Asesinatos de Ambientalistas rompen límites

Al menos 207 activistas medioambientales fueron durante 2017, "el peor año del que se tiene registro", según la organización Global Witness. Y América Latina encabeza la estadística.

De acuerdo con el informe de Global Wittness, el 60% de los asesinatos, cometidos en 22 países, tuvieron lugar en América Latina. A nivel global, Brasil registró un total de 57 activistas ambientales asesinados, la "mayor cantidad de asesinatos que cualquier otro país en la historia". Le sigue Filipinas, con 48, mientras que en México y Perú aumentaron significativamente los asesinatos, al pasar de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente.

La organización que, en 2016 registró un total de 200 ambientalistas asesinados, señaló que la cifra de 2017 puede ser todavía mayor a los 207 casos consignados en su informe, debido a los "severos límites" en la información disponible.

La ONG indicó que entre las víctimas figuran líderes indígenas, dirigentes comunitarios y defensores del medioambiente, quienes son asesinados o sometidos a amenazas de muerte, arrestos, ciberataques, agresiones sexuales y demandas judiciales.

El Informe de Global Witness, presentado en Londres, constató que durante el pasado año aumentaron significativamente los asesinatos relacionados con la "agricultura destructiva", que "acapara tierras" para cultivos como el aceite de palma, destinados al comercio de "productos de consumo" y uso diario.

El documento, titulado "¿A qué precio?",  indica que por primera vez el sector agrario adelantó en todo el mundo al minero para convertirse en el más sangriento, con, al menos, 46 asesinatos relacionados con esta actividad.

La resistencia ante la caza ilegal también aumentó su peligrosidad en 2017, cuando se registró la cifra récord de 23 asesinatos, la mayoría de ellos de guardabosques en el continente africano, revela el informe de Global Witness.

Asimismo, la ONG vinculó a las fuerzas de seguridad de los países afectados con 53 del total de homicidios, mientras que "actores no estatales", como bandas criminales, estuvieron implicados en 90 asesinatos.

"Activistas locales están siendo asesinados, mientras los gobiernos y las empresas dan prioridad a la obtención de ganancias rápidas sobre la vida humana. Muchos de los productos que surgen de este derramamiento de sangre pueden encontrarse en los estantes de los supermercados", denunció en un comunicado Ben Leather, responsable de las campañas de Global Witness.

"Las valientes comunidades que se enfrentan a los funcionarios corruptos, a las industrias destructivas y a la devastación ambiental, son brutalmente silenciadas. Basta ya", señaló el comunicado.

El informe también expone, sin embargo, que en los últimos dos años se han dado "pasos positivos", como leyes nacionales para proteger a las personas defensoras de DD.HH. adoptadas en Burkina Faso y Malí. También menciona los permisos otorgados por el Presidente Lenín Moreno, de Ecuador, a organizaciones defensoras que fueron cerradas por la gestión anterior, así como la derogación en Brasil de una norma que obligaba a comunidades indígenas que reclamaban sus tierras, a probar que las estuvieron ocupando en 1988, cuando el país ratificó su Constitución actual.

"Estos ejemplos no representan necesariamente las mejores prácticas; pero nos dan una idea de lo que se puede hacer y de dónde se puede tomar impulso", señala el documento.

Londres, 27 de julio de 2018.-

Por Redacción Ecos Ecología.

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