Las irregularidades que se esconden en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) van rumbo a convertirse en un gran escándalo de corrupción.
En menos de 48 horas, el ministro de Minas, Tomás González, ha tenido que salir a notificar dos episodios que se pueden transformar en un bumerán económico para el Gobierno.
El lunes, dijo que esperaban que la multinacional energética Repsol no demandara a la ANH por el reciente robo de dos discos duros, del Banco de Información Petrolera.
Allí reposaba información reservada sobre estudios sísmicos, avaluada en más de 17 millones de dólares.
Y este martes, en compañía del presidente de la agencia, Mauricio de la Mora, y del secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Encizo, el Ministro salió a notificar otro acto de corrupción.
González aseguró que han venido encontrando cartas de crédito (una modalidad de pólizas) falsas que respaldan diez contratos estatales por cerca de 48.000 millones de pesos.
Sin dar mayores detalles, por ser parte de una investigación judicial, González aseguró que, por ahora, hay tres empresas involucradas.
Al comienzo del día, fuentes del alto Gobierno le aseguraron a EL TIEMPO que una de las cartas de crédito falsas que se indagan “involucra negocios con la empresa Alange Energy, que tiene varios contratos con la agencia”.
Esta reputada firma luego pasó a ser PetroMagdalena y, meses más tarde, fue adquirida por Pacific Rubiales Energy.
Lo que se quiere establecer con ayuda de las aseguradoras, bancos y la Fiscalía es si se trató de un error a la hora de la expedición de las cartas de crédito o de maniobras fraudulentas para no pagar los seguros que exigen estos multimillonarios negocios.
De hecho, este diario estableció que se solicitó el apoyo de la Superintendencia Financiera para determinar responsabilidades.
Ante las denuncias, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, instó al Ministro a revelar el nombre de las empresas involucradas para que haya “absoluta claridad”. Pero, por ahora, solo se conoce el nombre revelado por este diario.
Lloreda aseguró, además, que el robo de la información es “de extrema gravedad” porque “lastima la confianza entre contratante y contratista y la imagen de Colombia”.
Pero estos episodios no son aislados. Hace tres años, EL TIEMPO denunció el uso de documentos falsos en la adjudicación del Bloque Putumayo 12, que salpicó a la multinacional Montco Energy.
