$40.5 billones para salvar a 71% de colombianos por Covid-19

Así lo plantean más de 50 senadores quienes tienen lista una proposición para la plenaria virtual de la corporación, de este miércoles 13 de mayo, donde plantean que el Gobierno y Congreso, a través de un acuerdo nacional, permita a las dos ramas del poder público trabajar de la mano para superar las amenazas y el daño que trae a la nación la pandemia COVID-19.
Foto: Leonardo Vargas Mendoza. Ecos.

Por Luis Fernando García Forero.- Así lo plantean más de 50 senadores quienes tienen lista una proposición para la plenaria virtual de la corporación, de este miércoles 13 de mayo, donde consideran que el Gobierno y Congreso, a través de un acuerdo nacional, permita a las dos ramas del poder público trabajar de la mano para superar las amenazas y el daño que trae a la nación la pandemia COVID-19.

“Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía”, es el título de la propuesta respaldada por los senadores de las bancadas independientes y de la oposición donde establecen:

1.-Un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis y

2.- Una transferencia de un salario mínimo ($877.000) a los 9.5 millones de hogares pobres y vulnerables que tiene Colombia. Esta medida cubrirá a 31 millones de personas.

Argumentan en la propuesta que las fuentes de financiación inmediatas para cumplir con dichos objetivos, en un plazo de 3 meses, están: Ampliar el impuesto al patrimonio, reasignar gastos del presupuesto nacional: llevar a este plan de urgencia los recursos de transferencias monetarias existentes; reducir los gastos de funcionamiento que no sean indispensables, los recursos de proyectos aplazables y los cancelados como consecuencia de la emergencia, los recursos disponibles en el FOME (en particular, los recursos de los títulos de solidaridad).

De la misma manera incluyen el recaudo del impuesto solidario COVID-19 creado mediante el Decreto 568 del 2020, suspender con efecto inmediato los beneficios tributarios aprobados en la Ley 2010 de 2020, Ley de Crecimiento Económico y solicitar un crédito directo al Banco de la República, garantizado en reservas internacionales, en desarrollo del artículo 373 de la Constitución Política.

Señalan en la proposición, que está liderada por el senador Iván Marulanda, Andrés Cristo, Guillermo García Realpe, Roy Barreras, entre otros, incluyendo voceros de los partidos, que si no es atendida por la plenaria de la corporación la propuesta, “seguiremos adelante con nuestra función legislativa y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución Política, la presentaremos como iniciativa legislativa en el propósito de modificar y adicionar disposiciones contenidas en los decretos legislativos expedidos por el gobierno al amparo de la Emergencia Económica declarada el pasado 16 de marzo.

La siguiente es la proposición que los senadores someterán a discusión a aprobación en la cámara alta:                                             

PROPOSICIÓN

 

Senado de la República

Sesión Plenaria no presencial del miércoles 6 de mayo de 2020

 

Propuesta Económica: “El Estado como garante de la vida digna de la población y del sostenimiento de la economía”

 

Intégrese una comisión compuesta por miembros de los partidos a los cuales pertenecen los senadores firmantes de la presente proposición para que se reúna a la mayor brevedad con el Gobierno nacional a presentarle la “Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía”, que se describe a continuación. Lo anterior en la expectativa de alcanzar un acuerdo nacional que permita a las dos ramas del poder trabajar de la mano para superar las amenazas y el daño que trae a la nación la pandemia COVID-19. 

Si dicho acuerdo resulta imposible, los senadores y senadoras que suscribimos la presente proposición seguiremos adelante con nuestra función legislativa y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución Política, la presentaremos como iniciativa legislativa en el propósito de modificar y adicionar disposiciones contenidas en los decretos legislativos expedidos por el gobierno al amparo de la Emergencia Económica declarada el pasado 16 de marzo, así como de nuevos decretos que pueda expedir el gobierno al amparo de otras declaraciones de emergencia en el marco de la actual crisis originada en la pandemia COVID-19, los cuales se encuentran sometidos a la revisión del Congreso. 

La iniciativa, que hemos denominado Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía”, está construida sobre dos grandes apoyos: 

  • Un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis, y 
  • Una transferencia de un salario mínimo ($877.000) a los 9.5 millones de hogares pobres y vulnerables que tiene Colombia. Esta medida cubrirá a 31 millones de personas. 

La propuesta en su totalidad permite beneficiar a cerca de 34,5 millones de personas, es decir al 71% de la población colombiana, por un periodo de tres meses. Tendría un costo total de 40.5 billones de pesos, lo que corresponde al 4% del PIB.  

Esta propuesta garantiza a la población la supervivencia digna y sostener la estructura productiva durante la emergencia, amenazadas por el desempleo, la pérdida de ingresos y la destrucción de empresas.  Busca darles la mano a los hogares pobres y vulnerables del país, a los empleados formales y trabajadores independientes vinculados a actividades laborales vulnerables, aunque no pertenezcan a hogares pobres y vulnerables, así como a las empresas que debieron cerrar su producción y sus ventas. El ingreso que se propone para estas poblaciones unificaría, reemplazaría e incrementaría la cuantía y la cobertura de las transferencias monetarias existentes: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el recién creado Ingreso Solidario. 

Somos conscientes del enorme costo de estas medidas, pero corresponden al daño enorme que han sufrido las familias y la economía, así como al riesgo de que ese daño sea aún mayor y hasta irreparable. Son urgentes y su materialización es inaplazable, por lo que es indispensable diferenciar las fuentes de financiación inmediata que permitirán ponerlas en marcha y las fuentes de mediano plazo que las irían sustituyendo a medida que vayan ingresando. 

Las fuentes de financiación inmediatas son:

Ampliar el impuesto al patrimonio; reasignar gastos del presupuesto nacional: llevar a este plan de urgencia los recursos de transferencias monetarias existentes; reducir los gastos de funcionamiento que no sean indispensables; los recursos de proyectos aplazables y los cancelados como consecuencia de la emergencia; los recursos disponibles en el FOME (en particular, los recursos de los títulos de solidaridad); el recaudo del impuesto solidario COVID-19 creado mediante el Decreto 568 del 2020; suspender con efecto inmediato los beneficios tributarios aprobados en la Ley 2010 de 2020, Ley de Crecimiento Económico; y solicitar un crédito directo al Banco de la República, garantizado en reservas internacionales, en desarrollo del artículo 373 de la Constitución Política. 

Los recursos necesarios a mediano plazo para financiar el programa deberán provenir de una reforma tributaria estructural, por lo mismo progresiva, equitativa y eficiente como lo ordena la Constitución, que elimine beneficios tributarios injustos e innecesarios, aumente el impuesto al patrimonio, los dividendos y la renta de personas naturales de mayor riqueza. Así mismo, contemple la creación de una sobretasa a los sectores beneficiados durante la emergencia, servicios domiciliarios, supermercados, etc. De otro lado, es necesario avanzar en el trámite de créditos con la banca multilateral y la refinanciación de la deuda pública.

Firman,

Iván Marulanda (Partido Alianza Verde), Roosvelt Rodríguez (Partido de la U), Iván Cepeda (Polo Democrático), Guillermo García Realpe (Partido Liberal), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Criselda Lobo (Partido FARC), Gustavo Bolívar (Coalición Decentes), Antonio Sanguino (Partido Alianza Verde), Roy Barreras (Partido de la U), Alexander López (Polo Democrático), Gustavo Petro (Colombia Humana), Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), Wilson Arias (Polo Democrático), Angélica Lozano (Partido Alianza Verde), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), Aída Avella (Coalición Decentes), Rodrigo Villalba (Partido Liberal), Miguel Amín (Partido de la U), Jorge Eduardo Londoño (Partido Alianza Verde), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Victoria Sandino (Partido FARC), Alberto Castilla (Polo Democrático), Andrés Cristo (Partido Liberal), Feliciano Valencia (Partido Mais), Eduardo Pulgar (Partido de la U), Iván Darío Agudelo (Partido Liberal), Ritter López (Partido de la U), Juan Luis Castro (Partido Alianza Verde), Horacio José Serpa (Partido Liberal), Germán Hoyos (Partido de la U), Laura Fortich (Partido Liberal), Iván Name (Partido Alianza Verde), José Alfredo Gnecco (Partido de la U), Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), Berner Zambrano (Partido de la U), José Aulo Polo (Partido Alianza Verde), Jaime Durán Barrera (Partido Liberal), Armando Benedetti (Partido de la U), Sandra Ortiz (Partido Alianza Verde), Maritza Martínez (Partido de la U), Pablo Catatumbo (Partido FARC), Mario Castaño (Partido Liberal), John Besaile (Partido de la U), Israel Zúñiga (Partido FARC), José David Name (Partido de la U), Julián Gallo (Partido FARC), Jorge Guevara (Partido Alianza Verde), Julián Bedoya (Partido Liberal), Andrés García Zuccardi (Partido de la U).

Bogotá, D. C, 12 de mayo de 2020

 

 

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