Ante el fallo del Tribunal Administrativo del Chocó, en el cual se dejó en firme el traslado de 763.000 usuarios de la EPS Barrios Unidos de Quibdó, más conocida como AMBUQ, hoy 10 EPS que no se encuentran bajo ninguna medida administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, cuentan con la responsabilidad de garantizar los servicios de salud de esta población y con esto se deja en firme la resolución 1214 de febrero de 2021 emitida por el ente de control en comento, lo cual confirma la intervención forzosa para liquidar y la toma de posesión de los bienes y haberes de AMBUQ, entidad que traía una medida de vigilancia especial hace mas de 4 años.
¿QUE SIGUE AHORA?
La EAPB, Entidad Administradora de Planes de Beneficios Coomeva, desde el año 2016 se encuentra en Medida de Vigilancia Especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, institución que debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control de los agentes del sector, para que cumplan, en igualdad de condiciones, los fines constitucionales encomendados. No obstante, y después de casi 5 años la Supersalud pareciera extender un manto de duda sobre su imparcialidad y las diferencias de criterio que tiene en cuenta para efectos de evaluar a las EPS.
Por: Alfredo Serrano Zabala, escritor y periodista.
Mientras uno de los grandes defraudadores del Sistema de Salud de la nación, Guillermo Grosso Sandoval, expresidente de la liquidada EPS Cafesalud, era recapturado el pasado jueves 29 de abril de 2021, cuando salía de la cárcel La Picota de Bogotá, según la Fiscalía, por la modificación de contratos suscritos por $195.000 millones de pesos con dos IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), y determinar que Grosso alcanzó a recibir dádivas por $2.496 millones de pesos por parte de las IPS, hoy a Fabio Aristizábal, poderoso Superintendente Nacional de Salud, se le acusa de defender de manera indebida los intereses de EPS como: Coomeva, entre otras.
Grosso, es la misma persona que en un audio de conocimiento público, dialoga con Fabio Aristizábal Ángel el Supersalud, sobre el mecanismo delincuencial que maneja los hilos de la salud en Colombia. Ahora nuevas denuncias ciudadanas acusan a Aristizábal, de estar intercediendo de manera irregular, a favor de los intereses de la EPS Coomeva.
Actualmente la EPS Coomeva, tiene embargados $53.563.824.953 millones de pesos, recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, medida tomada por un Juzgado del Circuito de Barranquilla, ante proceso que promovió la empresa Sabbag Radiólogos S.A. en donde se acumularon las demandas de otras diez y ocho entidades afectadas como: la Clínica de la Asunción, Medicuc IPS L.tda, Fundación Somma y la Organización Clínica Bonnadona Prevenir S.A.S, entre otras.
El embargo, que impide que la EPS Coomeva pueda pagar la red de prestación de servicios suma dos meses y medio, y si no hay pago, la red no presta el servicio, entretanto algunos afiliados fallecen por falta de atención. A la fecha, la EPS Coomeva, ha presentado problemas para pagar las nóminas de los meses de marzo y abril de 2021, generando renuncias motivadas en momentos en los que el país no aguanta una más, esto en razón a que no tiene con qué, y el Superintendente, Fabio Aristizábal, no procede a tomar medidas de fondo frente a la EPS en mención.
Ahora bien, es de conocimiento público que la EPS Coomeva, para solventar la crisis, se ha venido apalancando mediante una estructura de factoring y algunos de estos recursos, presuntamente han sido desembolsados por el banco Coomeva (otra empresa del Grupo Coomeva), generando de antemano un posible riesgo financiero y económico, pues los recursos captados de un banco, en su gran mayoría son de los cuentahabientes. De ser intervenida la EPS Coomeva sería un asunto muy grave para todas las empresas del Grupo Coomeva, porque deben responder de manera solidaria por las obligaciones generales adquiridas por la EPS Coomeva, la cual tiene a la fecha, una deuda cercana a los dos billones de pesos.
Ésta investigación encontró que el Superintendente Nacional de Salud, no está midiendo con el mismo racero a todas las EPS en Colombia y mientras interviene a unas con toda severidad, hasta su liquidación, para generar una migración de usuarios hacia EPS de su predilección, está favoreciendo a otras.
Y para él caso de la EPS Coomeva, el propio Estado está interviniendo de manera irregular, a través del Ministerio de Salud, de Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad), de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la propia Superintendencia Nacional de Salud, con sendos reclamos escritos, ante el Juzgado del Circuito de Barranquilla, el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que tumben la tutela que permitió el embargo, abogando de manera indebida, por los intereses de la EPS Coomeva, al parecer tratando de ocultar ante la opinión pública un descalabro descomunal, en plena pandemia, aspiración que sucumbió ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la sentencia.
Hoy la EPS Coomeva registran pésimos indicadores. y lleva dos meses sin poder compensar, eso significa sin poder recibir los recursos de las afiliaciones a través del recaudo mensual, recursos que son consignados para que la ADRES pueda repartir el dinero. Todas las EPS tienen giro directo y Adres gira a las IPS, dependiendo de las postulaciones que realizan las EPS, sin embargo y de acuerdo a que COOMEVA se encuentra inmersa en una medida de vigilancia especial, tiene como obligación, girar hasta el 80% de los recursos compensados, a través de la metodología de giro directo. En consecuencia, Coomeva lleva sesenta días con un deficit de giro a su red prestadora y nadie se ha preguntado: ¿por qué ese apoyo de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Supersalud, la Adres y el Ministerio de Salud a la EPS Coomeva, ¿Qué pasa con las quejas, se mantienen igual o se están escondiendo?, ¿será que todas las otras EPS reciben el mismo tratamiento?
Entonces sin red, a las IPS y a los hospitales les cierran hasta las urgencias, porque las deudas ascienden a 15 y 20 mil millones de pesos por prestador. La EPS Coomeva hace varios meses viene presentando problemas de impago. La cartera de la EPS Coomeva viene atrasada, en promedio, en seis meses y hasta un año con algunos prestadores. En todas las mesas de la Supersalud, y de conciliación, la EPS Coomeva ha presentado fórmulas de arreglo hasta de 48 meses. Ya no les creen, por eso los demandantes se juntaron en bloque para reclamar ante la justicia ordinaria.
Hoy la EPS Coomeva incumple con los indicadores mínimos de habilitación de operación y a pesar de ello el Supersalud no actúa ante un flagrante favoritismo. Se infiere de lo anterior, que el Supersalud, Fabio Aristizábal maneja los indicadores a su arbitrio y abiertamente favorece a EPS como Coomeva, ocultando indicadores siniestrados, desviando la atención, o interviniendo otras EPS.
En el sector de la Salud se asegura, que el Superintendente Fabio Aristizábal se lleva en la denominada, migración de usuarios, a miles de afiliados y se los entrega a EPS amigas. Por ejemplo, la EPS Coosalud, que en los últimos cinco años estaba tenía serios problemas de continuidad ahora se convirtió en la segunda EPS objetivo para el traslado de usuarios, esto en los últimos 3 años, pues ha recibido, de manera inexplicable, más de un millón de usuarios durante la administración del Fabio Aristizábal como Supersalud.
¿Qué va pasar con Coomeva?, ¿y qué pasará con el Banco Coomeva, si llegara a estar comprometido en un apalancamiento financiero con recursos del público a favor de la EPS Coomeva? La EPS Coomeva tiene actualmente un millón y medio de afiliados y las múltiples quejas en la calle de los usuarios, son diarias.
Coomeva EPS en respuesta del 4 de mayo de 2021, al fallo que negó la solicitud de levantamiento de embargo de sus cuentas maestras, elevó una solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud, advirtiendo que los efectos que representan para Coomeva EPS, su red de prestadores y el impacto en la prestación de servicios de salud, la decisión judicial generá un gran riesgo para la operación diaria de la EPS.
Bogotá, D. C, 19 de mayo de 2021
