The New York Times.-El presidente Obama recibió al presidente Juan Manuel Santos de Colombia en la Casa Blanca esta semana para celebrar la firma inminente de un acuerdo de paz que podría ponerle fin a uno de los conflictos más prolongados de la historia.
Tras haber gastado 10 mil millones de dólares a lo largo de los últimos 15 años entrenando y apoyando a las fuerzas de seguridad de Colombia, los funcionarios de Washington entendiblemente se están sintiendo orgullosos por la contribución de los Estados Unidos al giro dado por el país. Tras cerca de tres años y medio de conversaciones de paz, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, una insurgencia de inspiración marxista, esperan firmar un armisticio en marzo.
“Todos sabemos que es más fácil iniciar guerras que terminarlas”, dijo el presidente Obama en una ceremonia en la Sala Este. “Pero tras medio siglo de lacerante conflicto, ha llegado el momento de la paz”.
Como lo sugiere la frase de Obama, la administración sabe que incluso un acuerdo de paz formal no puede sanar por sí solo las heridas de un largo y doloroso conflicto. La siguiente fase requerirá de un proceso de justicia transicional bien administrado, un esfuerzo concertado para atender la arraigada desigualdad del país, y un nuevo enfoque en la lucha antinarcóticos. El presidente Obama espera aportar 450 millones de dólares al esfuerzo de paz para desarrollar instituciones legales, mejorar la educación y promover el crecimiento económico.
Uno de los primeros retos de la era post-tregua será el establecimiento de tribunales especiales. El gobierno colombiano y las FARC llegaron a un acuerdo deliberadamente vago sobre justicia transicional el año pasado, el cual ha generado preocupaciones válidas en el sentido de que los responsables de graves crímenes de guerra podrían salir en gran medida libres de castigo.
Es irreal esperar que todo crimen de guerra cometido durante la guerra de cinco décadas vaya a ser castigado. Sin embargo, los crímenes más graves cometidos por los comandantes de las FARC y por personal militar colombiano deben conducir a sanciones significativas. Si los tribunales son percibidos como incompetentes o demasiado indulgentes, las perspectivas de una paz duradera estarán en riesgo.
Una de las principales metas del prolongado esfuerzo de Washington para estabilizar a Colombia era reducir la producción de cocaína a la mitad. Sin embargo, el comercio de la droga sigue en auge, mantenido a flote en gran parte por la fuerte demanda en los Estados Unidos. No existe una solución fácil para este problema, pero claramente ha llegado el momento para un nuevo enfoque.
Una versión de este editorial aparece impresa el 6 de febrero de 2016, en la página A22 de la edición de Nueva York con el titular: Una inversión en la paz de Colombia.
