilla, “resulta inconcebible que  este grupo insurgente no solo exija una contribución económica a una empresa de transporte colectivo que ha hecho historia en Santander y Colombia, sino, amenace y declare objetivo militar a todos sus bienes, al negarse  responder a sus exigencias”.

Consideró el senador liberal santandereano que el asalto y destrucción de cuatro buses de la empresa Copetrán en varias vías del departamento de Arauca, merece atención inmediata e intervención de las fuerzas policiales y militares, “porque la suspensión del servicio por parte de la mencionada empresa de transporte, afecta al ciudadano de a pie y el necesario desenvolvimiento de las actividades socio económicas de esa región fronteriza.”