El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio a conocer aspectos fundamentales de lo que será el proyecto ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales, con el objeto de someterlas a la justicia dentro de la propuesta del gobierno de alcanzar una paz total.
La iniciativa crea mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo.
El proyecto que consta de 54 artículos, contempla penas sustitutivas para quienes se acojan, que serán entre 10 y 12 años, divididas en dos partes: la primera, de cárcel efectiva entre 6 y 8 años sin ningún beneficio; y cuatro años de pena restaurativa.
“Las personas que se acojan a esta oferta del Gobierno tendrán penas privativas de la libertad en cárceles ordinarias impuestas por las autoridades judiciales ordinarias, de acuerdo con los procedimientos que están previstos en la ley (…) es decir, justicia ordinaria, sanciones efectivas de prisión”, señaló en rueda de prensa el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Según el ministro Osuna, el periodo restaurativo que indica la ley funcionará como una “especie de libertad condicional”, con actividades de reparación con las víctimas y “restauración del tejido social”.
Destaca que para el tratamiento penal aplicable a los integrantes de las estructuras armadas organizadas, “será diferenciado según la gravedad de las conductas y el grado de intervención de quienes han tomado parte en ellas”.
De acuerdo con el proyecto, podrán acogerse organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas que estén organizadas en una estructura jerárquica y/o en red. Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo.
También que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, que estén con funciones en una o más economías ilícitas.
Dicha iniciativa no contempla a grupos y organizaciones armadas rebeldes que poseen un carácter político, con las cuales el Gobierno actualmente adelanta diálogos de paz, como por ejemplo lo que se viene adelantando con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Los aspectos fundamentales fueron daos a conocer además del ministro Osuna, por el senador Ariel Ávila y el representante Alirio Uribe, quienes serán congresistas fundamentales y ponentes en el trámite de dicha iniciativa en el Congreso.
Bogotá, D. C, 16 de febrero de 2023
Redacción Ecos Actualidad