Opinión
Por Guillermo García Realpe*.- A menos de un mes de las elecciones regionales en la que millones de colombianos elegirán a sus próximos gobernadores (as), alcaldes (as), diputados (as), concejales, el clima de violencia electoral no cesa. Cada vez más, escuchamos de candidatos asesinados, amenazados, desplazados, y muchos otros componentes como ataque a sedes políticas, daño a la publicidad de los candidatos, falsas noticias en redes sociales, en fin, un panorama muy desolador que empaña la fiesta democrática que se avecina.
Sobre este particular hay cifras muy serias de la Misión de observación Electoral –MOE-, la Fundación PARES y el mismo Ministerio de Defensa, todos coinciden en general. En el último año por ejemplo, entre líderes sociales, políticos, defensores de los derechos humanos, ha habido 364 casos victimizantes, como asesinatos, secuestros, amenazas, en fin y de estos, 180 casos están asociados al momento político, a la temporada electoral y de esos 364, ha habido 91 asesinatos de líderes en general, pero veinte asociados a la violencia electoral. Algo realmente impactante en un país que busca el camino a la reconciliación nacional.
De por sí Colombia es un país que tristemente ha transitado por la violencia desde hace décadas, los ríos de sangre no son nuevos, y parece que se resisten a desaparecer, somos un país acostumbrado a esos dolorosos episodios, parecemos adormecidos ante la muerte, la violencia y el sufrimiento de los demás, ya es momento de que despertemos de una buena vez y le ganemos la batalla a la violencia. Tenemos todos los potenciales para hacer de Colombia un gran país, tenemos dos océanos, tres cordilleras, infinidad de ríos, de especies, de biodiversidad, tenemos todos los pisos térmicos, todas las despensas agrícolas, tenemos talento humano, gente que brilla y triunfa en el exterior en nombre de nuestra patria tricolor, pero nos hace falta ser más humanos, más tolerantes, y sin eso, nunca podremos ser ese país que anhelamos.
Todos los odios entre unos y otros tienen que desaparecer, tenemos que abrazarnos todos como colombianos y empujar al país hacia adelante, sin rencores, sin violencia, sin egoísmos, pero cada uno de nosotros tiene que hacer ese propósito sea en el espacio que sea.
La verdad, es muy triste ver todos estos hechos de muerte sucedidos en las regiones, en la Colombia profunda, en la Colombia lejana, en el territorio y eso es lo que tenemos que procurar frenar entre todos nosotros, con la responsabilidad sobre todo en los pronunciamientos que hacemos, tan es así que, el Ministerio de Defensa, además de las estrategias con las respectivas entidades como, la Fuerza Pública, la UNP, además de los esquemas de protección, nos recomienda a la dirigencia nacional, acciones contra la estigmatización.
La estigmatización, la descalificación política y social, es uno de los elementos que inducen a la violencia política y electoral, y así lo manifiesta el propio gobierno y yo sí creó, y lo hemos dicho, un discurso en el Congreso descalificando, estigmatizando, unas palabras con ofensa en los debates políticos corresponden a disparos en la provincia, en las regiones, en la Colombia apartada, allá no se echan discursos, allá cuando a un determinado ciudadano que defiende unas ideas en una circunstancia de desmovilizado, de militante de un grupo político o defensor de los derechos humanos o del medio ambiente o de gente que lucha contra la minería ilegal, allá no le echan discursos, allá le echan bala.
Hay quienes construyen la política a partir del odio y del miedo, y el miedo se convierte en un factor de triunfo electoral, entonces por qué no dejar a un lado el lenguaje de odio, de violencia, de estigmatización. Debemos sobreponernos a todas estas amenazas que aún siguen latentes, especialmente en las regiones colombianas, y rodear a los candidatos y candidatas que le apuestan a una verdadera reconciliación y a trabajar por un país en paz.
La decisión de elegir bien a nuestros dirigentes está en nosotros, atrevámonos a cambiar esos estereotipos que sólo buscan el bien individual sobre el particular, la política es el arte de servir, no el arte de servirse de ella, ¡despertemos colombianos!
Bogotá, D. C. 1 de octubre de 2019
*Senador de la República
@GGarciaRealpe
Por Yazmer Ramos García*.- Afirma Maslow sobre la migración que el ser humano está objetivamente orientado hacia la búsqueda de metas y objetivos para la satisfacción de sus necesidades, tanto biológicas como cognitivas, y en los países expulsores, las condiciones para lograr esos objetivos están cortadas por la situación de crisis permanente y violencia perpetua. Además, atendiendo también a las argumentaciones de McClelland, estaremos nuevamente ante una situación en donde la emigración puede aparecer como una alternativa posible, dado que, según dicho autor, todas las necesidades son aprehendidas, hasta el punto de crear un ambiente propicio para modificar cualitativa y cuantitativamente la necesidad de logro y el nivel de aspiraciones.
No obstante, actualmente la migración tiene muchos espacios de partida, ya no solo se refiere a las relaciones entre países desarrollados y subdesarrollados a parte de las motivaciones económicas surgen otras, la realización de proyectos, el querer acceder a las situaciones que plantean los medios de comunicación sobre los países centrales, sistemas políticos no garantistas de los derechos humanos, violencia etcétera. Pero en la visión de la inmigración no suele existir el migrante fracasado. La implicación del proceso puede ser grupal o comunitaria pero también individualizada y familiar. Las dimensiones se han agrandado como una onda expansiva, ya no se busca solo la supervivencia sino la estabilidad.
En la sociedad occidental la Migración no ha evolucionado en muchos niveles con corresponsabilidad masculina en las tareas de género y parentesco hacia relaciones de igualdad, de forma casi mayoritaria son las mujeres las que establecen las relaciones con las instituciones educativas, de salud sociales y de bienestar. Las que enlazan las familias a los servicios e instituciones. Estas mujeres inmigrantes consiguen estar presentes en las relaciones institucionales, como una forma de presencia que se relacionaría con la ciudadanía de facto a través de su reconocimiento y legitimidad en el ámbito público.
Son las mujeres quienes gestionan su proyecto migratorio, pudiendo ser el motor económico, social y emocional de las familias, sobre ellas recae el proceso de socialización de los hijos y de la familia. Su papel central en la construcción y el mantenimiento de los valores, lazos afectivos, ideaciones y discursos de las nuevas y las viejas relaciones. Es crucial el papel que tienen las mujeres en cuanto al mantenimiento de la relación con su familia y la sociedad de origen. Formulan su necesidad de relacionarse y que sus hijos estén al tanto de su representación y cercana de sus principios y raíces. A la vez, son capaces de identificar los valores de procedencia y los de la sociedad de establecimiento, así como los efectos en ellas, sus parejas y sus hijos. El aquí y allá es un constante en su verbalización.
Son las mujeres, quienes observan cómo cambian los valores de origen en las segundas generaciones, los menores ya no quieren ir a la sociedad de partida de los padres y no manifiestan un interés muy acusado por las tradiciones del país de origen de los padres, pero es finalmente, sobre ellas que recae el proceso de socialización de los hijos y de la familia. al igual que para el resto de mujeres, el asunto de autonomía es difuso y está remoto. Se ha de atribuir a las mujeres inmigrantes el reconocimiento de ocupar los espacios públicos, a su propia autonomía y gestión de su vida y no de otra manera.
Siendo por ello, la perspectiva de género en la teoría de las migraciones vivida por los ciudadanos de las sociedades de recepción, en ocasiones, como amenaza. Es responsabilidad de los gobernantes y de sus instituciones responder a este reto, minimizar las amenazas y potenciar la gestión de políticas públicas que reconozcan la gran incidencia socioeconómica, cultural, y humana del fenómeno. Acabando con los obstáculos y las limitaciones ante este hecho emprendedor y de grandes extensiones, beneficiando la cohesión social, cultura y convivencia democrática. La integración es, entonces, un proceso continuo y dinámico que se produce de manera gradual. La ciudadanía ha de reconocer al máximo los deberes y derecho en todas las facetas de la vida de las personas: sociales, económicos, culturales, políticos, civiles.
Por tanto, las políticas públicas tendrían que participar de una necesaria transversalidad que consideren al hecho migratorio como parte de sus objetivos. La transversalidad está considerada como una prioridad de los Principios Básicos Comunes para la Política de Integración de los Inmigrantes.
Finalmente, la integración implica una responsabilidad compartida y de consenso, hombres y mujeres y en la que necesariamente han de participar todos los niveles de la administración, las agentes sociales y la ciudadanía; requieren pues de la participación activa de las personas inmigradas y autóctonos. La convivencia se fundamenta en el entendimiento, más allá de la coexistencia, a través de un proceso bidireccional, de diálogo, tolerancia; sabiendo que el conflicto es inevitable, el concepto de convivencia obliga a las personas, grupos y sociedad a buscar la función del bien común, siendo las instituciones y administración los que han de buscar formas de animar la responsabilidad cívica de todos y la escucha de todos, hombres y mujeres.
Barranquilla, 30 de septiembre de 2019
*Abogada y Magister en Ciencias Políticas.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Como si hubiera presentido la inminencia de su partida, Guillermo Perry Rubio publicó el pasado 14 de agosto, hace menos de dos meses, su obra cumbre, Decidí contarlo, en el cual compendia y examina, con la sapiencia y ponderación que lo caracterizaban, los avances y las transformaciones que ha experimentado Colombia en los últimos 50 procelosos años. Él, que como en el teatro pirandélico fue actor y a la vez espectador de esta historia, fue ante todo un servidor público integérrimo, inciándose como Subdirector del DNP entre 1969 y 1970, luego se desempeñó como Director Nacional de Impuestos y así fue escalando posiciones hasta ocupar dos carteras ministeriales, la de Minas y Energía y la de Hacienda y Crédito público, las cuales desempeño con lujo de competencia. Y como constituyente le puso su impronta al capítulo de la economía y las finanzas públicas de la Carta de 1991.
A su paso por el Ministerio de Minas y Energía, con una gran visión de futuro, como adelantado de su época que fue, planteó, diseñó y puso en marcha su programa del Gas para el cambio, con miras a masificar su uso en Colombia. A él se le debe que hoy más de 9 millones de hogares estén conectados a las redes del gas domiciliario y que más de medio millón de vehículos tengan en el gas natural comprimido (GNC) una mejor alternativa.
La guajira tiene una deuda perenne con Guillermo, pues siendo Ministro expidió la Resolución No. 0057 de enero 20 de 1987, cuando a la sazón me desempeñaba como Secretario de Planeación de La guajira, en respuesta a nuestro reclamo, reconociéndole el derecho que le asistía a recibir regalías por la explotación del gas natural en el campo de Chuchupa, que se le venían escamoteando con el socorrido argumento de que el mismo quedaba costa afuera y por ende no estaba en su jurisdicción. Y fue más allá, al reconocerle lo que había dejado de percibir desde 1976, cuando empezó a explotarse, hasta 1987, cuando se firmó por parte de él y el entonces gobernador de La guajira Luis Felipe Ovalle el Acuerdo de Villanueva el 9 de abril del mismo año.
En su calidad de Ministro de Hacienda, cuando se avizoraba el boom petrolero con el reciente hallazgo de Cusiana (1991), tuvo la perspicacia de presentar al Congreso de la República su iniciativa, convertida en la Ley 209 de 1995, creando en Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), con miras a vacunar la economía colombiana y evitar así que contrajera la enfermedad holandesa, al tiempo que se ahorraba en la época de las vacas gordas para afrontar la de las vacas flacas, ya fuera por la caída de los precios del crudo o por la declinación del yacimiento. Como se recordará el FAEP tuvo un triste final, porque terminaron feriándose lo ahorrado, en medio del auge de la producción, en la cresta de la ola de la coyuntura de altos precios del crudo (US $146.50 por barril, en julio de 2008).
Con la muerte súbita de Guillermo, el experto, el doctorado en economía del Massachusetts Institute of technology, se nos fueron sus luces, las de un brillante profesional, las de un lúcido pensador, las del investigador infatigable, que legó a Colombia dos centros de pensamiento, FEDESARROLLO y el CEDE de la Universidad de Los Andes, de los cuales fue cofundador y Director.
Brilló con luz propia a su paso por el Banco Mundial, como economista Jefe para Latinoamérica y el Caribe, así como en la cátedra, que la ejerció con la dedicación y el rigor que le eran propios hasta el final de sus días, alternándola con sus acostumbradas columnas de prensa, a través de las cuales orientaba e ilustraba a la opinión, así la de los legos como la de los expertos. Guillermo nos va a hacer mucha falta, sobre todo al sector minero – energético, en donde era tan apreciado como admirado, fue y seguirá siendo un obligado referente.
Yo, personalmente, tengo un agradecimiento imperecedero con Guillermo, pues gracias a él pasé de la Coordinación del CORPES de la región Caribe a la Presidencia de la Compañía Colombiana de Gas (COLGAS) primero y al Viceministerio de Minas y Energía después, recibiendo el apoyo y el impulso inicial de parte de él, gracias a los cuales me pude proyectar a nivel nacional, siempre siguiendo su ejemplo. De él aprendí la importancia de conjugar la economía con la energía y que la economía es energía, lo que hoy es mi convicción y predilección, así en la docencia como en la investigación. Gracias, Guillermo, mil gracias!
Bucaramanga, septiembre 27 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El llamado del presidente de un gremio a sus colegas gremiales para “cerrar filas para defender la Ley de Financiamiento” ante la posibilidad de que la Corte Constitucional la tumbe, no solo es una presión irrespetuosa al alto tribunal, sino que desconoce principios constitucionales del manejo estatal de la economía.
El argumento del dirigente gremial es que en esta Ley “está sustentada la esperanza del nuevo el crecimiento económico del país”, pues los enormes beneficios tributarios que dio a los empresarios van a estimular la inversión y, por lo tanto, el empleo. El mensaje implícito es que es necesario defender los supuestos efectos positivos de la Ley frente al activismo judicial de un tribunal que no los toma en cuenta.
La realidad es otra. La Corte si está realizando un análisis detallado de los impactos económicos que tendría una eventual declaratoria de inexequibilidad total o parcial de la Ley, que va más allá del estudio de los posibles errores procedimentales en el trámite de la Ley que han aducido quienes la demandaron. Pero lo está haciendo a la luz del principio constitucional de la sostenibilidad fiscal, y no de los intereses particulares de unos gremios.
Para hacerlo la Corte ha recurrido a la opinión de los mejores expertos del país, a quienes pidió su concepto técnico sobre el impacto que tendría una eventual caída de la Ley sobre las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal del país. La consulta fue formulada por el magistrado Alejandro Linares tanto a las autoridades (Minhacienda, DNP, Contraloría y Procuraduría) como a los principales centros de investigación (Fedesarrollo, Anif, CID, CEDE entre otros) y a las facultades de Economía de 6 prestigiosas universidades. En cualquier caso se tratará de una decisión informada y sustentada.
El enfoque de la Corte es acertado, No se trata de entrar en debates teóricos sobre el efecto de las gabelas tributarias sobre la inversión y el crecimiento económico, que tienen más de ideológico y de defensa de privilegios económicos. Así sucedió con la rebaja de impuestos de Trump que no generó un impacto significativo sobre el crecimiento.
Lo que pretende la Corte es un análisis, con hechos y datos, del impacto sobre el recaudo fiscal y las finanzas públicas. Pero desde la perspectiva del principio de la sostenibilidad fiscal, que hace unos años fue elevado al rango constitucional (artículo 334). Es lo que le corresponde hacer como guardiana de la Constitución.
Llama la atención, pero no sorprende, que los gremios, que en su momento fueron defensores de introducir en la Constitución el principio de la sostenibilidad para limitar el gasto público y sobre todo los subsidios a los estratos bajos, se olviden de ese principio cuando se trata de mantener un gasto público (pues las gabelas y beneficios tributarios son una forma de gasto) que es un beneficio para sus estados financieros. Frente a esa posibilidad llaman a ponerse en posición de batalla y cerrar filas para defenderlos.
* * *
ADENDA. Guillermo Perry fue uno de los más constantes defensores la estabilidad macroeconómica y ya no tendremos su autorizada opinión sobre estos debates. Con su inesperada partida el país pierde uno de los grandes formuladores de las políticas económicas de la últimas décadas, y sus amigos perdemos al compañero de tantos caminos y la posibilidad de seguir construyendo juntos tantos sueños compartidos.
Cali, 29 de septiembre de 2019
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por José Félix Lafaurie*.- Lunes 2 de septiembre, Suárez, Cauca. Karina García, candidata a la alcaldía, es asesinada con su madre y dos personas más. Su juventud, sus videos premonitorios y el salvajismo de su asesinato consternaron al país.
Una víctima más de la violencia política que regresa a ese medio país, extenso, incomunicado, con ausencia de Estado, atacado por una violencia narcoterrorista a la que llaman guerra, que busca hacerse al poder político en esos municipios abandonados.
De hecho, el Acuerdo mismo, es decir, las Farc, seleccionó 170 de ellos, los más afectados por la violencia que ellas mismas generaron, para que allí se desarrollarán Planes de Desarrollo con Enfoque territorial y sobre ellos se volcarán prioritariamente los recursos.
Cuando se pone sobre la mesa ese mapa de los 170 municipios a conveniencia de las Farc, y se superpone el mapa de la guerra, o mejor, el de la ilegalidad, los cultivos ilícitos y la minería ilegal, que es también el de la presencia de los grupos armados ilegales, la coincidencia es total pero realmente no sorprende.
Y si superponemos un tercer mapa con las decisiones derivadas del Acuerdo en cuanto a Zonas de Reserva Campesina y a Zonas Veredales Transitorias de Normalización, pues también calzan a la perfección.
Mi ejercicio de geografía termina con el mapa de las pretendidas 16 Circunscripciones Especiales de Paz, y todo coincide. Entonces la sumatoria de esos “podercitos” locales es una red de “poder real”, en regiones donde sigue faltando el Estado y donde se desenvuelven los negocios boyantes del narcotráfico y la minería ilegal.
Buena combinación: poder nacional en el Congreso; poder local en alcaldías y consejos.
Entonces se entiende la insistencia en las circunscripciones, dizque para las víctimas, en regiones donde se mantiene encendida la hoguera de violencia de la amenaza narcoterrorista. Entonces se entiende por qué la violencia y los asesinatos contra alcaldes y concejales. ¿O alguien piensa que, después del asesinato de Karina, habrá elecciones democráticas en ese municipio?
Con ella, han sido asesinados siete candidatos; cinco han sufrido atentados, dos más secuestro, 40 recibieron amenazas y 54 han sido víctimas de violencia, pero aunque el gobierno es responsable de hacerle frente a la situación, y a fe que lo ha hecho, es claro que no es culpable de haber generado las condiciones de la violencia electoral, porque nadie sale a matar y amenazar candidatos de la noche a la mañana.
La responsabilidad es del gobierno que permitió esa superposición de violencias y “condiciones” negociadas con las Farc, de la cual Cauca y Nariño son ejemplo. 56 mil hectáreas de cultivos ilícitos, superpuestas sobre 218 mil de Zonas de Reserva Campesina. Cuatro Zonas Veredales, sobre las cuales se superponen 25 municipios con PDET. Presencia de los grupos ilegales, de donde, paradójicamente, los indígenas echan a machete a la Fuerza Pública, y finalmente, sobre la región se superpone la Circunscripción Especial No. 1.
¿Quién está poniendo alcaldes bajo la amenaza de las armas en esas regiones? Elenos, pelufos, disidencias, bacrim; es lo mismo, es el narcotráfico que necesita control territorial efectivo a partir del poder político, para que nadie meta las narices en sus negocios ilícitos, para corromper por las buenas o por las malas, para que el dinero de la recuperación se desvíe, porque no les interesan las vías, ni las escuelas ni el progreso. Necesitan mantener a la Colombia de esos mapas en el oscurantismo que proteja sus fechorías.
No es tarde para un gran operativo que permita el ejercicio de la democracia en esa Colombia olvidada y tan estratégica.
Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2019
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Lorena Rubiano.- “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.” Simón Bolívar.
La reciente propuesta de la bancada del Centro Democrático de que mediante “vía referendo se puedan modificar o tumbar las decisiones de la Corte Constitucional” propuesta hecha por el senador Álvaro Hernán Prada y avalada por 33 congresistas de su partido, es un gran golpe a la Corte Constitucional y a la Constitución Política de Colombia. Si bien es cierto que es un proyecto que hasta ahora se presentó, es un mensaje contundente a la administración de justicia y es una más de las tantas propuestas y ataques que recibe el poder judicial desde el Legislativo.
Propuesta irresponsable que distorsiona y politiza las decisiones judiciales e independencia de los jueces y magistrados. Y conlleva a una desinstitucionalización del estado, teniendo en cuenta que sea cual sea, la decisión de cualquiera de las Cortes con la cual los ciudadanos que no estén de acuerdo, podrán convocar un referendo para tumbar esa decisión.
No es la primera vez que el “uribismo” pretende reformar nuestra Constitución. Tan solo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se hicieron 26 reformas de las casi 50 reformas que ha tenido nuestra Carta magna en tan solo 28 años de existencia. Han convertido nuestra Constitución en una colcha de retazos y han trapeado con ella por doquier, acorde a los intereses de cada gobierno de turno.
Para el senador Uribe ha sido su mayor sueño y anhelo eliminar la Corte Constitucional y la Justicia Especial de Paz y crear una “súper Corte” que agrupe la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Jurisdicción Especial para la Paz y Consejo Nacional Electoral.
El ataque a las altas cortes por parte del gobierno Duque ha sido permanente y constante partiendo desde el bochornoso acto de posesión del presidente Duque, el pasado 7 de agosto de 2018, donde ubicaron en las sillas traseras a los Honorables Magistrados, presidentes de las altas Cortes y no en las sillas de honor de invitados especiales, y posteriormente tuvieron que aguantarse el deplorable discurso del presidente del senado Ernesto Macías quién se fue lanza en ristre contra el poder judicial con insultos y ataques, hecho tan canalla y desagradable que les hubiese sido más cómodo escuchar el discurso de posesión desde el Palacio de Justicia.
Si bien es cierto que algunos miembros de la rama judicial han violado su juramento a la Constitución y la ley, no es óbice para destruir uno de los poderes del Estado. Sería importante conocer la opinión del Primer Mandatario y su Ministra de Justicia sobre esta nueva propuesta.
Me pregunto ¿por qué la obsesión del uribismo de atacar, extinguir y eliminar las altas cortes y por ende el poder judicial en Colombia? ¿Están legislando en causa propia? ¿Por qué el odio y el constante ataque del ejecutivo y legislativo al poder judicial? ¿Este gobierno y el Congreso de la república están fraguando una dictadura?
Bogotá, D. C, 27 de septiembre de 2019
Por Jorge Enrique Robledo*.- A cinco fines de semana de las elecciones del 27 de octubre, ya se sabe que la competencia entre los candidatos consiste en escoger entre continuismo y cambio. El continuismo de las pésimas políticas de los mismos con las mismas que eligieron a Duque o el cambio de los sectores declarados en oposición a ese gobierno, que tanto se parece al de Juan Manuel Santos en su desastrosa política económica y social. Y en Bogotá, de lejos el principal cargo en juego en Colombia, consiste en escoger entre Claudia López y Carlos Fernando Galán o Miguel Uribe Turbay, es decir, entre quienes aspiran a reelegir a Peñalosa en cuerpo ajeno –el alcalde hoy más repudiado por sus gobernados en el país– y la única persona que puede impedirlo y ejecutar el programa de gobierno que necesita el verdadero progreso de la ciudad.
Reelegir a Peñalosa por interpuesta persona significa que continúe al mando la idea de que Bogotá debe ser, por sobre todo y sin ninguna consideración democrática, la suma de los lotes existentes o por crear para la especulación inmobiliaria de unos pocos –el conocido volteo de tierras– y a costa de maltratar todavía más el desarrollo de la ciudad, empeorándole sus ya graves problemas urbanísticos y promoviendo, también mediante el POT en trámite, el desplazamiento de sus viviendas y sitios de trabajo de miles y miles de familias.
Esa reelección también implica que la movilidad se inspire en la falacia de Peñalosa de que Bogotá debe tener “el mejor transporte público del mundo en desarrollo”, exabrupto que significa que sea peor que el de los países desarrollados y que agrava con otro absurdo: “Transmilenio hace lo mismo que un metro”, aunque se sabe de lo mucho que sufre la ciudadanía porque Peñalosa puso un sistema de buses a imitar uno de trenes, disparate que agrava con un metro elevado, cuyas desventajas frente al subterráneo son conocidas.
Mantener las ideas de Peñalosa significa asimismo empeorar las condiciones ambientales de la capital de la República, tal y como lo demuestra su objetivo de destruir la reserva natural Van der Hammen –porque ‘son los negocios, socio’–, a pesar de que esta es un área clave e insustituible para el medio ambiente de la ciudad. Implica también volver a poner en riesgo de privatización a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y al resto del patrimonio público de los bogotanos. Y mantener las políticas de privatización de la educación y la salud del Distrito.
Manda un pésimo mensaje que quienes aspiran a ser continuadores de las políticas de Peñalosa hayan silenciado que este mintió al presentarse con títulos académicos que nunca ganó, que la Corte Constitucional le protegiera el derecho al concejal Manuel Sarmiento de calificarlo como “el alcalde vendedor de buses”, que en una voltereta de los usos del suelo les aumentara en 677.000 millones de pesos las ganancias a empresas aportantes a su campaña a la Alcaldía y que lleve despilfarrados 236.000 millones para auto elogiarse en los medios de comunicación.
En innegable contraste con Galán y Uribe Turbay, la candidatura de Claudia López es la que mejor representa los intereses y necesidades de cambio de los bogotanos, y es además la única que puede derrotarlos. Porque tiene aval de la Alianza Verde y el Polo Democrático, partidos declarados en oposición al gobierno de Iván Duque. Se conocen sus grandes diferencias y críticas a las políticas de la administración de Enrique Peñalosa. Son notorios el carácter y la capacidad de trabajo con los que ha adelantado la lucha contra la corrupción. Aciertan sus propuestas de gobierno expresadas en 56 páginas, entre ellas las relativas a empleo, salud, educación, movilidad, medio ambiente, inseguridad y defensa del patrimonio público (https://bit.ly/2KVsb0o).
Y es muy importante además elegir a Claudia, porque fortalecerá la lucha democrática contra el machismo y el maltrato a las mujeres, al confirmarse que son intelectualmente tan capaces como los hombres, experiencia que educará más que muchas explicaciones.
Gustavo Petro y Hollman Morris deben recapacitar sobre una candidatura a la Alcaldía de Bogotá que no tiene ni la más remota posibilidad de ganar, mientras que sí, digan lo que digan, les sirve al peñalosismo y al duquismo. Porque la división que promueven, agravada por sus ataques muy sectarios y falaces contra Claudia López y el Polo y los verdes, les sirve a Galán y a Uribe Turbay y a sus partidos.
Bogotá, 27 de septiembre de 2019.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERobledo
Por Gabriel Ortiz*.- Como dicen los pesimistas, sucedió lo que tenía que suceder. Con frecuencia el Congreso utiliza el “pupitreo”, para evacuar leyes, normas y decisiones sobre las cuales senadores y representantes, o poco conocimiento tienen o mucho interés despiertan en ellos. El pueblo y los electores poco les importan.
Por fortuna, aún existen pesos y contrapesos, que analizan, piensan y actúan para defender a la comunidad. Ello ha permitido que ciudadanos, entidades y defensores de los habitantes de Colombia, abogaran para impedir que la llamada Ley de Financiamiento le aplicara el más despiadado golpe a nuestra gente.
Un alcabalero –experto en bonos de agua- envió al Congreso una reforma tributaria disfrazada de financiamiento, con la más despiadada catarata de gravámenes orientados a favorecer a los más ricos, con exenciones tributarias, disminución de impuestos, descuentos a las importaciones de bienes de capital, reducción del ICA y otras prebendas; mientras, a los de a pié, se les castigó al máximo y los ponían a cubrir la corrupción cometida por conocidos políticos, como es el caso de la electricidad de la Costa.
Como en las elecciones anteriores, aterraron a la población. Dijeron que Santos les había dejado un hueco de 25 billones de pesos, que al final redujeron a 7.5. Cámara y Senado se apresuraron a ahorcar a los contribuyentes, para favorecer al gobierno y a los ricos.
Claro que era necesario motivar esos regalos. Nos engañaron diciendo que con ello el país iba a crecer, a generar abundante empleo y mejorar la equidad y muchas gabelas más. Esto tampoco se dio, si se analizan las cifras oficiales.
Hoy cuando estamos a escasas dos semanas de que la Corte Constitucional, pueda darle entierro de pobre a la Ley de Financiamiento, los interesados nos asustan con una catástrofe nacional.
Nos están preparando para lo que se requiera. ¿Otra reforma o ley de financiamiento? Seguramente ya la cosa está prefabricada y lista para caerle a la gente, cuando la Corte salga a defender a esta sociedad.
Y para completar, ya empezó a caminar la más funesta norma inconstitucional y antidemocrática que a alguien se haya ocurrido. El Uribismo presentó un proyecto de Ley para desconocer los conceptos de la Corte Constitucional, utilizando mecanismos que solo al “castrochavismo”, se le podrían haber ocurrido. Ello pone a los electores a pensar, porque ese grupo político puso a la gente a votar para impedir que la extrema izquierda y Chávez nos llevaran a ser una Venezuela.
Se empezó proponiendo la existencia de una sola Corte y ya nos llevan por normas que eliminen la JEP, y otras que desconozcan los fallos de la Constitucional.
La gente empieza a preguntarse: ¿para dónde vamos? ¿ a dónde nos quieren llevar? ¿ qué más nos quieren quitar?
Por lo pronto, el 8 habrá indagatoria y el 16 fallo sobre la ley de financiamiento.
BLANCO: La advertencia que la niña Greta Thunberg hizo al mundo.
NEGRO: Trump, en la cuerda floja.
Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Los principios son las superiores directrices de la vida individual, de las colectividades y del Estado. Son los fundamentos indispensables de la comunidad y señalan el derrotero que deben seguir ella y los seres humanos que la componen. Trazan las líneas básicas provenientes de los valores en que se funda el orden aceptado por la sociedad respectiva, de cuya observancia dependen la vida en el interior de la aquélla y la convivencia. No necesitan estar consagrados de manera expresa en el articulado de la Constitución, aunque pueden estarlo, y normalmente están desarrollados en normas de distinta jerarquía, que consagran las reglas propias del sistema jurídico.
Lo que estamos viendo en Colombia en esta época, en distintos campos, no es otra cosa que la inobservancia de los principios y la efectiva pérdida de vigor de las reglas.
No me refiero a los principios morales o religiosos aunque también se han visto afectados, sino a los jurídicos y a los de la ética política y a los de la ética profesional.
Basta ver lo que ocurre en la campaña política que se adelanta con miras a la elección de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Allí, además de la violencia ejercida contra candidatos de distintas vertientes políticas -varios de los cuales han sido asesinados- hay deslealtad, y las faltas de respeto, la baja política, la ofensa y la descalificación pública del rival, valen más que la transparencia, la confrontación intelectual y la controversia pública. Tampoco se dice la verdad a los electores, quienes son burlados cuando ya los candidatos han sido elegidos.
Muchos servidores o aspirantes a cargos no vacilan en presentar títulos falsos, engañando a la sociedad y al Estado. Y, para la postulación y elección funcionarios de alta responsabilidad, ya no importan las hojas de vida, la trayectoria, la experiencia y los buenos antecedentes, sino la recomendación política y el compadrazgo.
Otro tanto ocurre en la administración de justicia, en donde -sin generalizar, porque sería injusto desconocer la existencia de jueces y abogados probos-, al parecer ya no importa si se tiene o no la razón en el terreno jurídico sino la compra y venta de conciencias, las argucias y los caminos torcidos, porque no todo fallo es en Derecho. El desprestigio de la administración de Justicia -incluidas, infortunadamente, altas corporaciones- es mayúsculo.
En el campo de las comunicaciones, la ética profesional de muchos periodistas -no todos, por supuesto- ya no es la regla general. También allí se denuncia la compra y venta de conciencias, y la manipulación de la información y la opinión.
El mal uso de las redes sociales refleja lo que pasa en el seno de la sociedad. Falta de respeto, insultos, mentiras, alteración de fuentes, calumnia e injuria.
Y todo ello, además de lo que ocurre a lo largo y ancho del país: la violencia, el crimen, el asalto, los abusos de autoridad, el consumo de drogas -en aumento-, el microtráfico, los abusos contra menores.
Todo porque en hogares y comunidades se han perdido los valores y los principios, a los cuales es necesario volver si no queremos el hundimiento definitivo de nuestra sociedad democrática.
Bogotá, D. C, Septiembre 25, 2019
*Expresidente de la Corte Constitucional.
Por Víctor G. Ricardo*.- Es muy fácil juzgar a un Presidente de la República cuando se hace sin entender el contexto en el que el país se encuentra durante su mandato. En el 2018, Colombia se encontraba en plena crisis migratoria; el expresidente Santos ya había negociado y firmado el acuerdo de terminación del conflicto con las Farc en La Habana y había incertidumbre respecto a cómo se iban a ejecutar los pactos que el mismo contenía; no se sabía con qué fondos se iban a financiar los proyectos, tanto sociales como de inversión y lo que es más grave aún de donde se iba a sacar el dinero ; la guerra comercial con los EE.UU y China estaba empezando a afectar la economía nacional; había una serie de inversiones importantes de infraestructura, como algunas 4G, que se encontraban desfinanciadas; los cultivos de cocaína rondaban las doscientas veinte mil hectáreas, entre otras cosas. En pocas palabras, no era un contexto amigable para iniciar un gobierno “con el pie derecho”.
Si bien es cierto que los resultados de los gobernantes no se pueden excusar en las condiciones en las que recibe el país para su mandato, éstas tienen una gran influencia sobre cómo la luz pública ve su gestión.
Hoy hay muchas críticas al Presidente Iván Duque; algunos dicen que no tiene liderazgo, otros resaltan que no tiene un norte claro, y muchos señalan que no tiene mano dura. De todos ellos, nadie se sienta a pensar el ejercicio riguroso de la solución individual de cada uno de los problemas que ha venido manejando el gobierno del Presidente Duque. En los que si debe tomar decisiones a la mayor brevedad es en los temas de seguridad.
La ciudadanía no puede esperar resultados inmediatos de un gobierno que día a día lucha por levantar a un país que recibió en un contexto muy complicado. No por esto quiero decir que no haya nada que criticar; todo gobierno tiene sus aciertos y desaciertos. Sin embargo, la opinión debe estar siempre basada en una tarea responsable de investigación, en un ejercicio de análisis y no en conclusiones apresuradas, descontextualizadas y muchas veces pesimistas.
Yo veo a un Presidente que ha intentado modificar los acuerdos ya alcanzados, con un costo político muy alto, pero también veo a un mandatario comprometido con la paz y con los desmovilizados que aún respetan los compromisos del acuerdo de La Habana: a un Presidente que lucha contra unas disidencias que cuentan con su retaguardia en Venezuela -que, aunque son pocos, son los más peligrosos.
En materia de seguridad hay que tomar decisiones y sobre todo exigirle a los responsables de las entidades resultados.
Veo al Presidente Duque comprometido con el desarrollo y el crecimiento de la economía del país, con el emprendimiento y con la tecnología; que busca oportunidades que brinden nuevos horizontes a los colombianos y hacer que Colombia se convierta en un país pionero en América Latina.
Hay que pensar positivo, como ciudadanos, si bien tenemos el derecho de opinar y criticar cuando algo no está bien, también tenemos el deber de apoyar a nuestros líderes para que todos vayamos en una misma dirección.
No podemos olvidar que cuando a nuestro gobierno le va bien, al pueblo colombiano también.
Bogota, D. C, Septiembre 25 2019
*Excomisionado de Paz
