Por Luis Fernando García Forero.- La firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena de Indias, que culminó con más de 50 años de guerra y que ha sido catalogado como uno de los actos políticos más importantes de nuestra historia republicana, cumple cuatro años este 26 de septiembre, pero es una efemérides que tiene preocupado a muchos sectores de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, puesto que ese paso trascendental que dejó en el pasado una inmensa mancha de sangre, se está truncando por la polarización política y el recrudecimiento de la violencia en zonas urbanas y rurales del territorio nacional.
Los diferentes foros de la democracia, empezando por el Congreso de la República, son a diario escenarios de altas controversias entre militantes de partidos que apoyan al Gobierno y los de la oposición, que se refleja no solo en las sesiones virtuales de Senado y Cámara, sino en los medios de comunicación y en las redes sociales donde los ciudadanos, en párrafos con videos y ofensas, en uno y otro sentido, alimentan aún más las posiciones extremas de nuestro Estado Social de Derecho.
Dicho Acuerdo de Paz, cuyas negociaciones se iniciaron en La Habana el 26 de agosto del 2012 y concluyeron el 26 de septiembre del 2016, giraron en torno a una reforma rural, participación política, cese al fuego y hostilidades bilateral, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y los mecanismos de implementación y verificación. De estos temas, además de la firma del fin del conflicto, la participación política de los excombatientes, implementación de lo pactado, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha tenido contradictores en la aplicación de sus objetivos, es lo que ha ha funcionado; el resto, aún está pendiente.
Pero la firma de ese fin del conflicto, que dejó 261.619 muertos, de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica y que llenó de optimismo a millones de colombianos con el aplauso de la comunidad internacional, empezó a flaquear por una decisión política, pero de una inmensa vocación democrática de Juan Manuel Santos que resultó inversamente proporcional a la paz: una consulta popular para refrendar lo pactado le resultó en contra: el 50,2% votó No al Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, por el 49.7% que votó por el Sí, con una abstención de más del 60%.
El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, encabezó la campaña por el No al Acuerdo que resultó ganador en las urnas, con el argumento que no se podía aceptar esa negociación porque llevaba a la impunidad a exguerrilleros que habían cometido delitos de lesa humanidad.
Génesis de la Polarización
La campaña entre los del Sí y los del No fue el génesis, desde el punto de vista político, de la polarización y que aún estamos viviendo en Colombia. El Gobierno de entonces encabezó la defensa del Acuerdo mientras que la oposición se limitó a buscar adeptos en las urnas para negar lo firmado en Cartagena de Indias como resultado de las negociaciones de La Habana.
"Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca", dijo Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No del Centro Democrático, al señalar que la estrategia usada para ganar el plebiscito fue basada en mensajes de indignación compartidos especialmente en redes sociales y con objetivos para cada estrato social.
La pregunta para responder ante las urnas era: ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?
La comunidad internacional se preguntaba ¿Cómo es posible que un país rechace un acuerdo que le puso fin a un conflicto armado con más de medio siglo y que la costó la vida a más de 200.000 personas en un pacto que fue negociado arduamente durante cuatro años?
Ante esas circunstancias el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el premio Nobel de la Paz, tuvo que "renegociar" el Acuerdo, considerando las objeciones de los opositores para poder viabilizar el esfuerzo de cuatro años de negociaciones.
Santos decidió convocar a todas las fuerzas políticas, lo que se denominó el Gran Diálogo Nacional, cuyo propósito fue establecer un canal de conversación que permitiera buscar puntos de encuentro y determinar el camino a seguir para hacer viable la apuesta por la paz. Los protagonistas de los diálogos fueron las organizaciones sociales y étnicas, grupos de víctimas, mujeres, jóvenes, sindicatos, todos los partidos políticos, autoridades locales, representantes de iglesias, empresarios, militares retirados y otros actores que hicieron campaña por el NO, así como aquellos que promovieron el SÍ.
Fue así como el 24 de noviembre de 2016 se realizó en el Teatro Colón en Bogotá la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera por parte del presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño.
Implementación a medias
El desarrollo de la implementación del Acuerdo no ha sido el esperado porque no se ha aceptado, por parte de ciertos sectores adeptos al actual gobierno, que el desarrollo de la verdadera figura jurídica sostén del pacto firmado: la Justicia Transicional, avance, tema que es parte de la polarización.
El trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, está catalogado como el corazón y la razón no solo de la firma del fin del conflicto, sino de abanderar jurídicamente el camino de la reconciliación con base en la verdad, justicia y la reparación de las víctimas. La JEP es la protagonista para aplicar justicia a los actores de esa guerra: excombatientes de las Farc, Militares y Policías, así como agentes del Estado y que tuvieron que ver con sus actos en el conflicto armado.
El afán para acabar con la JEP, desde sectores políticos adeptos al Gobierno, ha sido constante, pero no han podido. En medio de las críticas, es un tribunal que sigue empeñado en lograr sus objetivos y donde por estos meses ha estado recibiendo declaraciones de exdirigentes de la extinta guerrilla que han respondido a temas como el reclutamiento de menores y el secuestro, del cual reconocen que fue un error, por eso pidieron perdón.
Polarización y violencia
Cuando se cumplen 48 meses de la histórica firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc hecho que dio inicio a una esperanza que le cambiaría el rumbo a la patria, lo que se observa es todo lo contrario: polarización política, masacres, decretos con fuerza de ley cuestionados porque se ha beneficiado a unos sectores más que a otros, donde la pobreza aumenta en medio de muertes por el coronavirus y el abuso de la fuerza policial deja sin vida a ciudadanos inocentes, son más indicadores que señalan que el Acuerdo está ausente de Paz.
Desde el ámbito político, la administración del Gobierno Duque ha fortalecido aún más el sistema presidencialista, como se pudo observar con la designación de los jefes de los máximos organismos de control: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que giran en jurisdicción del Ejecutivo.
No hay control verdadero porque no hay consenso para el dialogo, por eso las protestas que se están generando en las calles de las principales urbes del país terminan en acciones vandálicas y en muertos inocentes, participen o no, de las manifestaciones. De otra a parte desde la firma del fin del conflicto han caído asesinados más de 200 exguerrilleros de las Far que entregaron las armas e ingresaron a la democracia, como producto del Acuerdo.
Los fallos de los altos tribunales, como el de la Corte Suprema de Justicia, que instó al Gobierno a garantizar el derecho a la protesta “pacífica y no destructiva”, lleva a que la respuesta del Ejecutivo sea la de pedirle a la Corte Constitucional que revise dicha sentencia.
Vamos mal. Los líderes de las fuerzas políticas, de partidos de Gobierno y Oposición, dejan el eco del tome y dame verbal en las plataformas virtuales de las sesiones de Senado y Cámara, lo mismo en las corporaciones regionales y territoriales, advirtiendo que el presente político es un campanazo para la campaña electoral a iniciarse en el 2021, ya que no va a tener las garantías ni para los candidatos ni para los votantes. Las cifras lo dicen: en lo que va corrido del 2020, han ocurrido 248 actos violentos contra dirigentes políticos y sociales, destaca la Misión de Observación Electoral, MOE. Entre tanto desde la firma del Acuerdo, han asesinado a 220 excombatientes de las Farc que hicieron dejación de armas e ingresaron a la vida civil.
Dos artículos de la constitución dan las suficientes herramientas al Gobierno para un dialogo con todas las fuerzas políticas que permitan un consenso y enderecen el camino de la reconciliación en Colombia: Que el jefe de Estado es el símbolo de la Unidad Nacional y que la paz es un mandato constitucional. Eso se debe cumplir.
Bogotá, D. C, 24 de septiembre del 2020
