Por Johan Nassar. - El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay volvió a estremecer a Colombia y encendió una intensa confrontación política en plena carrera hacia la Casa de Nariño.
A pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026, el crimen no solo revive los fantasmas de la violencia política que marcó décadas pasadas, sino que también se convirtió en el nuevo epicentro de la polarización entre la derecha, el oficialismo y los sectores alternativos.
La investigación judicial dio un giro en los últimos días luego de que la Fiscalía ordenara la captura de siete mandos de la Segunda Marquetalia, entre ellos alias Iván Márquez y Zarco Aldinever, señalados como presuntos responsables intelectuales del magnicidio.
Sin embargo, el caso trascendió rápidamente el plano judicial y pasó al terreno político. Las declaraciones cruzadas entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el candidato presidencial Iván Cepeda Castro elevaron la tensión nacional.
Uribe responsabilizó políticamente a Cepeda y al gobierno por el clima de confrontación que, según él, terminó desembocando en el crimen. Cepeda, por su parte, rechazó de manera tajante los señalamientos y exigió que cualquier acusación sea llevada ante la justicia con pruebas.
La controversia también alcanzó a la senadora Paloma Valencia, una de las figuras más visibles de la derecha, quien ha cuestionado duramente la cercanía de algunos sectores políticos con antiguos jefes de las disidencias de las FARC, particularmente con alias Calarcá. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la seguridad democrática, la paz total y el rumbo de la campaña presidencial.
Analistas consideran que el crimen de Miguel Uribe se convirtió en un punto de quiebre en la contienda electoral, al transformar el debate programático en una lucha de narrativas sobre responsabilidad política, violencia y gobernabilidad.
“Este hecho radicaliza aún más la política colombiana y tendrá un impacto directo en las elecciones”, coinciden varios observadores del escenario nacional.
En redes sociales y plazas públicas, el país vuelve a dividirse entre quienes piden justicia sin instrumentalización política y quienes consideran que el asesinato refleja el fracaso del Estado para proteger a sus líderes.
Mientras la Fiscalía avanza en la identificación de los autores intelectuales, la campaña presidencial entra en una nueva fase: la de la confrontación abierta, donde el crimen de Miguel Uribe amenaza con definir el tono de las elecciones más polarizadas de los últimos años.
