Por Luis Fernando García Forero. – El imperativo de la paz no se ha podido establecer en varias regiones del país. El mandato constitucional que se empezó a aplicar por la vía política a través del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, ha sido inferior a los intereses de muchos mafiosos y forasteros, que amparados en la ilegalidad, insisten en la vía armada, logrando que a través de amenazas e intimidaciones, desplacen los hogares de muchos compatriotas en las regiones apartadas de Colombia.
Un caso específico y actual nos deja perplejos: 37 familias en el departamento de Nariño, tuvieron que salir en los últimos días, bajo la angustia, por el plazo que les dio un grupo armado para que abandonaran el lugar, dejando a 92 personas con dolor en el alma al abandonar sus casas donde sembraron el presente y ahora les frustraron su futuro.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas fue testigo de esa anomalía que reveló el caso de los pobladores de la vereda Teraimbi en el municipio de Barbacoas. Ese organismo presenció la llegada de hombres y mujeres, con niños en los brazos, cargando sus pocas vestimentas y con la tristeza en el alma por haber dejado sus bienes, debido a la ignominia de los enemigos de la paz.
Pero las cifras de quienes padecen el fenómeno del desplazamiento son mayores. La Agencia de la ONU para los Refugiados dio a conocer, de acuerdo a datos de autoridades regionales y municipales, que la lucha por el control del territorio en la costa del Pacífico entre grupos armados irregulares, ya ha desplazado a más de 3.500 personas desde los inicios del 2017.
Grave el hecho en esa región, que además de estar enmarcada por la pobreza, deben de nuevo afrontar el desplazamiento por el reinicio de la violencia.
Un peligro inminente que pone en riesgo todo el avance del proceso de paz y el camino del posconflicto que no va a hacer directamente proporcional a lo planteado por el Gobierno en el sentido de que la paz empieza por las regiones.
Simple y llanamente, el Estado no ha llegado a esas zonas y los grupos armados se están apoderando de esos territorios, que en la mayoría de ellos eran zonas donde reinaba el poder de las Farc.
El Gobierno Nacional debe de manera inmediata hacer un análisis del tema, ojalá a través de un Consejo de Seguridad, con los mandatarios regionales y locales, para buscar mecanismos que enfrenten ese enemigo andante que insiste en la violencia en el territorio nacional.
Los procesos sociales de convivencia no sólo se decretan, sino que se deben proteger y mantener bajo la premisa constitucional de brindar la honra y vida de los ciudadanos; pero también, se deben establecer mecanismos para derrotar a esos violentos con la organización comunitaria.
El Gobierno tiene la palabra.
