El Gobierno Nacional, a través de mecanismos jurídicos, inició la persecución de los traficantes de cédulas y votos en todo el territorio nacional, con miras a darle garantía y claridad al proceso electoral que se llevará a cabo el 25 de octubre, donde los colombianos elegirán a sus gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.
Con la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría vamos a perseguir esas mafias para meter a la cárcel a los traficantes de cédulas que pretenden alterar la voluntad de muchos de los municipios”, aseguró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Un decreto es la medida que le permitirá a todas las instancias del Estado el cruce de información suministrada por el elector a la Registraduría en el momento de la inscripción con las bases de datos del SISBEN, DNP, FOSYGA, ANSPE, Unidad de Víctimas, DPS o entidades responsables del manejo de datos para que el Consejo Nacional Electoral tome la decisión correspondiente.
Según lo establece el decreto, para la efectiva verificación de la residencia del elector las entidades del Estado deben colaborar con la respectiva información al Consejo Nacional Electoral.
Igualmente determina que las inscripciones realizadas desde el 25 de octubre del 2014 sean verificadas, para lo que el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus competencias, fije los criterios que definan el “fenómeno de la trashumancia histórica” y la verificación de datos con el fin de que solo los ciudadanos residentes en el municipio participen en el proceso electoral.
Las decisiones del Consejo Nacional Electoral tendrán carácter policivo administrativo y son de cumplimiento inmediato “sin perjuicio de los recursos que legalmente procedan”.
