Políticas ambientales no garantizan la calidad de vida en Colombia

“La realidad ambiental de nuestro país presenta toda una gama de carencias que aún la política pública no ha logrado corregir”.
Foto: Canal Institucional

“La realidad ambiental de nuestro país presenta toda una gama de carencias que aún la política pública no ha logrado corregir”.

El contralor general de la república Carlos Felipe Córdoba advirtió que “Las debilidades y carencias que persisten en la política pública ambiental, no garantizan el gran objetivo nacional de contar con un ambiente sano y hacer un uso sostenible de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida actual y futura de los habitantes del territorio colombiano”.

En la presentación del informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente (IERNA 2019-2020), Córdoba destaca que se mantienen debilidades de la institucionalidad ambiental en la administración, control y monitoreo de los recursos naturales y del ambiente, así como reducción de recursos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2021.

“Vacíos en la exigibilidad de permisos de investigación científica, deficiencias técnicas y baja capacidad de las autoridades ambientales de hacer presencia en todo el territorio, escasa planificación de las áreas protegidas, incapacidad de las autoridades ambientales en el ejercicio de su potestad sancionatoria y en el seguimiento a las medidas compensatorias de los agentes que intervienen los ecosistemas”, son debilidades institucionales que agravan las políticas en materia ambiental.

Señala el informe que con las anteriores falencias se ha incrementado la carga de pasivos e impactos ambientales con la contaminación de las cuencas hidrográficas y pérdida de recursos hidrobiológicos. También el precario estado de los ecosistemas marinos y manglares,  el aumento de la deforestación, bajo cumplimiento de la norma ambiental vigente en materia de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

Para la Contraloría, “La realidad ambiental de nuestro país presenta toda una gama de carencias que aún la política pública no ha logrado corregir”.

Fuerte reducción presupuestal

El informe es contundente en destacar que al igual que en la vigencia 2018, el presupuesto para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible del 2019 presenta reducción. “En esta oportunidad de $83.017 millones (-12%) frente al año inmediatamente anterior, al pasar de $705.620 a $622.602 millones, lo que para la CGR significa que la inversión se está asignando de manera inversa al crecimiento de la problemática y los retos ambientales que afronta el país”.

De acuerdo al organismo de control el rubro para inversión, que es el que financia los programas y proyectos para la protección del medio ambiente, muestra una fuerte caída del 21% respecto al año 2018, situando este sector como uno de los más desfavorecidos de la agenda pública nacional.

Se concluye la ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR para el cumplimiento de sus objetos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos, destacando que los ingresos definitivos de las CAR para la vigencia 2019 ascendieron a $3.719.264 millones, no obstante, solamente se apropiaron $3.552.312 millones, o sea el 95%. 

La CGR considera relevante la iniciativa para reformar a las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible, propuesta que cursa en el Congreso de la República  y que incluye la unificación del manejo presupuestal de estas entidades, porque la ausencia de homologación ha contribuido a la ineficiencia en la ejecución de los recursos públicos para preservar el medio ambiente.

Impuesto al carbón ineficaz

Otro de las falencias que se destaca en el informe señala que “después de cuatro años de la creación del impuesto al carbono y de la autorización de actividades alternativas por la no causación del gravamen, se observa que ninguna ha tenido avances importantes que redunden en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero”. 

En la disminución de la deforestación también es negativo el informe. “Dicha falencia va en contra de la firma del Acuerdo de París de 2015, donde Colombia se  comprometió a llegar al cero por ciento de la deforestación neta en 2020. Sin embargo, no existen cifras claras sobre el avance hacia esa meta porque no existe un reporte oficial del IDEAM. En 2018 el área deforestada era de 197.159 hectáreas.

Incluye además la falta de control en las colecciones biológicas y rigurosidad de protección sobre la riqueza biológica del país, lo que puede generar una pérdida genética incalculable como resultado de procesos de patentes resultado de la biopiratería.

Sostiene en el informe que la Autoridad Nacional Pesquera advirtió que entre los años 1975 al 2016 el recurso pesquero del Río Magdalena ha disminuido hasta en un 70%, especialmente de especies como el bagre rayado, el nicuro y bocachico, entre otras, perdiendo su capacidad de proveer la dieta alimenticia a los moradores del área de influencia del río patria.

Bogotá, 5 de septiembre de 2020

Redacción Ecos Ecología.

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