-El organismo de control puso bajo la lupa una auditoría forense con 34 casos sospechosos en Ecopetrol que comprometen contratos billonarios y la gestión previa de la compañía.
-Paralelamente, la entidad advirtió sobre un déficit crítico de 1.500 trabajadores en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá y fallas contractuales en inteligencia civil.
Bogotá, D.C, 16 de noviembre de 2026
Por Mario Sánchez Torifio. - La Contraloría General de la República se convirtió en el epicentro de la agenda nacional durante los últimos días tras destapar una serie de hallazgos fiscales, auditorías forenses y advertencias sobre “mega obras” e instituciones clave del Estado.
Ecopetrol fue uno de los focos más álgidos, donde el organismo de control comenzó a examinar en detalle una rigurosa auditoría forense que indaga 34 casos de presuntas irregularidades. Estos expedientes, correspondientes a contratos, nombramientos y operaciones comerciales de la administración anterior, incluyen millonarios convenios de mantenimiento en la filial Cenit por más de 2,3 billones de pesos y servicios de helicópteros que superan los 100 millones de dólares, poniendo a la compañía bajo un intenso escrutinio fiscal.
Así mismo, la entidad fiscalizadora puso la lupa en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Una reciente auditoría financiera reveló presuntas anomalías contractuales, entre las que destaca un millonario sistema biométrico que, según los reportes técnicos, nunca entró en funcionamiento. La Contraloría advirtió sobre deficiencias graves en la estructuración, planeación y supervisión de dichos contratos, abriendo paso a posibles investigaciones por daño al erario público.
Metro de Bogotá también disparó las alarmas.
La Contraloría alertó sobre un déficit crítico de 1.500 trabajadores y mano de obra calificada, lo que está repercutiendo directamente en retrasos sobre estaciones clave y frentes de espacio público, amenazando el cumplimiento de los cronogramas previstos.
A estos frentes se suman controversias sectoriales y gremiales. Mientras organizaciones como FEDEGAN, han solicitado blindar y vigilar con lupa los recursos destinados a consultorías e interventorías financieras para garantizar su eficiencia, la Contraloría también ha tenido que responder a debates de control político sobre sus propios informes técnicos, como el reciente pronunciamiento en torno a los contratos de defensa y aeronaves.
Con este paquete de auditorías en curso, el contralor general de la república, Jorge Eliecer Laverde Vargas, reafirma su rol de vigilancia estricta sobre los recursos de la nación en un momento coyuntural para las finanzas públicas.
Las próximas semanas serán decisivas para determinar si los hallazgos preliminares escalan formalmente a imputaciones de responsabilidad fiscal contra los administradores y contratistas implicados.