El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, salió limpio, de la investigación que le estaba haciendo la Fiscalía General de la Nación, por los contratos que implementó para ejecutar la recolección de basuras y que se viene aplicando desde el 2013.
Según la Fiscalía, al revisar los elementos materiales recolectados y al hacer un análisis de los testimonios, se verificó que el alcalde, Gustavo Petro Urrego, actuó de acuerdo a la ley cuando celebró los contratos con Aguas de Bogotá –filial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- para las tareas de recolección y transporte de los residuos en la ciudad capital.
Petro, lo estaban investigando por su presunta participación en contratos sin cumplimento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción.
Por el mismo tema fue archivada la investigación en materia penal, contra el exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Diego José Fernando Bravo y al exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Henry Romero.
Las Fiscalía General de la Nación, compulsó copias para que se investiguen, por falso testimonio, al contratista Emilio Tapia Aldana y al abogado Manuel Sánchez, quienes les manifestaron a las autoridades que existía un "complot" en contra del programa Basuras Cero por parte de los operadores privados de aseo.
Esto tras cerrar la investigación paralela que se adelantaba por un presunto plan para sabotear el esquema de aseo, implementado el 18 de diciembre de 2013. Para la Fiscalía General no se pudo demostrar la ejecución del complot en contra del nuevo modelo aseo por parte de los operadores privados de aseo, concejales, senadores y particulares.
Por las irregularidades en la ejecución del nuevo modelo de aseo la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al mandatario distrital. Sin embargo, el Consejo de Estado dictó medidas cautelares tras aceptar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Pero mientras se archivó la investigación contra el alcalde Petro, la Fiscalía les imputará el delito de prevaricato por acción a Nelly Mogollón, exdirectora de la Uaesp y el jefe jurídico de la misma entidad, Carlos Rojas, por decisiones equivocadas una vez declararon la urgencia manifiesta en diciembre de 2012.
