Foto: Urgente24.

Los conflictos entre EE.UU. y sus socios comerciales escalan y las empresas estadounidenses temen las consecuencias. De ahí que traten de buscar una manera de evitar los impuestos sin provocar el enojo de Donald Trump.

La política proteccionista de Trump ha provocado aranceles punitivos  de parte de los socios comerciales de EE.UU. Como respuesta, el gigante norteamericano ha presentado una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMS). "Estamos estancados en una espiral a la baja", dice David Kotok, fundador de la empresa de administración de bienes Cumberland Advisors. "La guerra comercial ha comenzado". 

En su campaña electoral, Trump prometió ayudar a las industrias estadounidenses en declive, que, según él, son víctimas de prácticas comerciales injustas. Sin embargo, ya las primeras empresas norteamericanas empiezan a sentir las consecuencias negativas de la política comercial de Trump. "En una economía globalizada no hay ganadores en una guerra comercial", sostiene Kotok. 

Sobre todo, se han visto afectadas doblemente multinacionales con cadenas de suministro internacionales. Por un lado, sus productos en el extranjero se vuelven más caros por los aranceles punitivos y, además, menos atractivos en comparación con los productos de competidores locales. Hasta ahora esto ha afectado el whiskey, los pantalones vaqueros y las motocicletas en la Unión Europea. 

El primero de julio también entraron en vigor aranceles canadienses a importaciones estadounidenses por un valor de 16,6 mil millones de dólares estadounidenses (cerca de 14,2 mil millones de euros). 

Como consecuencia se han encarecido el acero y el aluminio procedente de EE.UU., así como otros bienes de consumo, como el café. Tan solo en China se han visto afectados 545 productos estadounidenses, como el maíz, la soja y los automóviles.

Según cálculos de la revista Quartz, bajo esas condiciones, un automóvil de Tesla costaría en China unos 20.000 dólares adicionales. 

Al mismo tiempo, aumentan los costos de producción para empresas locales que, hasta ahora, habían importado materias primas del extranjero, como el acero y el aluminio. En muchos casos, explica Kotok, los comerciantes les pasan la cuenta a los consumidores. 

Entre las empresas afectadas hay gigantes de la industria alimentaria como Campbell Soup, Coca Cola y MillerCoors. Los mismos productores han advertido de los efectos negativos. Simplemente no hay suficiente aluminio estadounidense para cubrir la demanda para la producción de latas, escribió el cervecero MillerCoors en Twitter. A más tardar con la última ronda de aranceles contra bienes de consumo de China, el gobierno afecta directamente a los consumidores estadounidenses.  

A largo plazo, Trump va a afectar a la economía norteamericana, concuerdan economistas. La empresa de análisis financiero Moody Analytics calcula que hasta el próximo verano se podrían perder 700.000 puestos de trabajo. El crecimiento económico disminuirá  y, debido al aumento de los precios al consumidor, crecerá la inflación, cree el economista Kotok. "Las consecuencias se empezarán a reflejar en las cifras en los próximos tres a nueve meses", agrega. 

Las respuestas del sector político y económico no se hicieron esperar. Uno de los lobbies más grandes en Washington, Business Roundtable, advirtió hace pocas semanas que la política comercial de la Casa Blanca estaba "saboteando" el impulso de la reforma fiscal. Jamie Dimon, CEO del banco JP Morgan Chase, dijo a reporteros que los aranceles iban a causar más daño de lo que ayudarían. 

Sin embargo, hasta ahora solo pocas empresas se han pronunciado públicamente al respecto. "Tienen demasiado miedo de provocar el enojo de Trump", dice Kotok. De ahí que la mayoría de las empresas estadounidenses intente, tras bambalinas, amortiguar el impacto de los aranceles. Más de 26.000 firmas han solicitado ante el Ministerio de Comercio ser excluidas de los impuestos a materias primas importadas. Según la agencia Reuters, hasta el 20 de julio habían sido aprobadas 267 de cerca de 26.500 solicitudes y 452 habían sido rechazadas. 

Sobre todo las pequeñas empresas sufren las consecuencias, señala el demócrata Ron Wyden, miembro del Comité Financiero en el Senado, puesto que no pueden pagar a un abogado que defienda sus intereses. Además, la gran mayoría de las solicitudes es rechazada, agrega. 

Washington, D.C., 27 de julio de 2018.-

Por Sophie Schimansky (VT/CP).

 

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