Opinión

Por Gabriel Ortiz*.- Empezó la puja por el salario mínimo. Pero esta vez con sensatez, cordura, voluntad y esperanza, de las tres partes, ante la caótica situación económica del país y las proyecciones que se avecinan para el 2023.

Gobierno, gremios y trabajadores se sitúan en cifras que van desde el 13.5% al 17%, pero sensatamente negociables, lo que nos permite esperar unas negociaciones menos tensas que las que se han adelantado en los últimos años.

Esta vez más que nunca, “el palo no está para cucharas”, como se dice popularmente. La inflación, los exagerados intereses fijados por el Banco de la República, el desbocado dólar, la pandemia, el extremo invierno, el desempleo, la informalidad, la extrema migración, el hambre, la reforma tributaria y la generalizada pobreza, nos tienen en una de las peores épocas que recuerde Colombia.

El hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento, se ha conmovido con lo que se nos viene y hasta donde podremos llegar. Advirtió la necesidad de alcanzar un incremento equitativo del salario mínimo y advirtió que “a los trabajadores hay que remunerarlos en su valor justo”. ¡Es el hombre más rico!

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, no se quedó atrás. También la ve, la situación catastrófica y necesaria de una confrontación certera y lógica para salir adelante. Para Fedesarrollo el incremento no puede bajar del 13.5%, porque la inflación y el estimativo de crecimiento arrojan ese cálculo.

La Anif, tampoco la ve clara para el 2023, por esos mismos factores, pero no se aventuró a fijar cifra alguna para reajustar el mínimo.

El titular de la Cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, analiza más la reducción del desempleo, que el alto costo de vida.

Según el Dane, solo hay 2.4 millones de desocupados, aunque la informalidad llega al 57.8%, para lo cual “el gobierno tendrá una política de formalización, empresarial y laboral”, afirmó Ocampo, sin tocar el alza del mínimo.

Lo importante es que los gremios están preocupados, y seguramente soltarán las amarras para que haya un acuerdo justo para empleados y pensionados, que no los impulse aún más hacia esa ruina a la que los han conducido los últimos acuerdos anuales.

Los trabajadores deberán actuar con la sensatez que hoy se aprecia entre gremios y empresarios, para poder salir del embrollo y alcanzar remuneración en su justo valor.

Esta es la fuerza vital, con condiciones de vida sana e ímpetu laboral, que persigue Colombia para sustituir importaciones y elevar la oferta exportable, que anuncia la ministra de Agricultura.

Ese conjunto de hombres y mujeres son el futuro de esta patria que lucha para que toda su población se una contra las penurias que viene soportando por años. Para ello se requiere un alza en el salario mínimo, justo y digno que nos lleve a la vida feliz y plena.

BLANCO: La salida adelante de Hidroituango.

NEGRO: El creciente maltrato de niños y mujeres. ¿falta autoridad?    

Bogotá, D. C, 1 de diciembre de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- Es necesario referirnos de nuevo a la inconcebible situación de violencia y crimen que padece Colombia desde hace tiempo, pero con especial gravedad en los últimos años. Se ha incrementado hasta niveles francamente intolerables en 2022. Algo tiene que hacer el Estado al respecto, pues ha perdido el control de una situación francamente alarmante.

Una vez más hemos de decir que, en nuestro Estado -supuestamente un Estado de Derecho- las normas superiores parecen no existir, y tampoco los instrumentos que el sistema brinda a las autoridades de la República para preservar la vida y los derechos de los asociados. Hoy, más que nunca se muestra como teórica, burlada e inútil la disposición del artículo 2 de la Constitución, a cuyo tenor esas autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Según los datos Indepaz, en estos meses de 2022 ya van más líderes sociales y responsables comunitarios asesinados que en todo el año 2021: un total de 171. Una cifra que estremece, porque, más que una estadística -como la que podría divulgarse en muchas otras materias- se trata de seres humanos muertos a manos de otros seres humanos, en una ola criminal, sin que sepamos las causas, los móviles, los autores materiales, y menos todavía los determinadores. 

El sicariato ha regresado y con mucha mayor fuerza y capacidad de escape e impunidad. Pero no es se trata solamente de esa modalidad de violencia. Nos alarman y nos duelen sin cesar los feminicidios y los horrendos casos de violencia sexual, tortura y asesinato de menores de edad. 

La violencia es la noticia principal de cada día. Desde temprano en la mañana, los noticieros radiales y las redes sociales registran sin descanso, no uno, ni dos, sino varios crímenes cometidos en distintos lugares de nuestro territorio. Por terribles que sean sus características -como en los casos de “violencia vicaria”, en que un hombre es capaz de matar a su propio hijo para molestar a su pareja-, bien pronto la información es sustituida por otra peor, y los hechos pasan al olvido. Las autoridades ofrecen recompensas, y dicen hacer todo lo posible “para dar con los responsables”. Muy pocas veces lo consiguen, y hasta es muy posible que los sospechosos queden libres por deficiencias probatorias. 

Añádase a todo ello la creciente inseguridad en las ciudades. Ya no es tan solo la amenaza para robar el celular, la bicicleta o el dinero, sino el mortal disparo. Y, por si fuera poco, la intolerancia también termina en crimen. Recuérdese el caso del joven muerto a tiros en Bogotá por haber pisado involuntariamente a su asesino.  

Lo más grave: la sociedad parece acostumbrarse no únicamente a los crímenes, sino a la extendida impunidad. Semejante estado de indefensión de las personas en cuanto a su vida, su integridad, su honor y su dignidad, tiende a normalizarse. Eso es inadmisible.

El Gobierno, si quiere lograr una paz total, debe liderar una campaña nacional contra toda forma de violencia.

Bogotá, D. C, 30 de noviembre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por: Guillermo García Realpe*.- En la semana que termina tuvimos la oportunidad de asistir e intervenir en un panel en la Cumbre Mundial de los Páramos en la ciudad de Bucaramanga que, contó con una amplia, variada y muy representativa participación de actores institucionales, académicos, científicos, ambientalistas como de Colombia, como de Suramérica.

Que haya sido Bucaramanga la sede, no es una casualidad. La región santandereana se convirtió en los últimos años en escenario del debate más fuerte en Colombia sobre la defensa de un Páramo ante proyectos de mega minería, como lo fue el Páramo de Santurbán.

El comité pro defensa de Santurbán, la alcaldía de Bucaramanga con el titular Dr. Juan Carlos Cárdenas a la cabeza y organizaciones muy militantes ambientales desplegaron una fuerte reacción contra la minería que iba a afectar la generación de aguas que surten los acueductos de Bucaramanga y decenas de municipios de Santander y Norte de Santander. Más de dos millones de habitantes y por supuesto el subyacente daño medioambiental.

Esta reacción ciudadana e institucional escaló el debate del nivel regional al nivel nacional. Pusieron al país a hablar de su problema y de su lucha.

Se convirtió Santurbán en una causa nacional de todos los colombianos. Los defensores de la vida y de la naturaleza se movilizaron y pronunciaron. Fue así, como tuve la oportunidad de convocar un debate en la plenaria del Senado para sumarnos a la defensa de Santurbán, pero sobre todo frenar el otorgamiento de la licencia ambiental que la empresa Minesa de origen en los Emiratos Árabes había solicitado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA para el proyecto Sotomonte que no es otra cosa que minería en el Páramo. En Santurbán se jugaba la suerte de todos los páramos de Colombia. Si había licencia para Santurbán habría minería en todos los páramos del país. Ese era el sentido de nuestra intervención y de verdad fue una causa nacional.

Luego de unos días del debate, que fue en noviembre de 2020 la ANLA archivó el expediente de solicitud de licencia. Ojo, solo archivó, no negó la licencia. Hay una situación de indefinición, latente que deja viva la posibilidad de un nuevo intento de solicitud de licencia. Por ello, tenemos que continuar vigilantes todos nosotros que creemos que la vida y el agua es primero que el oro de los codiciosos y acumuladores de capitales que quieren pasar por encima de comunidades enteras y sobre sus derechos fundamentales.

Hicimos exposición en Bucaramanga sobre los alcances de la Ley 1930 de 2018 que tramitamos, la que versa sobre gestión integral de páramos en Colombia. Un gran instrumento de defensa.

Fue un gran escenario para quienes amamos la vida y para quienes creemos que hay que practicar también ¡Paz con la Naturaleza!, como no, en Colombia tenemos el 50% de los páramos del mundo un privilegio en riesgo. 

Bogotá, D. C, 29 de noviembre de 2022

*Exsenador Partido Liberal

Por Amylkar D. Acosta M*.- El anterior gobierno de Iván Duque estableció un derrotero de la Transición energética mediante el documento CONPES 4075 de 2022, el cual tuvo como insumo las recomendaciones de la Misión de Transformación energética que se conformó en 2019, cuyo Informe se conoció un año después. Indudablemente el banderazo en la grilla de partida de la Transición energética se la dio la expedición de la Ley 1715 de 2014, al dar paso a las primeras subastas de FNCER. Posteriormente la Ley 2099 de 2021 amplió su alcance y el espectro de sus beneficios, desplegando el abanico de las renovables, extendiéndoselos a la eficiencia energética, a la captura de CO2, así como al almacenamiento de energía a gran escala.

La administración Petro ha querido ponerle su propia impronta a la Transición energética, priorizando su “enfoque social”, habiendo sido este uno de los principales ejes de su programa de gobierno y busca también darle mayor celeridad a la misma. Desde Egipto, en donde se adelanta la 27ª Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez presentó el cronograma que le permitirá al actual gobierno darle al país, a través de un “diálogo social” que tomará seis meses, la nueva “Hoja de ruta de la Transición energética justa en Colombia”. 

Colombia, como el resto del mundo tiene una matriz energética en la que predominan, con el 66% las fuentes de energía de origen fósil (carbón, petróleo y gas natural). Se impone, entonces la necesidad de reducir su consumo y el camino es la electrificación de la economía, pero como ello no se va a lograr de la noche a la mañana hay que mejorar la calidad de los combustibles que consume el parque automotor, como lo viene haciendo Colombia con la mezcla de los biocombustibles y con el uso del gas vehicular, que es menos contaminante que la gasolina - motor.

Ello es muy importante, habida cuenta que el parque automotor es responsable del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero, amén de las de material particulado que contaminan el medioambiente. Huelga decir que el porcentaje de las mezclas de los biocombustibles, así como la sustitución de la gasolina – motor por gas natural contribuyen a la seguridad energética del país, toda vez que reducen los volúmenes de importación de combustibles. Y de contera, es importante resaltar que en la medida que los cultivos de caña y palma, para producir la materia prima de los mismos, amplían la frontera agrícola, impulsando el sector agrícola, en el cual participa con el 5.8% y contribuyendo de esta manera a la diversificación de la economía, sin la cual la Transición energética será inviable e insostenible en nuestro país.

Respecto a los hidrocarburos advierte el reputado ambientalista, consultor del PNUD y profesor Juan Pablo Ruiz que “si limitamos la oferta nacional de hidrocarburos porque no seguimos buscando petróleo y gas, sin reducir antes su demanda, en un futuro cercano (ocho a doce años) tendremos que importar hidrocarburos”. Además, la demanda por petróleo en el mundo, según la Agencia internacional de energía (AIE) sólo se aplanará a partir del 2030 y bien dijo Keynes que toda demanda crea su propia oferta, de manera que si Colombia lo dejara de producir y exportar serán otros países, sus competidores, los que satisfarán esa demanda. Así de claro. Por ello podemos decir de los hidrocarburos que es preferible tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos y peor que depender de los hidrocarburos, como efecto dependemos, es depender de su importación.

En cuanto a la matriz eléctrica de Colombia es muy diferente en su composición con respecto al resto del mundo, ya que la generación térmica participa sólo con el 30%, lo cual contrasta con el 64.9% a nivel mundial. Ello explica que mientras a nivel global el sector energético contribuye con el 73.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático, en Colombia sólo contribuye con el 31% y sólo 5 puntos porcentuales por cuenta de la generación de la generación y uso de la electricidad.

Desde luego, un componente fundamental de la hoja de ruta de la Transición en Colombia es la integración de las fuentes no convencionales de energías no renovables (FNCER) a la matriz, porque, además de contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, la robustece y diversifica aún más, pero sobre todo porque la torna más resiliente frente al Cambio climático, dada su vulnerabilidad por depender la capacidad instalada de generación en una gran proporción del recurso hídrico. La complementariedad y el respaldo recíproco entre las FNCER y las fuentes convencionales son claves para la seguridad energética del país. Esta es una de las lecciones aprendidas de la gran crisis energética que sacude a los países que integran la Unión Europea (UE): que la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética.

Por ello, vemos con preocupación que el atraso ostensible de la ejecución del proyecto de HIDROITUANGO y la entrada de los parques eólicos en La Guajira, que sumados representan el 27% de la demanda de energía, además de estresar el sistema y presionar al alza los precios y por ende las tarifas de energía, como los han venido presionando, están poniendo en riesgo la firmeza y confiabilidad de la prestación de este servicio, abocándonos, de presentarse el fenómeno de El Niño, que no se descarta, a un racionamiento de energía hacia los años 2024 - 2025.

Medellín, noviembre 27 de 2022

Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo*.- La tributación pertenece al dominio de las ciencias sociales. Ofrece respuestas, pero no exactas. Siempre queda un margen de incertidumbre sobre las consecuencias futuras que tendrá lo que se decide en el especioso campo de los impuestos.

La reforma tributaria que acaba de aprobarse no es una excepción. Plantea preguntas que no tienen por el momento respuestas matemáticas. Solo el tiempo las irá respondiendo.

Presento a continuación algunas de ellas:

1. ¿Cuál será el recaudo real que se obtendrá con la nueva reforma? Esto solo lo sabremos en el 2024 cuando entren al fisco los ingresos correspondientes a los nuevos impuestos. ¿Serán 20, 18, 15 billones? No se sabe con certeza. Hay estimativos gruesos, pero no certezas. Los hechos gravables sobre los cuales se liquidarán los nuevos tributos hunden sus cimientos en el cenagoso terreno de un año de bajísimo crecimiento económico como será el 2023.
2. ¿Qué tanto de este recaudo podrá llevarse a financiar nuevos programas de gasto público social como lo quiere el gobierno, y qué cantidad deberá ahorrarse y destinarse a disminuir el déficit fiscal como lo ordena la regla fiscal? Punto también a definir.
3. ¿Cuáles serán los efectos reales de esta reforma sobre el sector privado? ¿Ella entrará en aplicación en un año como el 2023 que como se sabe será de severo enfriamiento de las economías de todo el mundo, incluida la colombiana?

¿Habrá contribuyentes que ante el mazazo de la nueva reforma tributaria buscarán otras jurisdicciones para radicarse fiscalmente? ¿Se desacelerará la llegada de inversión extranjera sobre todo en el sector minero energético? Hay indicios de que algo de todo esto empieza a darse. Lo que no sabemos aún es la magnitud.

4. ¿Cuál será el efecto que las nuevas normas fiscales tendrán sobre la industria petrolera y gasífera? Todas las cifras indican que la elevación de la tributación efectiva sobre este sector será inmensa. El ministro Ocampo – en respuesta a un artículo que publiqué en estas páginas- me dice que el efecto más doloroso será en el 2023 pero que de ahí en adelante las cosas empezarán a suavizarse. Pero esto implica que el precio internacional de los combustibles bajará a partir del 2023, sobre lo cual no hay tampoco certeza.
5. Es claro que al gobierno empieza a comprender que se le fue la mano en la presión fiscal que impuso a las personas jurídicas, o sea, a las empresas. Hasta el punto que el ministro Ocampo dice que no le chocaría una nueva reforma tributaria, pero para “bajar” las tarifas que quedaron establecida para las personas jurídicas.

Recuérdese que originalmente se dijo que el propósito central de la reforma era bajar la tributación de las personas jurídicas y subir la de las personas naturales. Resultó siendo exactamente lo contrario: cerca del 66% de lo que ahora va a recoger el fisco provendrá de mayor tributación de las empresas.

6. ¿Es sostenible jurídica y económicamente en el tiempo un impuesto permanente y progresivo al patrimonio como quedó consignado en la nueva reforma? El exministro Néstor Humberto Martínez ha presentado cifras muy inquietantes según las cuales – mirando hacia el futuro- un impuesto al patrimonio como el que quedó establecido desborda los límites de la progresividad y ocupa terrenos confiscatorios. Dijo, en efecto, en uno de sus recientes escritos: “Además de convertirse en permanente surge la pregunta de si este no resulta confiscatorio y, en tal sentido deviene inconstitucional. Debería saberse que los grandes contribuyentes tuvieron que entregar por este tributo, durante los últimos 15 años, el 16% de su patrimonio. Ahora, los mayores patrimonios pagarán indefinidamente el 1% de su valor (el 1,5% hasta el próximo gobierno), de suerte que dejarán en los bolsillos gubernamentales el 15% de sus activos, en quince años, y en treinta años, el 30% de estos. Es decir, en los próximos seis lustros estos contribuyentes habrán tenido que entregarle al fisco casi la mitad de su patrimonio, si se suma lo ya pagado”. ¿Es esto defensable y sostenible?
7. ¿Si la inflación no baja y los intereses siguen por las nubes ¿cuál será el efecto sobre el servicio de la deuda y el pago de sueldos y servicios del estado? ¿Terminarán consumiendo buena parte de los nuevos ingresos tributarios?

Las preguntas podrían seguir haciéndose indefinidamente. La tributación plantea solo atisbos, pero no respuestas inapelables. Solo el tiempo -ese gran escultor de que hablara Margarite Yourcenar- es quien tiene la última palabra.

Bogotá. D, C, 27 de noviembre de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por José F. Lafaurie*.-  Apenas horas antes de su intervención ante el Congreso Nacional de Ganaderos, me enteré de que, en ella, el presidente Petro me solicitaría hacer parte de la delegación del Gobierno en las negociaciones con el Eln en Caracas. ¿Por qué acepté?

Inicialmente, respondo con otra pregunta: ¿Cómo negarme? Acababa de firmar un acuerdo con el Gobierno para la compra de tierras, como parte de su promesa de cumplir con la Reforma Rural Integral pactada con las Farc; y adicionalmente, habíamos ratificado nuestras coincidencias sobre las posibilidades de Colombia como potencia agroalimentaria y sobre la necesidad de recuperar el campo como condición para la paz; ¿Cómo negarme entonces a participar en unas negociaciones “de paz”?

De incoherente me tildarán quienes se preguntan, sin mayor análisis, por qué con Santos no y con Petro sí. Primero, porque Santos nos traicionó a sus electores, pues ofreció una cosa e hizo otra. Segundo, por mi oposición a que se negociara la reforma del campo con quienes lo habían destruido, y a espaldas de la población rural y del sector agropecuario. Y tercero, porque las negociaciones con las Farc buscaban -y lo lograron- transformar el Estado para garantizar impunidad y justificar políticamente sus crímenes.

Petro, por el contrario, ofreció negociar con el Eln. No sabemos aún qué quiere, pero nunca superará las exigencias de las Farc y, dentro de lo que alcancé a percibir en el primer encuentro, sus propuestas van más en la dirección de lograr una mayor participación de la sociedad en la construcción de una mejor democracia, que impliquen transformaciones institucionales, pero no para su beneficio, sino para buscar la paz sin olvidar a las víctimas. En suma, son más “idealistas”, si se quiere, sin que ello, por supuesto, justifique su violencia.

También puede parecer incoherente que el esposo de María Fernanda Cabal, una figura de la oposición al Gobierno, pero además miembro reconocido del Centro Democrático y presidente de un gremio percibido como “de derecha”, haga parte de una negociación con el Eln. Jorge Visbal, también reconocido por su posición de derecha y también presidente de Fedegán, participó durante el gobierno Samper en negociaciones con los mismos elenos de hoy, en Maguncia, Alemania (1998).

Pero más allá de esas acusaciones, predecibles, por demás, yo me debo a Fedegán y al gremio ganadero. Durante su Congreso Nacional, cerca de 2.000 ganaderos aplaudieron la invitación audaz del presidente, y luego, en la sesión estatutaria, los delegados con derecho a voto, que constituyen la máxima asamblea de Fedegán, aprobaron mi participación por unanimidad.

Más allá de esas acusaciones, me debo al país y atenderé también el consejo del expresidente Uribe, de que “es mejor estar que no estar”, pero estar asertivamente, por eso importa aclarar, no tanto en qué condición voy a Caracas, sino con qué actitud, con qué equipaje. Con el de siempre es la respuesta. Todo lo que pienso, lo escribo y lo hago público semanalmente desde hace más de treinta años. Ni como persona ni como dirigente gremial, como le reiteré al presidente Petro, he cambiado mis principios…, y no los cambiaré en la mesa de negociaciones.

Es más, creo que al Gobierno le sirve esa voz, no disonante, sino que marque diferencias y contrastes, ni unanimista ni contradictora por que sí, que no es mi talante. Llegaré a plantear posiciones con independencia y respeto, y a llenar la mesa de propuestas para un mejor país, a partir de la recuperación del campo, porque si al campo le va bien…, a Colombia le irá mejor, algo que el país no ha querido entender y, por eso…, estamos como estamos.

Bogotá, D. C, 26 de noviembre de 2022

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Juan Carlos Echeverry*.- ¿Qué llevó a la tasa de cambio a cinco mis pesos? Anunciar una posible modificación al precio al cual los inversionistas de portafolio comprarían las divisas para sacar sus inversiones, en la forma de un impuesto a la salida de capitales.

Luego se aumentó el precio que cobra el gobierno por dejar producir petróleo en Colombia, conocido en la industria como “la porción del Estado” (state take), que subió hasta 85%.

En tan solo tres meses la devaluación del 25% refleja este dirigismo de precios, y le ha costado el gobierno de 6 billones de pesos en más pagos de intereses.

Dos precios clave continúan controlados muy por debajo de su nivel: la gasolina y el Diésel. Vienen así de Duque y los mantienen con un costo al estado cercano a 25 billones al año.

Ahora viene la reducción a la mitad del precio del SOAT, que costará billones, y fuerza a asegurar siniestros por debajo de los costos.

Estos controles de precios, adicionados a los de energía, fertilizantes y carne hacen que el senador Bolívar se vanaglorie de un gobierno que por fin se decidió ayudarle a la gente. Al ritmo de un precio intervenido por semana terminarán “ayudándole” a todo el mundo.

Cuando se fijan precios por debajo los costos o de lo que se paga fuera del país, se induce:  a) desabastecimiento, como sucederá en el SOAT y la carne, b) altísimos costos fiscales, como sucede con el Diésel y la gasolina, c) incertidumbre y corridas, como sucede con el tipo de cambio, también con inmenso costo fiscal y privado, d) colas, mercado negro y corrupción.

¿Qué tanto los precios controlados “ayudan” a los padres de familia? Cuento una anécdota. Por allá en 1970, al ministro de Agricultura se le ocurrió bajar a la mitad el precio del aceite de cocina, para ayudarle a las mamás colombianas. Fue en las vacaciones de junio. Cada tres o cuatro días mi mamá me levantaba a las 6 am a ir a un Cafam que quedaba a ocho cuadras y hacer cola hasta las 11 am. Allí habían puesto un expendio oficial de aceite de cocina, que era un barril del que le bombeaban aceite al tarro que uno llevaba.

A los ocho años no entendí por qué gasté unas vacaciones madrugando a hacer horas de cola en Cafam. A la postre el generoso ministro se dio cuenta de la futilidad de su medida, que había generado desabastecimiento, mercado negro de aceite y corrupción. Al cabo el gobierno abandonó el control del precio del aceite de cocina, y volvieron a aparecer 20 o 30 tipos de aceite, de todos los orígenes y variedades, importados y nacionales, a los más diversos precios. Las millones de mamás colombianas verían cuál de esos aceites les convenía más.

El gobierno actual ya gastó una y media reforma tributaria en cubrir los subsidios de la gasolina y el diésel, y pagar intereses adicionales de la deuda externa en devaluados pesos. ¿Continuarán controlando precios?

El desplome de una economía se deriva de fijar ficticiamente los precios al calor de la generosidad de los ministros de turno. Una vez se reduce ficticiamente un precio, se induce una protesta, como lo muestran los taxistas, motociclistas y camioneros del país, pues creen que no les pueden subir la gasolina y el diésel. No sucede así en Chile y Perú, con gobiernos progresistas, pero que no incurrieron en ese error de consentir y malcriar a la gente.

Al final todo se paga. De una u otra manera, bien sea con desabastecimiento, impuestos, colas, mercado negro, marchitamiento económico y corrupción. Todo se paga.

Bogotá, D. C, 27 de noviembre de 2022

* *Economista. Exministro de Hacienda y Expresidente de Ecopetrol.

Por Gabriel Ortiz*.-La inflación y la especulación amargarán la navidad de los colombianos, que día a día ven con asombro, cómo los efectos de la pandemia no han cesado; no por acción del covid19, sino por la inexistencia de un frente común que oriente la economía con medidas racionales de recuperación y defensa de los consumidores.

Expertos calculan que la inflación puede ubicarse este año en el 13%, ya que al finalizar noviembre será del 12.34%.

Al Emisor le brillan los ojos para elevar un punto más la tasa y llevarla al 13%. Mi amigo Fernando Barrero, experimentado periodista económico, me aclaró que los bancos centrales utilizan ese mecanismo en tiempos inflacionarios. Esa era la teoría de los sabios financieros de MIT y Harvard. Pero han aparecido, otros sistemas que con éxito han logrado excelentes resultados, con los que controlan las devaluaciones y los precios de los bienes de consumo, la inflación.

Si el Emisor solo mira las tasas, disminuirá los consumos familiares, pero a precios tan escandalosos que empujarán la inflación y la pobreza.

Ya lo advirtió el presidente Petro, cuando explicó que la canasta familiar está manejada por la especulación. Por ejemplo, la carne, la comida en general, la electricidad -en un país que mantiene repletas las represas por el invierno- los arriendos y demás consumos, sobrepasan los presupuestos de la población.

Dijo, con toda razón, que la riqueza se concentra en los dueños de medios de producción, para manejar a su antojo los precios.

Durante la navidad habrá, quiérase o no, una explosión del consumo, tras estos dos años de penurias y limitaciones generadas por la pandemia. Habrá una especie de liberación que invadirá comercios y disparará las ventas para compensar la escasez que padecieron familias y comunidades.

La banca, el comercio y el sector financiero, serán los beneficiados porque las utilidades los inundarán con el crédito que, a nivel de usura, se aplicarán, sin miramiento a los colombianos postpandemia.   

En enero y de ahí en adelante, tarjetas de crédito, prestamistas y agiotistas, verán a su clientela desfilar por juzgados, tribunales, tinterillos y oficinas de cobranzas que los exprimirán, asfixiarán y arruinarán.

Entre tanto, el dólar continuará su carrera alcista, porque el Emisor no actúa. Deja el mercado cambiario a la deriva. No saca reservas para impedir la carrera desbocada, especulativa e inflacionaria que trae la divisa.

Todo esto nos conducirá a un incremento desmedido del salario mínimo, que cuando sea recibido por la fuerza laboral, ya no tendrá valor alguno. La especulación, la inflación y el enriquecimiento del sector financiero, aguarán esta navidad a toda Colombia.

CUATRO COLEGAS: Felicitaciones a Daniel Coronell, Periodista del Año del Premio Bolívar. Gran e indiscutible merecimiento.

Tras una vida ejemplar, Lucy Nieto deja su extraordinaria columna que escribe desde 1963.

Ineludible galardón otorgó el Premio Bolívar a Fidel Cano, digno sucesor de una estirpe y un linaje.

Nuestro entrañable amigo Juán Gossain, sigue luchando por su brillante vida. Lo acompañamos con nuestras oraciones.

Bogotá, D. C. 26 de noviembre de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Paloma Valencia Laserna*.- Empiezan diálogos con el ELN y muchos nos preguntamos ¿habrá aprendido el gobierno de los errores del pasado? Quiero sacar unas conclusiones, sin pretender que sean todas, sobre las lecciones que nos dejó la negociación con las Farc.

En 2016 las FARC desmovilizó 13.957 hombres- quienes hoy tienen un sueldo mensual de por vida- En cumplimiento de los acuerdos se liberaron 2.124 criminales que estaban en la cárcel.  La Fiscalía dijo que las Farc habían acumulado una cuantiosa fortuna de 22 billones de pesos, sin embargo, el gobierno Santos no les exigió un porcentaje de aquello, les pidió en cambio, que fueran ellos los que inventariaran los bienes, y las Farc dijeron que sólo tenían 967 mil millones de pesos en bienes. De eso, solo entregaron el 4%. En los próximos 15 años, el acuerdo le costará al país según el Marco Fiscal 129 billones de pesos. Nos quedamos con los criminales de lesa humanidad sentados en el Congreso, sin votos y con curules y con recursos que les giró el Estado por 9.847 millones. Y la impunidad rampante, ninguna condena “alternativa” por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. La única decisión sobre un guerrillero que ha resonado es la amnistía por rebelión sobre Granda -el Canciller de las Farc- sobre quien pesa una circular roja de la Interpol por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente del Paraguay.

Aunque la desmovilización de esos hombres en armas mejoró la seguridad por algunos meses, la dicha no duró mucho. En agosto de 2022 el país ya contaba con 13.101 nuevos hombres en armas, faltaban 800 hombres solamente para reemplazar integralmente el número de desmovilizados. Hemos dicho, pero hay que repetirlo, el narcotráfico es la causa principal de la violencia en Colombia. El asunto no fue tenido en cuenta en el acuerdo con las FARC, no hubo delación de rutas, ni socios, ni verdad sobre ese que es el combustible de todas las violencias. Todo lo contrario, los anuncios de pagos a los cultivadores, la prohibición de fumigar y las “nuevas políticas” para enfrentar el narcotráfico generaron el crecimiento desmedido de los cultivos. Llegamos a más de 200 mil hectáreas. Preocupa que esas “nuevas políticas” sobre la coca son las mismas que quiere seguir implementando el gobierno Petro.

La legalización no soluciona el problema por dos razones; primero, debe ser una decisión multilateral aceptada por países consumidores. De nada sirve legalizar en Colombia si no se puede exportar. Ni en EE.UU. ni en la UE han dado síntomas de legalizar la cocaína, en cambio sí de descertificar y sancionar a los países que no la combaten. Segundo, su legalización no significa de manera inmediata la legalización de los mercados. Colombia tiene una arraigada cultura de la ilegalidad, por ejemplo, la explotación de oro es legal en Colombia, y sin embargo, el 65% de la explotación es ilegal y financia grupos criminales. Usan el discurso de la legalización como un escudo para no hacer nada. Dicen que buscan nuevas políticas para combatir las drogas, pero son muy parecidas a las del Gobierno Santos, podemos aventurarnos a decir que fracasarán.

El ELN tiene 2.743 hombres en armas, 2.654 hombres en redes de apoyo constituidas en 71 estructuras armadas, 6 frentes de guerra rurales,1 frente de guerra urbano, 1 frente internacional, con incidencia en 21 departamentos y 167 municipios. El ELN es federado, por lo cual, no es claro que tenga unidad de mando. Si, como sostienen muchos expertos, cada frente del ELN es libre ¿Cuántas mesas de negociación serán necesarias? Luego de la negociación con las FARC, unos incumplieron y otros no quisieron incorporarse al dialogo, y eso que las Farc tenían unidad en su mando. ¿Cómo se garantiza que cumplan lo que prometen? Más aun cuando le dan nuevas alas a Iván Márquez quien firmó e incumplió, le dicen al ELN que incluso firmando tienen derecho a incumplir y posteriormente, cuando bien les convenga, volver a negociar. 

Bogotá, D. C, 25 de noviembre de 2022

*Senadora del Centro Democrático.

Por José G. Hernández*.- El artículo 5 de la Constitución proclama: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”. El 42 reitera que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad; dice que “la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”; que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes” y que “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. La misma disposición consagra que la pareja tiene el deber de sostener y educar a sus hijos “mientras sean menores o impedidos”. Es decir, es un derecho, una función y un deber de la familia hacerse cargo de su educación, en todos los aspectos, y con plena libertad, según sus valores y criterios. Es algo que no corresponde al Estado sino a los padres, y el Estado no puede invadir esa órbita.

Por otro lado, el artículo 44 de la Constitución dispone que los niños serán protegidos contra toda forma de violencia física o moral, y contra el abuso sexual, entre otros peligros. Y agrega que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. El 45 estipula, respecto a los adolescentes, que tienen derecho a la protección y a la formación integral.

Es claro que, a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que adopte el Estado son las apropiadas para “proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”, mientras se encuentre bajo la custodia de los padres o de quien lo tenga a cargo. 

Estas normas -tanto las constitucionales como las convencionales- buscan la protección de los niños, no su madurez prematura en materia sexual.

A nuestro juicio, el legislador no debe -contra la Constitución y los tratados- promover iniciativas que conspiren contra esas garantías esenciales, ni despojar a los padres de familia de las indicadas funciones y derechos, en lo que atañe a la educación sexual. Es equivocado trasladar al Estado el papel de la familia, y despojar a los padres de su libertad de enseñanza. Y muy grave hacer obligatoria la denominada “ideología de género”, que los padres -en ejercicio de la libertad que la Constitución les garantiza- pueden o no compartir, y tienen todo el derecho a no educar a sus hijos dentro de ella. 

En estos días, en España, una ley -supuestamente orientada a proteger a los menores-, ha conducido -por el contario- a la libertad de violadores y abusadores, sobre la errónea base según la cual no es delictiva la relación sexual con un menor, si éste da su consentimiento.

La ministra española de la Igualdad, autora de la iniciativa, ha culpado a los jueces y tribunales por el efecto perverso de una norma improvisada y equívoca. Que no pase aquí lo mismo.

Bogotá, D. C, 24 de noviembre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional