Bogotá, D.C, 16 de noviembre de 2017. Redacción Ecos. Por Luis Fernando García Forero.- Foto Leonardo Vargas.-Por fin el Senado de Colombia le abrió paso al proyecto de ley estatutario de la Justicia Especial para la Paz, luego del llamado del Presidente Santos a las Cámaras para que agilicen la aprobación de dicha iniciativa y de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró exequible la JEP, como paso fundamental para avanzar en la paz de Colombia.
El proyecto estatutario pasa ahora a la plenaria de la Cámara de Representantes luego de siete sesiones en cuatro semanas donde la plenaria del Senado logró alcanzar el quorum para probar el proyecto.
Con 51 votos las bancadas representadas en el Senado y que apoyan al Gobierno en el proceso de paz, el Congreso da un paso más en la aprobación de la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y la Farc para desarrollar la arquitectura jurídica en el camino de la reconciliación en Colombia después de más de 50 años de conflicto con ese grupo insurgente.
Fue una sesión de 12 horas donde el Presidente de la corporación Efraín Cepeda y el coordinador ponente del proyecto, Horacio Serpa, lograron enderezar la discusión y votación del articulado, pese a la insistencia del Centro Democrático de impedir la aprobación de varios artículos de la propuesta.
El quorum fue mejorando en la medida que se iba desarrollando la sesión que tuvo una significativa presencia además del ministro del interior Guillermo Rivera, de los titulares de defensa Luis Carlos Villegas; de Justicia, Enrique Gil Botero; el Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, entre otros funcionarios del Gobierno del Presidente Santos.
Inhabilidades Magistrados
Sin embargo, no todo fue de un resultado fácil para el Gobierno: Cambio Radical, el Partido Conservador y el Centro Democrático se unieron para establecer en el articulado las inhabilidades a los magistrados del Tribunal que desarrolla Justicia especial para la Paz.
Lo aprobado respecto a ese tema limitarían a varios de los abogados que van a formar parte de dicho tribunal, entre ellas se establece que quienes dentro de los cinco años anteriores a la fecha de posesión hayan ejercido la representación judicial o administrativa de actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado, o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o a entidades que hayan ejercido dicha representación, no podrán tomar posesión de su cargo. De igual manera quienes hayan gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los derechos humanos, al DIH o al Derecho Penal Internacional, o quienes hayan tramitado acciones ante sistemas o tribunales internacionales, estarían inhabilitados para ejercer funciones en ese Alto tribunal Especial de Paz.
Sobre este tema específico el ministro del interior Guillermo Rivera sostuvo que si la Cámara de Representantes aprueba ese mismo aspecto, la Corte Constitucional lo podría tumbar porque "los magistrados ya fueron escogidos y uno no le puede imponer a una persona que se inscribió a una convocatoria abierta unas reglas distintas", explicó.
Derechos políticos
Otro aspecto que quedó aprobado en el proyecto tiene que ver con la recuperación de derechos políticos de los paramilitares y parapolíticos. Si deciden acogerse voluntariamente a la JEP cumpliendo con los requisitos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, estarían de nuevo en el escenarios político. La última palabra sobre el tema la tendría la Cámara de Representantes y en otra instancia, una conciliación entre las dos corporaciones.
La plenaria del Senado acogió la sentencia de la Corte Constitucional en el sentido que los guerrilleros desmovilizados pueden llegar a hacer proselitismo político y participar en las elecciones. Sin embargo delegó en la Jurisdicción Especial para la Paz la posibilidad de impedir que puedan seguir ejerciendo cargos.
Otro de los temas que se destaca tiene que ver con los terceros. Solo podrán concurrir de forma voluntaria a la JEP. Esa decisión deja tranquilos a los empresarios frente al acuerdo de paz.
El Senado al aprobar esa importante iniciativa le abrió paso al desarrollo de la implementación de loa acuerdos. Se espera que la plenaria incluya la reglamentación de la JEP la última semana de noviembre plazo que tiene el Congreso para que sea aprobado por el mecanismo del Fask Track.
La última palabra y decisión sobre el futuro del proyecto de ley estatutaria de la JEP queda en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
