La Comisión Primera del Senado aprueba en primer debate el proyecto de Acto Legislativo presentado por Salvación Nacional para adelantar el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 2028 y redefinir las competencias de la justicia ordinaria.
Bogotá, D. C, 29 de octubre 2026.
Por Luis Fernando García Forero. – Una tela negra empieza a redondearse sobre las columnas del Capitolio Nacional de Colombia. Por ahora no hay una marcha fúnebre retumbando en los pasillos del legislativo, sino el murmullo acelerado de un debate cuyo escenario fue la Comisión Primera de Senado que aprobó la ponencia para ir desapareciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decisión que se convierte en la primera estación de un vía crucis institucional, cuyo réquiem empieza a hacer eco en el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras.
Con el primer visto bueno al proyecto de Acto Legislativo, impulsado por el senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, arrancó formalmente el réquiem de la JEP, institución que nació en 2016 como la columna vertebral que ha sostenido en pie el histórico Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC.
Hay que recordar que el contexto de la JEP, incrustada en la Constitución, es el “componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 en el conflicto armado colombiano”.
El proyecto que ya pasa a la plenaria del Senado, en su primera vuelta, busca asestar un golpe de reloj: recortar la existencia transicional del tribunal para fijar su límite de caducidad en el primer trimestre de 2028, clausurando prematuramente los cinco años de prórroga que le restaban. Además, abre las puertas para que la Corte Suprema de Justicia revise las condenas de uniformados que decidan no aceptar responsabilidades ante la justicia transicional, al tiempo que encarga a jueces ordinarios resolver tutelas bajo las reglas del régimen de transición.
Aunque a la iniciativa le restan siete debates, tres en Senado y cuatro en Cámara, para convertirse en otra reforma a la Constitución de 1991, el ‘tufo a marcha fúnebre’ ya se respira en los pasillos de la política nacional.
Bancadas en el cortejo fúnebre
En la marcha hacia este foso legislativo, los bloques políticos han marcado con rigor sus posiciones: Los sepultureros del modelo encabezados por Salvación Nacional, las bancadas del Centro Democrático y las fuerzas oficialistas que respaldan al Gobierno, celebran el paso. Argumentan que la JEP ha extendido un manto de impunidad y una asimetría injusta contra la Fuerza Pública, asegurando que recortar sus plazos restituirá la soberanía a la justicia ordinaria.
Desmonte sistemático
En la acera opuesta, dentro de las columnas del Capitolio, el Pacto Histórico, sectores del Partido Liberal y corrientes progresistas que heredaron el legado del Gobierno de Juan Manuel Santos, denuncian un desmonte sistemático de la JEP. Para ellos, cortar la vida del tribunal no es un ajuste técnico, sino la eutanasia programada de un compromiso, no de un Gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos y que recibió el premio Nobel de Paz, sino, que es un compromiso de Estado.
Heridas a víctimas y frente internacional
Cercenar el tiempo y las competencias de la JEP representa un sismo cuyos escombros caen directos sobre las víctimas del conflicto armado, de parte y parte. También sombras sobre la verdad ya que cerrar las puertas de la JEP antes de culminar sus ‘macro-casos’ significa sepultar la oportunidad de que los comparecientes rindan cuentas detalladas sobre los hallazgos de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales y secuestros.
Es una alarma en la comunidad internacional porque dicho tribunal transicional fue respaldado por las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional (CPI) como un modelo vanguardista de justicia restaurativa.
Los críticos de la iniciativa destacan que acelera su defunción y emite una señal de inestabilidad jurídica que erosiona la fe de los cooperantes y expone al Estado a intervenciones del tribunal de La Haya por eventuales vacíos de impunidad.
Retroceso de los acuerdos
El principio de pacta sunt servanda (lo pactado obliga) queda en entredicho. Al alterar unilateralmente las reglas de juego constitucionales a mitad de camino, se dinamita la confianza de los firmantes de paz que depusieron las armas bajo un marco de garantías que hoy, desde el Congreso, se pretende desmantelar.
Conciencia nacional
Un país que desentierra el hacha para cortar de raíz sus propios acuerdos de paz para lograr la reconciliación, está condenado a revivir sus viejas pesadillas. La paz de Colombia no es una página de paso en la agenda partidista de un gobierno de turno, ni un capricho de borrador que se pueda tachar con la ligereza de una pluma legislativa. Es un patrimonio supremo conquistado tras décadas de dolor y sangre.
Si el Congreso permite que las mayorías coyunturales le den sepultura a la columna vertebral de la justicia transicional, no estará clausurando un tribunal: estará firmando el acta de defunción de la palabra empeñada ante el mundo y ante millones de víctimas.
Ninguna enmienda ni decisión del recinto parlamentario puede ponerse por encima del sagrado derecho de una nación a vivir en paz.
La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento según el Artículo 22 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
