Redacción y Foto Ecos.- El inicio del trámite del proyecto de ley presentado por el Gobierno al Congreso y que permitiría beneficios para más de 40.000 presos en Colombia, empezó a generar controversia tras las críticas del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira y del Procurador Fernando Carrillo.
La iniciativa, que se acumuló con otro proyecto de origen parlamentario, inició su trámite con rechazo por parte del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira quien fue severo en señalar que dichas iniciativas, “debilitan, en nuestro sentir, la acción del Estado contra el delito”.
Agregó que “la Fiscalía en reiteradas ocasiones ha expresado su preocupación por las iniciativas legislativas que, en medio de la crisis penitenciaria, buscan el otorgamiento de beneficios indiscriminados a favor de la población carcelaria, sin reparar suficientemente en sus consecuencias, desde la perspectiva del mantenimiento del orden y la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos”, argumenta el Fiscal General de Colombia.
Martínez Neira en una misiva enviada al Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, destacó que “su aprobación implicaría la libertad inmediata de los procesados por el escándalo de Odebrecht y un retroceso enorme en los esfuerzos que adelanta la sociedad por recuperar la ética pública”.
El Fiscal Martínez fue más allá de y dijo que “otorga una rebaja de la quinta parte de las condenas (20%), que no solamente impactaría el tratamiento criminal del homicidio, el hurto y las lesiones personales, de tanto impacto social, sino que increíblemente favorecería a los miembros de organizaciones criminales imputados por concierto para delinquir e, inclusive, a narcotraficantes”.
El Fiscal pidió de inmediato una reunión del Consejo de Política Criminal para examinar los proyectos que benefician a las personas privadas de su libertad.
Medidas humanitarias
El ministro de justicia Enrique Gil Botero fue contundente en defender la propuesta legislativa y dijo que el proyecto no se presenta solo con motivo de la visita de su santidad Francisco, “porque ello podría ser inconstitucional”. Agregó que “se busca no es descongestionar por descongestionar, sino en lo que hoy se ha denominado el no populismo punitivo, empezar a construir una política coherente en materia carcelaria.
El Ministro Botero destacó que el proyecto tiene como razón de ser medidas humanitarias y del sistema de política carcelaria, “para que no vaya a ser tachada de inconstitucional, porque estamos en un Estado Laico, no en un Estado Otomanito Fundamentalista desde ningún punto de vista”.
Fue preciso en señalar que lo que se busca con esa iniciativa es que las personas que están condenadas por delitos que no sean graves y que no tengan que ver con el derecho internacional humanitario, se puedan beneficiar.
Aseveró Botero que la corrupción se considera un delito grave por eso “este tipo de delitos están vetados específicamente en un parágrafo del proyecto”.
El Procurador Fernando Carrillo, se sumó a la controversia sobre el tema y dijo que no se trata de abrir las puertas de las cárceles y sacar gente, por eso apoyó la comisión de política penitenciaria para discutir el proyecto de ley.
Dijo que en esa comisión deben participar además, el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, “con el fin de fortalecer los tratamientos de resocialización y el control de seguridad”.
Mientras el debate genera más controversia a nivel nacional e internacional, lo cierto es que el Congreso tiene la palabra: legislar para aprobar o archivar.
