La ministra de Educación, Gina Parody, radicó un proyecto de ley ante el Congreso, con mensaje de urgencia, para permitir darle al Gobierno más herramientas para intervenirlas cuando cometan abusos, dejen de prestar el servicio o disminuyan la calidad de la educación que se imparte.
Parodi sostuvo que se trata, a través de una nueva ley, facilitar la información del manejo financiero de esas instituciones educativas. Crear una vigilancia especial que le permite al Ejecutivo, hacer acompañamiento preventivo a instituciones educativas en crisis e incluso nombrar personal del ministerio en los cuadros directivos de estas universidades, para ponerse al frente del problema.
Resaltó que el Gobierno no tiene la facultad de acceder a los estados financieros de estas instituciones privadas, pero con la iniciativa, a consideración de legislativo, podrá incluso verificar de qué forma se invierte el dinero para evitar casos de desfalco como el ocurrido con la Universidad San Martín.
“Sabemos que la ley esta coja, que existen unos lunares y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante los malos manejos, esta ley es para detectar las crisis a tiempo e impedir que se deje de prestar el servicio y los estudiantes queden a la deriva, lo radicamos con mensaje de urgencia porque esta situación que hoy viven estudiantes como los de la U. San Martin es urgente y no da espera”, añadió.
La iniciativa también quiere darle al Ministerio la capacidad de imponer sanciones a directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales de estas instituciones, que cometan irregularidades; dependiendo del caso, estos podrían ser separados de sus cargos e inhabilitados hasta por 10 años para ejercer cargos en las mismas.
De ser hallados responsables de irregularidades, éstos también afrontarían el pago de multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales. Dicha multa se duplicaría en caso de que las instituciones sean las sancionadas.
