Foto: Primera Línea

La violencia contra los periodistas en Colombia ha sido, históricamente, producto de la acción de grupos armados ilegales y de estructuras asociadas al  tráfico de drogas, pero hoy en día, se ha tornado en un fenómeno más complejo y diversificado.

Ha habido una difícil transición entre la mordaza de las armas y la de las decisiones judiciales, a las amenazas en redes sociales, al acoso judicial, a las campañas de estigmatización y otros métodos, que aunque no siempre están relacionados directamente con la dinámica del conflicto armado, logran restringir e imposibilitar el ejercicio periodístico.

La Presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), Adriana Hurtado, en el marco del Día del Periodista, que se celebra por Ley cada 4 de agosto, alertó, a través de www.ecospoliticos.com sobre cuatro nuevas situaciones problemáticas contra los periodistas, que deben integrarse a la Agenda de Seguridad del Nuevo Gobierno y a la vez exhorta, a las autoridades a que se investiguen los últimos asesinatos contra trabajadores de medios de comunicación.

1.- ¿Amenazas virtuales o reales?

Desde 2015, Fecolper ha documentado el aumento progresivo de las amenazas contra periodistas. En el 2018 se ha registrado un número alarmante de amenazas desde las redes sociales, como Facebook y Twitter, que no puede ser reducido a la existencia de “reacciones agresivas de inconformes” frente a las temáticas que se informan o investigan, sino que obligan al Estado a revisar con seriedad las motivaciones, medios y responsables detrás de los mensajes amenazantes.

La intimidación, el acoso y las amenazas a través de redes sociales se han convertido en un modus operandi que no sólo busca amedrentar al periodista, sino que constituye el “aviso” de agresiones directas contra su vida e integridad que tienen capacidad de materializarse.

Fecolper ha conocido casos en los que las amenazas por redes han escalado a seguimientos, intimidaciones físicas e incluso el exilio de periodistas, sin que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General de la Nación haya siempre iniciado medidas efectivas para investigar los hechos y proteger a las víctimas.

Urge que el Estado desarrolle acciones de investigación oportunas, calificadas y efectivas que impidan que la impunidad allane el camino para la continuidad de este método de intimidación a los periodistas. La inoperancia de la Fiscalía General de la Nación frente a las amenazas virtuales, deja en evidencia que no se cuenta con las herramientas técnicas e informáticas necesarias para identificar a los responsables de las amenazas virtuales. Así lo ha reconocido la propia entidad.

¿Temas vetados?

Aun cuando no existen en Colombia vetos explícitos al ejercicio periodístico, es posible identificar en el país temas sobre los cuales operan restricciones especialmente relacionadas con presiones e intereses de estructuras de poder y control territorial de grupos armados, cuyo cubrimiento generalmente representa un riesgo para la vida de los periodistas.

En muchas de estas restricciones o formas de censura intervienen de forma directa funcionarios públicos, especialmente quienes ejercen cargos políticos o de elección popular y la Fuerza Pública.

Cada vez que se impide a un periodista el cubrimiento de una audiencia judicial, se restringe el acceso a la información sobre asuntos de interés nacional como el manejo de los dineros públicos, se le intimida por el ejercicio de su oficio buscando que se retire información publicada o se prohíbe investigar temas relacionados con la administración pública, se estrecha la libertad de prensa y, por ende, la Democracia.

En 2018 ha quedado en evidencia que el cubrimiento de temas judiciales, de medio ambiente, corrupción, economías ilegales (micro-tráfico, tráfico, minería), control territorial de estructuras armadas ilegales y los posibles vínculos de estas con elites de poder local y regional todavía representa riesgos a los periodistas, especialmente para quienes ejercen su labor en los territorios y regiones.

Además de los temas “vetados” o de riesgoso cubrimiento, Fecolper también ha conocido que, en algunas regiones de los Departamentos de Caquetá y Norte de Santander, se está restringiendo el acceso de los periodistas al territorio, al tiempo que se prohíbe a sus pobladores la entrega de información, lo que constituye una censura programada y generalizada que impide informar a la sociedad sobre asuntos de su interés.

¿Búsqueda de justicia o acoso judicial?

El uso de mecanismos o acciones judiciales como estrategia para censurar la actividad periodística se enmarca en la reconfiguración de las formas de violencia contra la Libertad de Prensa en el país que ha tenido lugar en los últimos años y que registra un aumento sostenido de casos en los que particulares, políticos y funcionarios públicos abusan del derecho a la rectificación con el fin de censurar el libre ejercicio periodístico.

Uno de los casos más recientes se registró al cierre del primer semestre del año con el fallo del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín que obligaba a Noticias Uno a un imposible: la rectificación de una noticia cierta y su retiro de la página web. Esta decisión va en contravía del propósito de la rectificación, que no procede cuando la información publicada es veraz. Así también se han documentado casos contra medios de comunicación en Santander y Huila.

Para Fecolper es grave el desconocimiento de los fiscales y jueces de los estándares internacionales y constitucionales de protección a la libertad de prensa en el tratamiento de este tipo de casos.

Para que se configure el acoso judicial no es necesario llegar a una condena, sino que basta con someter al periodista a un proceso judicial desgastante y engorroso que no sólo afecta la credibilidad, sino que además genera costos emocionales, económicos y laborales que afectan el ejercicio del oficio.

2.- Protección riesgosa

Fecolper alertó desde 2015 sobre las fallas en el modelo de protección a periodistas en situación de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), referidas al déficit presupuestal de la entidad, limitaciones en la evaluación de los riesgos específicos de la actividad periodística, morosidad en los trámites y la toma de decisiones sobre esquemas de protección y los retrasos injustificados en la implementación de los mismos.

También se alertó sobre los riesgos de la tercerización de los servicios de seguridad con empresas privadas o uniones temporales sin que la UNP cuente con mecanismos de seguimiento que permitan asegurar la idoneidad de los escoltas y la eficacia de la protección.

Este vacío se conecta con denuncias e informes periodísticos sobre infiltración de personas como escoltas en los esquemas de protección, que podrían estar relacionadas con investigaciones sensibles de periodistas en riesgo en Colombia, comprometiendo la responsabilidad directa de la UNP en el aumento de la situación de inseguridad y en vulneración a la libertad de prensa, a quienes, debido a graves amenazas contra sus vidas, se ven obligados a recurrir a la protección del Estado.

Finalmente, es importante insistir en la necesidad que la Fiscalía General de la Nación acelere los procesos de investigación sobre agresiones a la libertad de prensa como medida para enfrentar los altos niveles de impunidad, que se traduce en un estímulo para la continuidad de la violencia contra los periodistas.

Las reformas, ajustes institucionales y creación de nuevas estrategias de protección en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz deben considerar de forma diferenciada los riesgos y necesidades de protección de los periodistas locales y regionales.

3.- Precariedad del empleo periodístico

¿De qué manera influyen las condiciones laborales de los periodistas en la calidad e independencia de la información que producen? Las malas condiciones laborales de los periodistas en Colombia es uno de los factores que afecta la Libertad de Prensa e incide en la decisión de muchos periodistas de abandonar la profesión o cambiar de oficio.

En Colombia, los periodistas generalmente no cuentan con estabilidad laboral, ni garantías de seguridad social: se ven sometidos a la rotación permanente de personal en los medios, extensas jornadas laborales sin reconocimiento de horas extras, despidos masivos y, en muchos casos, a la venta de pauta publicitaria como forma de asegurar sus ingresos. Sumado a esto, las mujeres periodistas enfrentan condiciones laborales más difíciles que las de sus pares, muchas se ven obligadas a dejar de trabajar en cuanto forman una familia, sus ingresos en ocasiones son más bajos y están expuestas al acoso laboral e incluso sexual por parte de sus compañeros, jefes de trabajo y de hombres asignados a sus esquemas de protección.

En los últimos años se han conocido varios casos de despidos sin justa causa aparente o despidos masivos de periodistas en distintos medios de comunicación, sin que haya sido posible hacer una verificación del debido proceso.

Esta realidad se refleja en restricciones a la independencia periodística, especialmente en las regiones del país. Las presiones de anunciantes, de la misma empresa periodística y de diversos factores económicos, permiten afirmar que no están dadas las condiciones necesarias para un pleno desarrollo de la calidad informativa.

La inexistencia de bases de datos oficiales sobre el gremio periodístico y el subregistro de denuncias sobre afectaciones laborales, hace difícil el seguimiento a este tipo de casos. Se ha naturalizado esta “forma de funcionamiento” del oficio, tanto así que en muchos casos los periodistas optan por no denunciar o impulsar procesos legales para la protección de sus derechos por miedo a ser vetados en otros medios o empresas periodísticas.

Fecolper insiste en el impulso de una Mesa de Concertación con participación del Ministerio del Trabajo, las empresas periodísticas, los medios de comunicación y organizaciones gremiales de base, que permita dialogar y construir consensos sobre la garantía y protección de los derechos laborales de los y las periodistas, que redunde en un ejercicio periodístico más libre.

4.- Inexistencia de una Política Pública para la Libertad de Prensa. 

El Gobierno de Juan Manuel Santos cerró su periodo sin la formulación de la “Política Pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística en Colombia” a cargo del Ministerio del Interior y el Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.

Desde FECOLPER se hace un llamado a dar continuidad a estos procesos de concertación y construcción interinstituicional iniciados en 2012. Es central para el gremio culminar de forma exitosa estos procesos, en los cuales se han focalizado esfuerzos, propuestas y recursos por parte de las distintas organizaciones de la sociedad civil, universidades y organizaciones gremiales que han participado durante más de 4 años.

En el mismo sentido, sobre el proceso de reparación colectiva a periodistas, es fundamental que se finalice la fase de diagnóstico del daño para avanzar en la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva, con claridades sobre el alcance efectivo de las medidas que se consignen. No puede perderse el camino andado, ni lo construido por los distintos actores que han participado de estos procesos.

FECOLPER invita al nuevo gobierno de Iván Duque Márquez y a su gabinete a entablar un proceso de diálogo abierto con el gremio periodístico que permita concertar una agenda de trabajo, construir alternativas de solución y consolidar sinergias para su efectiva implementación.

Bogotá, 3 de agosto de 2018.-

Por Luis Fernando García Forero.

Fuente: FECOLPER.

 

 

 

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