Por Luis Fernando García Forero.-El Acuerdo entre el Gobierno y las Farc logrado este martes, para resarcir los derechos de las víctimas a través de un Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, no sólo lleva a la recta final para la firma del fin del conflicto, sino que establece la participación de la guerrilla en política y la no extradición de ninguno de sus miembros.
El hecho, que fue calificado como histórico, por parte de quienes apoyan las negociaciones en La Habana, le da vía libre y acelera la firma del fin del conflicto, previsto para el 23 de marzo, tal como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos.
Con el Acuerdo dado a conocer en La Habana, se determina de una vez por todas que la guerrilla cambiará las armas por los votos, luego de más de cincuenta años de confrontación con el Estado colombiano.
Aunque este objetivo parece explícito, para la guerrilla existía la desconfianza de una vez por todas que “no se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de la Jurisdicción Especial de Paz cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del acuerdo final. Por otra parte, cualquier delito cometido con posterioridad a la firma del acuerdo final podrá ser objeto de extradición”.
El Acuerdo que contiene 75 puntos, establece que los guerrilleros tendrán la garantía de que no pagarán una sanción privativa de la libertad en condiciones carcelarias normales. Las FARC habían insistido en que no se sentarían a negociar con el Gobierno si el desenlace fuera la cárcel.
En ese punto las Farc ganó y el Gobierno cedió, porque se reconoce que quienes reconozcan verdad y responsabilidad se les impondrán sanciones con una función restaurativa y reparadora del daño causado, e irán entre cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento.
Sin embargo para la inmensa mayoría de colombianos es un avance significativo para lograr el camino a la reconciliación nacional. En una negociación de ese tipo, ni se pierde ni se gana, ganamos todos, es aceptar y cumplir con un mandato constitucional: el derecho a la paz.
