Vivir sin saber qué ha sido de un familiar es la dura realidad que conocen centenares de miles de personas afectadas por una situación de conflicto armado o de violencia interna.
Las familias y las comunidades que desconocen lo que les ha sucedido a sus allegados no pueden dar vuelta a la página sobre los hechos violentos que han perturbado su vida ni iniciar un proceso de recuperación y reconciliación, a nivel personal, comunitario o social.
La inexistencia del paradero cierto o la no identificación de las victimas pueden destruir el tejido social y socavar las relaciones entre grupos y naciones incluso décadas después de los hechos. Las sociedades no pueden reconciliarse y aprender de sus errores si no mantienen colectivamente el recuerdo de lo sucedido y de lo que explica los hechos.
Las violaciones a los DDHH y al derecho humanitario internacional, tanto dentro como fuera del conflicto armado en Colombia, han sido estimadas como una de las peores del continente americano. Las desapariciones forzadas de campesinos, sindicalistas, activistas y muchos otros han sido cuestiones diarias.
Es por ello que la reunión desarrollada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara del Congreso de Colombia, es de vital importancia, ya que en el marco del Acuerdo de Paz, se ha llegado a un acuerdo en específico sobre el tratamiento de la cuestión de los desaparecidos durante el conflicto armado, en consenso gobierno- FARC-EP.
En este sentido, Sergio Jaramillo, Comisionado de Paz, Clara Rojas, Representante ante la Cámara y Presidente de la Comisión de DDHH y el Director de Medicina Legal, Dr. Carlos Valdez, han planteado que el Acuerdo sobre Desaparecidos presenta dos partes:
1) Dirigida a la creación de una Unidad de Búsqueda, organismo de trabajo permanente para la ubicación de las víctimas, su identificación y preservación, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Cruz Roja y la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta unidad comenzará sus labores cuando se firme el acuerdo definitivo.
2) Desarrollo de acciones inmediatas orientadas para definir un protocolo de trabajo, que defina las estrategias de búsqueda, ubicación y nomenclatura de las víctimas, el cual, en su diseño, ha sido presentado a la Mesa de negociación en La Habana.
Este proceso requiere un financiamiento especial, que a juicio de la representante Clara Rojas, son cifras grandes y sólo la Fiscalía cuenta con financiamiento.
Por ello, estos entes deben observar las normas fundamentales del derecho internacional humanitario y del derecho de los DDHH que se proponen evitar las desapariciones en las situaciones de conflicto armado o de violencia interna y definir sus estrategias de ubicación, manejo y preservación.
Si las personas civiles, los miembros de las fuerzas armadas o de los grupos armados que están enfermos, han sido capturados o han fallecido, y las personas privadas de libertad, deberán recibir un trato conforme a esas normas, y si las organizaciones humanitarias estuvieran autorizadas a acceder a las personas particularmente vulnerables, habría menos desapariciones y las personas no desconocerían lo sucedido a sus familiares.
Respetar el derecho internacional, la integridad y la dignidad de todos los seres humanos, incluidos los que han fallecido, es levantar una barrera contra las desapariciones y promover la reconciliación verdadera.
La obligación de respetar el derecho internacional humanitario, es averiguar lo sucedido a las personas desaparecidas y ayudar a las familias que no tienen noticias de alguno de sus miembros incumbe, en primer lugar, a las autoridades gubernamentales y agencias dedicadas a tal fin.
