Durante su primer año de funcionamiento, luego que el Congreso la aprobara como resultado del Acuerdo de Paz con las Farc, la Jurisdicción Especial de Paz- JEP-, le entrega a Colombia y al mundo, un balance que demuestra la fortaleza de las instituciones para avanzar en el camino del posconflicto, pese a las adversidades de índole político, pero que, no deja duda que el tema de la violencia armada fue cosa del pasado, sin impunidad y que urge por parte del Gobierno, apagar las fósforos de quienes quieren encender de nuevo el conflicto armado en el territorio nacional.
En sus primeros 365 días de funcionamiento, la Presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, con contundencia hizo una defensa de ese alto tribunal y destacó que se sometieron 11.661 personas, como consta en las actas.
En el “Balance y Proyección de la JEP”, la magistrada Linares afirmó que de ese total, 9.687 son desmovilizados de las Farc, de los cuales "el 99 % ha acudido y atendido los requerimientos de la Jurisdicción" y agregó que 1.938 son integrantes de la fuerza pública del país, aproximadamente 38 son agentes del Estado y terceros.
La JEP, tribunal encargado de investigar y juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, está de efemérides en medio de una polémica por la atención de lo que decidirá ese alto tribunal con los casos de ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’, así como por una especie de conflicto de intereses con la Fiscalía, pero que se ha ido superando.
Las noticias de la JEP han sido temas de pelotera por muchos sectores de la sociedad en Colombia, pero demuestran que no han dejado un solo instante de cumplir sus funciones para avanzar por el camino de lograr la verdad, la justicia y reparación, de los actores del conflicto que por más de 50 años golpearon a la nación.
La Presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, en forma elocuente resaltó la "participación activa" de víctimas durante las 13 audiencias que se han desarrollado y la entrega de 168 informes por parte de instituciones del Estado, así como de organizaciones sociales.
La magistrada Linares enfatizó que el "principal resultado relevante y significativo" es el reconocimiento de 32.200 víctimas que hacen parte de los cinco grandes casos que ha abierto la JEP y añadió que con esas pesquisas se busca esclarecer los secuestros perpetrados por las Farc, la violencia en tres municipios de Nariño y los "falsos positivos", vocablo utilizado por los asesinatos de civiles para presentarlos como bajas dadas en combate.
Se refirió a las investigaciones que tienen que ver con los hechos violentos ocurridos entre 1986 y 2016 en el Urabá y los crímenes cometidos en varios municipios del departamento del Cauca.
"Estos avances se han hecho con estricto cumplimento del marco normativo que se nos impone y acudiendo a novedosos instrumentos con los que nos dotó la Constitución y la Ley", dijo Linares.
En el acto de "Balance y Proyección de las JEP", que se llevó a cabo en el centro de Bogotá, se dio a conocer que 29, de los 31 ex integrantes del Secretariado de las Farc están en la óptica de sus investigaciones. Solo los casos de Márquez y ‘El Paísa’ están pendientes.
Constitucionalmente no hay JEP para mucho rato, pero sí para definir que no habrá impunidad porque se esclareció la verdad para resarcir a las víctmas del conflicto.
Las nuevas generaciones no quieren saber más de justicia transcicional, sino justicia social para vivir en paz y lograr un mejor desarrollo de las instituciones que fortalezcan la democracia, en un país que se merece un futuro mejor.
Bogotá, D. C, 16 de enero de 2019
Por Luis Fernando García Forero
