El Gobierno Nacional dio el primer paso para ‘curarse en salud’ respecto a los contratos con la firma constructora Odebrecht, que está cuestionada por escándalos de corrupción en Brasil y que tiene varias obras de infraestructura en Colombia, entre ellas la recuperación de la navegabilidad del río de la Magdalena.
El Ministerio de Transporte, la secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República y la Agencia Nacional de la Infraestructura, le pidieron a la Sala de Consulta del Consejo de Estado la aclaración sobre la aplicación de la ley 80 de contratación pública, en el caso de la captura por orden judicial que se aplicó en Brasil.
La petición cuenta de tres aspectos fundamentales: que el artículo 58 de ley 30, en su enciso 6, no es claro si la medida de inhabilidad debe ser adoptada por decisión judicial de autoridades nacionales o también opera para internacionales.
Así mismo, si la medida de aseguramiento decretada contra el presidente de la compañía Odebrecht, Marcelo Odebrech y Otávio Acevedo, está en firme y debidamente ejecutoriada y si eventualmente la inhabilidad de los contratos a esa compañía , podría afectar al Estado colombiano en riesgo de afrontar un multimillonario litigio por el contrato firmado y que asciende a unos 2000 millones de dólares.
El Gobierno esperará el pronunciamiento de las autoridades de cada uno de los países en los que se desarrollaron los hechos, para tomar una decisión objetiva y ajustada a la ley.
De otra parte La Ministra de Transporte Natalia Abello, aseguró que han venido revisando la situación de las firmas de Panamá, Brasil y Ecuador con respecto a los contratos que tienen en Colombia y agregó que "Si bien estas firmas tienen problemas legales en otros países, en Colombia las contrataciones se han hecho bajo los parámetros y regulaciones que exige la ley".
