Bogotá. D, C. 25 de septiembre del 2017. Por Luis Fernando García Forero. Foto: LexLatin.- El Gobierno de Colombia en pos de crear los mecanismos jurídicos para la protección digital, está desarrollando el marco legal requerido para adherir a la Nación al Convenio de Budapest y construir una política mundial común contra la Cyberdelincuencia.
Por eso el Senado de la República adelanta la iniciativa gubernamental en ese sentido, con ponencia de los senadores Jaime Enrique Durán Barrera y José David Name, para minimizar los riesgos ante la exposición de amenazas cybernéticas de impacto global, al tiempo que se desarrollan mecanismos de cooperación en materia de seguridad digital.
En este sentido Colombia se adhiere al Convenio de Budapest que es un acuerdo internacional elaborado por el Consejo de Europa, con la participación de Canadá, Japón y China, y que entró en vigor en el 2004.
La iniciativa se está analizando actualmente en la Comisión Segunda del Senado en primer debate, con el objeto de crear la legislación apta para atender los delitos informáticos y en internet, lograr la armonización de la normatividad interna, mejorar las técnicas de investigación cybercriminal y promover la cooperación entre las diferentes naciones, ya que estos delitos tienen una gran expansión técnica a nivel internacional.
Es interesante señalar el impacto contundente de esta iniciativa legislativa para Colombia y que el Ministerio de Comunicaciones se lo hizo saber a los legisladores que analizan el proyecto en mención.
Con la propuesta se espera un aumento de la cooperación internacional en materia penal para judicializar a los delincuentes cybernéticos, mejorar la asistencia mutua en materia de sistemas y datos, realizar extradiciones de infractores informáticos entre los países firmantes del convenio, adopción de medidas para preservar datos almacenados y generación de una cultura de cyberseguridad que impacte en las leyes nacionales y la calidad de los derechos ciudadanos.
El desafio de este proyecto es importante ad portas del próximo proceso electoral, ya que las datas del CNE deben ser preservadas para evitar los delitos electorales que van contra la soberanía nacional a desfavorecer a los delincuentes que puedan acceder a los datos de esta.
Una legislación en esta materia va a permitir detener a los hackers que pretendan delictivamente penetrar en las bases de datos de las diferentes campañas.
El patrimonio digital de Colombia hará posible que esta iniciativa pueda lograr su objetivo ya que cuenta con 1075 municipios conectados por fibra óptica, más de 50 millones de conexiones de banda ancha, alrededor de 850 zonas de wi-fi, 10 cables submarinos, más de 6 millones de ciudadanos alfabetizados digitalmente y servicios para habilitar personas discapacitadas en el uso de las TIC.
