Director de CASUR denunciado por irregularidades administrativas

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) organización encargada de pagar y administrar los sueldos de los Policías pensionados o sus beneficiarios, hoy se encuentra cuestionada por las acciones de Jorge Alirio Barón Leguizamón, director general quien es denunciado por faltar a la seguridad jurídica de los ciento cuatro mil afiliados que posee esta entidad descentralizada vinculada del sector defensa.
Foto: CASUR

Por William Acero Arango.- La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) organización encargada de pagar y administrar los sueldos de los Policías pensionados o sus beneficiarios, hoy se encuentra cuestionada por las acciones de Jorge Alirio Barón Leguizamón, director general quien es denunciado por faltar a la seguridad jurídica de los ciento cuatro mil afiliados que posee esta entidad descentralizada vinculada del sector defensa.

Desbordadas manifestaciones de inconformidad sobre esta entidad descentralizada CASUR están siendo radicadas por sus afiliados ante el Ministerio de Defensa, Ministerio Público-Procuraduría General de la Nación y Presidencia de la Republica, quiénes han sido condicionados a asumir cargas operativas y técnicas administrativas del sector particular a la hora de implementar la cuestionada plataforma DIBANKA, constituida legalmente al parecer el pasado 18 de mayo de 2020 durante la pandemia.

La Reserva Activa organizada desde las bases, denuncia a la administración de Jorge Alirio Barón Leguizamón, por la falta de igualdad en los criterios de escogencia y selección que por más de ocho años se ha mantenido a la hora nombrar los coordinadores o enlaces de CASUR en las diferentes ciudades del país, con sueldos onerosos, con coincidencia que todos ellos hacen parte del nivel directivo (oficiales), negando la oportunidad en democracia a los veteranos de la Reserva Activa a ocupar estos cargos, quienes conforman la Suboficialidad y el Nivel Ejecutivo quienes en muchos casos acreditan amplios, pergaminos, con un nivel académico superior a los hoy titulares en estos cargos.

Los afiliados a CASUR solicitan al Gobierno Nacional se les haga participe del enfoque de inclusión con una activa participación en todos los procesos que esta entidad adelanta y lidera.

La ley 850 de 2003 reglamenta las veedurías y permite a la Reserva Activa, hacer un seguimiento a los procesos de contratación en particular al contrato PN-DIBIE nro. 08-1-197-16 y al mismo otrosí, los cuales comprometen directamente a la administración de CASUR y al centro vacacional ubicado en la localidad de Melgar, objeto de adecuaciones locativas, único y de exclusivo uso para los oficiales de la Policía Nacional.

La Reserva Activa denuncia la discriminación por más de ocho años de administración de Jorge Alirio Barón Leguizamón, director general CASUR y pide a las autoridades competentes pronta respuesta ante las irregularidades presentadas en esta organización.

Bogotá, D. C, 11 de septiembre de 2020

Fuente CASUR

 

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