-Denuncian que la entidad cuenta con una nómina mensual de 765,6 millones de pesos para apenas 27 cargos directivos, con un promedio superior a los treinta millones de pesos.
-La indignación nacional crece ante la desproporción de los sueldos mientras la ejecución de las obras prioritarias en las regiones damnificadas apenas supera el uno por ciento.
-El presidente Abelardo de la Espriella, desautorizó esos sueldos y exigió celeridad en la atención a los damnificados.
Bogotá, D. C, 13 de noviembre 2026
Redacción Ecos Web. - Una tormenta política sacude al Gobierno nacional tras conocerse la polémica estructura salarial del Fondo Milagro, entidad creada para coordinar las labores de reconstrucción tras el terremoto del pasado diez de agosto. La filtración de estos millonarios pagos, revelada mediante un derecho de petición, ha generado un profundo rechazo ciudadano.
Jaime Andrés Uribe Tamayo gerente general de la entidad percibe un sueldo mensual cercano a los 40 millones de pesos, superando los ingresos de un ministro de Estado y rebasando los parámetros de austeridad exigidos por el presidente, Abelardo de la Espriella.
La indignación nacional crece ante la desproporción de los sueldos.
Adicionalmente, una veintena de cargos directivos devenga salarios superiores a los 33 millones de pesos bajo contratos a término indefinido.
El escándalo sube debido al marcado contraste entre estos costosos rubros burocráticos y la precaria situación de miles de familias que aún esperan ayudas humanitarias y soluciones de vivienda. Los habitantes de las zonas afectadas denuncian que la ayuda oficial llega a cuentagotas y que la gestión institucional avanza con preocupante lentitud.
El presidente Abelardo de la Espriella desautorizó esos sueldos y exigió celeridad en la atención a los damnificados.
El jefe de Estado se pronunció de inmediato para calificar los sueldos como un despropósito inaceptable y ordenó reversar estas decisiones administrativas. Asimismo, el Congreso de la República, exige respuestas y cuestiona la ausencia del gerente del Fondo frente a los reiterados llamados de control político.
Diversos sectores sociales y políticos exigen auditorías rigurosas para esclarecer cómo una emergencia de carácter humanitario terminó convertida en el centro de un costoso cuestionamiento por el manejo de los recursos públicos.
La crisis pone a prueba la capacidad de respuesta del Ejecutivo frente a la transparencia institucional y la correcta inversión social.
