Por Luis Fernando García Forero.Foto: Leonardo Vargas.- El Plan de Inversiones para la Paz estaría orientado a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales en los entes territoriales. Así lo plantearon los ponentes en el pliego de modificaciones del proyecto de Acto Legislativo para la Paz, que inicia su segunda vuelta este miércoles en el Congreso.
De esa manera plantean los ponentes a consideración de sus colegas, “que el Gobierno Nacional en los próximos veinte años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, un componente específico para la paz, priorizando los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado”.
Agregan en la ponencia que “estos recursos serán adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial y se orientarán a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales en dichas entidades territoriales. El Gobierno podrá efectuar los ajustes institucionales y normativos necesarios para ejecutar el componente de paz del Plan Plurianual de Inversiones”.
Para el control de estos recursos, establecen en la ponencia, que al inicio de cada legislatura el Presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo presentarán al Congreso un informe detallado sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones.
El Proyecto de Acto Legislativo tiene como propósito agilizar y garantizar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ofreciendo garantías para su cumplimiento.
Así mismo la iniciativa de reforma constitucional, otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República “para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para facilitar y asegurar la implementación de las medidas derivadas del Acuerdo Final”.
Señalan los ponentes que “el país debe estar preparado. Se nos avecina una enorme tarea de traducir estos acuerdos en normas jurídicas expeditas que garanticen la integridad, eficiencia, agilidad y la fidelidad de los mismos”, señala el informe de ponencia donde agregan que el “Gobierno ha empeñado su palabra y debe cumplir los compromisos suscritos en la Mesa de Conversaciones no sólo con la contra parte sino con la ciudadanía”.
La discusión de la ponencia, así como el informe negativo presentado por el Centro Democrático, se empezará a discutir este miércoles 30 de marzo a partir de las 9 AM en el Capitolio Nacional.
