El magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas paró un embargo ordenado por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Barranquilla, por considerar que es una medida desmedida y que pone en riesgo la salud de miles de usuarios en el sistema de salud en Colombia.

El magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas paró un embargo ordenado por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Barranquilla, por considerar que es una medida desmedida y que pone en riesgo la salud de miles de usuarios en el sistema de salud en Colombia.

El magistrado Rojas destaca que las cuentas maestras son inembargables porque tienen recursos destinados al sistema de salud, y estas deben garantizar la atención a los colombianos.

Se trata de una deuda de Coomeva EPS de $2.000 millones con la firma Sabbeg Radiología, lo que originó un proceso ejecutivo.

El caso llegó al Juzgado en mención y el juez consideró que el problema se solucionaría embargando una cuenta maestra por un valor de $53.000.000.000, recursos destinados en su mayoría a pacientes de alto riesgo, con enfermedades como cáncer.

El magistrado Rojas consideró que no es apropiado, sin embargo enfatizó que “el decreto de medidas provisionales no significa en manera alguna un prejuzgamiento sobre la controversia, pues no debe entenderse como una medida anticipatoria del sentido del fallo, sino como un mecanismo dúctil orientado a propiciar la efectividad de la protección de los derechos”, señala en el auto.

Rojas teniendo en cuenta la garantía del derecho a la vida, con dicha medida, instó al Banco AV Villas para que en un tiempo perentorio de 24 horas que se tienen en cuanta a partir de la notificación de la misiva, proceda a adoptar la medidas para desbloquear las cuentas maestras abiertas por Coomeva EPS y administradas por la Administradora de Recursos del Sistema de Salud, Adres.

También ordenó al Juzgado 15 Civil del Circuito de Barranquilla abstenerse de ordenar la entrega de títulos de depósito judicial a cualquiera de los ejecutantes y/o sus apoderados en el proceso ejecutivo.

Freno al abuso y al derecho fundamental de la salud  

La Red Nacional de Veedurías, que ya había denunciado la gravedad de este tipo de embargos e incluso la existencia de un posible cartel de embargos, celebró la decisión del magistrado.

“La Corte Constitucional le pone freno al abuso de los recursos, protegiendo el derecho fundamental a la salud y la vida de los afiliados a Coomeva, al igual que el patrimonio público”, señaló el veedor Pablo Bustos.

Luego de las denuncias realizada por la Red de Veedurías, la Procuraduría le pidió explicaciones a otro de los jueces señalados de supuestamente ordenar embargos, al parecer irregulares. La Procuraduría General de la Nación le pidió al Juzgado 35 Civil de Bogotá explicaciones sobre la manera en la que se estarían adelantado algunos procesos. El ente de control, el primero de septiembre, envió una carta en la que indicó que según el marco legal algunas cuentas son inembargables sobre todo si el dinero proviene de los recursos generales de participación.

Bustos indicó que ese dinero embargado pone en riesgo la vida de 20.000 pacientes con cáncer y otras patologías de alta complejidad. Al parecer, en el despacho del juez 35 estarían cursando alrededor de 67 procesos relacionados con el sistema de salud. “Algunos ejecutivos y algunos pocos declarativos, en donde se han decretado medidas cautelares, el cual tendría como propósito presentar demandas millonarias que terminan con frecuencia en manos de los mismos jueces y despachos judiciales“, indicó la Procuraduría basándose en los hechos de relevancia denunciados.

Embargos desmedidos

La Red de Veedurías se refirió a varios casos que tienen que ver con el mismo tema y que involucra a la EPS Medimás que tiene una deuda con Global Life Ambulancias S. A. S., firma que inició un proceso de embargo por $48.000 millones. “El monto es 24 veces superior a la deuda, algo exagerado; los bancos solo embargarían un 100 % más, es decir, 4.000 millones”, advierte Bustos.

Bistos señaló que otro tema que llama la atención es que dicha firma está tratando de contratar con el Ejército colombiano.

¿Así van a actuar con la salud de los uniformados?”, se preguntó Bustos.

Según la Reed Nacional de Veedurías, el tema es tan delicado y de tanta gravedad que ya la Comisión interamericana de Derechos Humanos, CIDH, está enterada del tema para garantizar los derechos de los usuarios del sistema de salud en Colombia.

Bogotá, D. C, 9 de septiembre de 2021

Redacción Ecos Salud

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