-4.751 personas perdieron la vida en las carreteras, muertes que pudieron ser evitables-
-El país se proyecta hacia el año más letal de su historia por las muertes en accidentes viales-
-Un S.O.S al Gobierno y al Congreso piden organizaciones civiles para reformar el Código Nacional de Tránsito y se logre un ‘blindaje normativo’ que disminuya heridos y muertos en las vías.
Bogotá, D. C, 12 de noviembre 2026.
Por Luis Fernando García Forero. - Las estadísticas de muertos en las vías de Colombia son impresionantes, y no dejan de serlo, a propósito del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales; 4.751 personas, perdieron la vida solo en el primer semestre de 2026, promedio que puede alcanzar las 10 mil personas que les podría pasar lo mismo al cierre de este año.
El trágico y lamentable registro destaca que cada 55 minutos, una familia en Colombia recibe la noticia de que uno de sus seres queridos, no regresaron a casa, perdieron la vida. Los pavimentos del país han quedado manchados de sangre lo que genera a diario una crisis silenciosa y devastadora que no se le ha puesto cuidado.
Organizaciones y agremiaciones civiles —Red PaPaz, Dejusticia, Despacio, Fundación Ciudad Humana, Corporación Región, Movilizatorio y la iniciativa Conduce a 50, vive al 100, de la Universidad de los Andes— lanzaron S.O.S. al Gobierno Nacional y al Congreso de la República: reformar el Código Nacional de Tránsito para que en la legislación se establezca de manera urgente un blindaje normativo que salve vías en las calles y carreteras del país.
Tragedias evitables
Los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dimensionan la magnitud de la emergencia. Entre enero y junio de 2026 murieron 4.751 personas en las carreteras y calles del país, un salto del 20 % (792 víctimas más) frente al mismo periodo de 2025. En términos cotidianos, esto significa que 26 personas fallecen cada día en Colombia por hechos que, según la evidencia internacional, son completamente prevenibles.
El rostro más golpeado de esta epidemia es el de los motociclistas. Este actor vial estuvo involucrado en más del 70 % de los siniestros fatales del primer semestre, sumando 693 muertes adicionales respecto al año anterior y dejando un promedio de 17,2 motociclistas fallecidos diariamente.
"Detrás de estas víctimas están familias y comunidades afectadas para siempre. Muchas pierden a quienes aportaban los ingresos al hogar. La siniestralidad vial es también una trampa de pobreza", advierte Ricardo Montezuma, director de la Fundación Ciudad Humana.
La estadística también revela una alarmante brecha de género y vulnerabilidad. Aunque los hombres representan el 80,9 % de las víctimas fatales (3.846 fallecidos), los siniestros viales ya son la primera causa de muerte violenta entre las mujeres en Colombia (905 fallecidas), superando incluso a los homicidios y suicidios. El dato más crudo es que 8 de cada 10 mujeres que mueren en las vías no iban al volante: perdieron la vida como peatonas o parrilleras.
El llamado al Congreso: poner la vida por encima de todo
Bajo la campaña ciudadana “Que no le pase a nadie más”, las organizaciones en pro de prevenir más accidentes mortales, advierte sobre el peligro de aprobar medidas populistas dentro de la reforma a la Ley 769 de 2002 —como reducir sanciones, aumentar límites de velocidad o debilitar controles—, pues esto dispararía aún más la mortalidad.
"Estamos ante una oportunidad histórica de reformar el Código Nacional de Tránsito para fortalecer la seguridad vial", señala Juan Pablo Bocarejo, director de Conduce a 50, vive al 100, destacando el valor de las audiencias públicas para construir normas basadas en la ciencia y no en intereses particulares.
A este llamado se suma la urgencia de proteger a los menores de edad, pues las vías le arrebatan la vida a más de 500 niños, niñas y adolescentes cada año en el país. "No podemos seguir exponiéndolos a riesgos evitables", enfatiza Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz.
Las 4 líneas rojas para una legislación que proteja la vida
Para frenar esta racha mortal, las organizaciones exigen que la reforma al Código Nacional de Tránsito blinde cuatro pilares fundamentales:
Blindar los límites de velocidad seguros: Garantizar el cumplimiento de la Ley Julián Esteban (50 km/h máximo en zonas urbanas y 30 km/h en zonas escolares y residenciales), fortaleciendo los controles en vía.
Controles efectivos y transparentes: Mejorar los sistemas de fotodetección ubicándolos estrictamente en puntos críticos de siniestralidad, asegurando que su fin sea prevenir muertes y no el mero recaudo económico.
Licencias de conducción responsables: Implementar un sistema de puntos por infracciones para frenar a los conductores reincidentes y crear una licencia de aprendizaje gradual para novatos.
Enfoque de niñez y protección a vulnerables: Regular estrictamente el transporte de menores en motocicleta, exigir el uso obligatorio de sillas de retención infantil en vehículos y consolidar entornos escolares seguros en todo el territorio nacional.
