El proyecto de Reforma Constitucional busca que los colombianos tengan acceso a una alimentación segura, con políticas de Estado que permitan mitigar el hambre y la desnutrición que afectan a cerca de 22 millones de colombianos.
En ese sentido, la plenaria de la corporación aprobó con 80 votos por el sí y 0 en contra, el proyecto de Acto Legislativo que busca modificar el artículo 65 de la Carta Fundamental, para que se logre la soberanía alimentaria y la capacidad adquisitiva, que permitan acceder a una alimentación digna y adecuada a la población colombiana.
El coordinador ponente del proyecto, Alfredo Deluque Zuleta, Partido de la U, al hacer su exposición ante la plenaria de la corporación, enfatizó que es desgarrador saber que 600 mil colombianos comen solo una vez al día, y agregó que “el problema de hambre no solo se resuelve con la bolsa de alimentos a las familias, sino con verdaderas políticas de Estado, a través de una exigencia constitucional”.
En la sesión plenaria, donde el presidente del Congreso, Roy Barreras, dio la bienvenida a la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, después de su incapacidad por problemas de salud, se inició el debate, sobre el entendido que los congresistas no se opusieron a la propuesta, pero sí consideraron necesario aclarar varios aspectos en su articulado.
Concepto de seguridad y soberanía de alimentos
El senador Humberto de la Calle Lombana, Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, uno de los protagonistas de la constituyente del 91, expresó contundente: “Votaré positivamente, en el entendido que por soberanía alimentaria se conciba lo que se dictaminó en la Cumbre Mundial sobre la alimentación de la FAO en 1996; porque hay otra concepción de soberanía, que es la autarquía alimentaria, la tesis de que un país tiene que producir la totalidad de sus alimentos”.
A nombre del Partido MIRA, el senador Carlos Eduardo Guevara Villabón fue enfático al señalar, que se debe reducir la pérdida de alimentos que está alrededor de los 6 millones de toneladas, y que se debe potencializar el banco de alimentos.
En el mismo sentido, el senador Wilson Arias, Pacto Histórico, expresó que se adhiere a la proposición con que termina el informe de ponencia, que garantiza constitucionalmente ese derecho fundamental a la alimentación, y no solo bajo el enfoque productivo, “me adhiero al proyecto”, puntualizó.
Por su parte, la senadora indígena Aída Quilcué, fue clara en advertir que se debe revisar el articulado para que se tenga en cuenta el enfoque diferencial por la cultura que representan, ya que la producción alimentaria es distinta en esas comunidades.
Libre comercio
De otro lado, la senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, pidió que se adicione lo del tema del libre comercio: “Se debe dejar claro, para que no vengan tutelas por importación de alimentos, porque puede dar lugar a cualquier tipo de demandas, que cualquier importación de alimentos se vuelve inconstitucional; generaríamos graves tropiezos en Acuerdos y Tratados internacionales”, señaló.
A su vez, la senadora Gloria Inés Flórez Schneider, Pacto Histórico, argumentó que apoyaba y votaba la reforma, bajo la premisa que la soberanía alimentaria debe ser la capacidad de producir y proteger las semillas nativas; es decir, producir sus propios alimentos y no depender de las trasnacionales de alimentos.
Bogotá, D. C, 2 de noviembre de 2022
Fuente: Oficina de Información y Prensa-Senado.
