La expropiación es ilegal ya que no se cumple con ninguna de las excepciones de ley, el ente público tendría que pagar millonarios daños y perjuicios a ciudadano español. El próximo 5 de octubre se llevará a cabo audiencia de conciliación en Supernotariado.

La expropiación es ilegal ya que no se cumple con ninguna de las excepciones de ley, el ente público tendría que pagar millonarios daños y perjuicios a ciudadano español. El próximo 5 de octubre se llevará a cabo audiencia de conciliación en Supernotariado.

Por Alejandra Buitrago*.- La Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, ORIP, de Cartagena y la Superintendencia de Notariado y Registro habrían vulnerado los derechos de un inversionista extranjero al expropiarlo por vía administrativa y generado daños y perjuicios por más de 18.000 millones de pesos al revocar los efectos de una sentencia judicial en firme basada en información ratificada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Este evento podría generar el pago de una multimillonaria cifra al inversionista extranjero afectado, el ciudadano español Juan José Santaolalla Milla, por daños y perjuicios, de no lograr resolver en la etapa de conciliación la solicitud de un proceso contra la entidad de control por desconocer su derecho legal sobre una propiedad en la ciudad de Cartagena, un caso sin precedentes.

El hecho, en investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación, denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, en conocimiento de la Contraloría General de la República y del Jefe de Control Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro, afectó gravemente al ciudadano español, quien ha debido defenderse de las resoluciones de la ORIP Cartagena No. 163 del 26 de octubre de 2.017, confirmada por medio de la Resolución de la SNR No. 9547 del 31 de julio de 2.019.

En esas resoluciones cancelaron los folios de matrícula inmobiliaria donde consta que el propietario del predio es el señor Santaolalla, por lo cual el líder del grupo de abogados del extranjero, Alfonso Martínez Ferrer, manifestó que “estamos ante una vía de hecho administrativa, atribución que únicamente le compete a un Juez de la República”.

Martínez agregó que “la decisión unilateral del ente público toma de sorpresa al afectado, introduce inseguridad y desconfianza en la actividad administrativa, quebranta el principio de buena fe y delata indebido aprovechamiento del poder sobre la base de la debilidad del administrado”.

“No es posible que un particular, un inversionista extranjero, sea expropiado por vía administrativa de manera arbitraria por manos de funcionarios de entes estatales que manipulan las normas. La única forma que pudieran quitarle sus derechos a la propiedad privada que tenía era que un juez de la República lo manifestara; que las entidades dijeran que lo habría adquirido de manera fraudulenta, por suplantación o ilegal, y en este caso no se dio ninguna de esas circunstancias”, agregó Martínez.

Juan José Santaolalla adquirió ese predio tras un proceso ejecutivo que se originó en el año 2.000 que concluyó con una sentencia del Juzgado Civil Segundo del Circuito de Cartagena, amparado por una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, que ratificó la información de la oficina de instrumentos públicos, en el cual todo estaba conforme a derecho. En último momento sale la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, ORIP, de Cartagena a generar la primera resolución.

Las resoluciones cancelaron lo actuado por el Juzgado que embargó el inmueble lote de 3.864 mts², ubicado en la ciudad de Cartagena, Barrio Buenos Aires, Sector Zaragocilla, Transversal 54 No. 47-605, según la ORIP de Cartagena, y lo adjudicó en remate a Juan José Santaolalla Milla.

Los registradores de instrumentos públicos no tienen la facultad jurídico administrativa de cancelar folios de matrícula o anotaciones contenidas de registro de títulos de dominio. “La decisión violó el Decreto 1579 de 2.012”, indicó el jurista.

La ORIP Cartagena justificó que unificó los folios de matrículas inmobiliarias porque corresponden a un mismo inmueble, “lo que no es cierto; pues en la casilla o campo de descripción del Folio 060-47001, aparecen cuatro (4) inmuebles distintos entre sí y distintos cada uno respecto del predio del folio 060-34231”, aclaró la parte afectada.

El inversionista extranjero le ha pedido a la Supernotariado y registro que subsane el error en una audiencia de conciliación y asuma los daños y perjuicios ocasionados por las ilegalidades cometidas por sus funcionarios César Taffur Peña, Registrador de Instrumentos Públicos de Cartagena (e), y de segunda instancia Archibaldo José Villanueva Perruelo, este último recientemente desvinculado de la entidad por estar al parecer involucrado en actos de corrupción.

Santaolalla sostiene que ha sido perjudicado por reembolsos de capital, daño emergente, lucro cesante. “Pido se declare a las autoridades convocadas: Nación, Superintendencia de Notariado y Registro, y ORIP Cartagena, administrativa y extracontractualmente responsables de pagar todos los perjuicios materiales ocasionados que pueden supercar los 18.000 millones de pesos”. Asegura que sólo en su defensa ha debido pagar servicios jurídicos por sumas superiores a los 2.000 millones de pesos tras la serie de maniobras dilatorias de la contraparte.

Dice que la autoridad quiere obligar al particular a que se someta a un nuevo juicio largo, tenso, demorado, que afecta su patrimonio aún más.

“El Estado procedió con retardo, irregularidad, ineficiencia, omisión o ausencia; teniendo el deber legal de prestar el servicio no actuó y así desamparó al ciudadano usuario, violaron las normas y prevaricaron flagrantemente, con dolo”, dijo Martínez quien el próximo 5 de octubre tendrá la audiencia de conciliación en la Supernotariado.

El documento sostiene que la ORIP Cartagena “se saltó, sin escrúpulos jurídicos, la aplicación obligada de la norma 97 del Código de Procedimiento y Contencioso Administrativo, no podía decretar su revocatoria, o cancelación ni dejarla sin efectos”.

Un hecho relevante fue que la Supernotariado en su página oficial el 3 de noviembre de 2.017, publicó un comunicado de prensa celebrando la cancelación del derecho a la propiedad del ciudadano español.

“El proceso no había pasado de la primera instancia y era la Supernotariado la que debía surtir las siguientes instancias y, si ya prejuzga en su página oficial, ¿dónde están esas garantías básicas de trasparencia e imparcialidad constitucionales que proporcionen seguridad jurídica e igualdad?”, dijeron.

Este no es un caso aislado, la SNR responde procesos por múltiples actos arbitrarios en el país en investigaciones ante los organismos de control y justicia, por corrupción al desconocer el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, CPACA, frente a actos de carácter particular.

La Contraloría General de la República ha dicho que todas las actuaciones administrativas deben ajustarse a ese marco administrativo general, ratificada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2021

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