Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.-Una espiral de violencia azota puntos neurálgicos del país. Dos territorios, aunque distantes geográficamente el uno del otro, son cánulas de experimentos violentos que ponen en riesgo la vida de líderes sociales, indígenas, campesinos, población afro y migrantes.

Preocupa cómo desde el gobierno el ejercicio para neutralizar estos focos de guerra, uno en el departamento del Cauca y suroccidente del país, el otro en la porosa frontera colombo-venezolana, son insuficientes y las fuerzas pública, dotada técnica y militarmente, no ha sido capaz de asumir el control sobre esas regiones. Las denuncias son constantes desde la comunidad rural que insiste en que sus territorios están copados por bandas de narcotraficantes, reductos insurgentes como el ELN y las llamadas disidencias de FARC.

“Es como si la vida no valiera nada”, dijo monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social de la Iglesia Católica quien asumió la vocería de esas olvidadas comunidades para que sean tenidas en cuenta y no abandonadas a suerte.

“En el Chocó decapitaron 5 personas y sus cabezas las dejaron expuestas para que la gente entendiera el mensaje. Quedaron ahí por varios días, como escarnio. Esto es la pérdida total de humanidad”, fue el terrorífico relato que hizo el sacerdote, tras implorar una acción urgente por parte de las autoridades. Un horripilante relato que debe mover los cimientos de la sociedad colombiana, que debería sentirse interpelada y avergonzada porque estos hechos sucedan en su país y en la más sorprendente impunidad.

“Tenemos miedo. No podemos trabajar. El clima de terror acabó con la vida de los lugareños”, dijo después de describir cómo los aldeanos, con ruegos y lágrimas, inmersos en el terror y la desesperanza, le imploraban una mediación ante la justicia divina. Pero no se quedó ahí, aseguró que esa realidad se replica, no solo en el sur occidente del país, también en regiones apartadas como el Bajo Cauca antiqueño, el Alto Baudó y zonas aledañas dando lugar al desplazamiento de miles de familias campesinas con sus hijos acuestas.  

“Si realmente queremos tener elecciones libres, con participación -agregó monseñor Henao- necesitamos que haya un pacto por la vida. Me preocupa la pérdida de humanidad”, y remató advirtiendo que “Estas elecciones (2022) no van a ser normales”.  

La inesperada intervención de Monseñor Henao sorprendió la limitada asistencia al lanzamiento de la MOE 2022, pero lo que más dejó estupefactos a los invitados al evento fue la intervención de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, invitada especial, quien como si nada e incapaz de conmoverse o sentirse afectada por lo que había dicho monseñor Henao, tomó la palabra, ignoró la apocalíptica denuncia y optó por hablar de la participación de la mujer y sus retos en la próxima contienda electoral. 

Hoy, de esa intervención de monseñor Henao ningún periodista hizo eco y ningún medio de comunicación la registró, por eso los invito a consultarla en You Tube, es imperdible. Describe esa realidad en el suroccidente del país – departamentos de Nariño, Cauca, y Chocó-, que los altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Duque, sentados cómodamente detrás de sus escritorios desconocen. Regiones del país en donde los grupos ilegales armados mandan a su antojo y disponen de la suerte de sus habitantes. Utilizan masacres y sicarios para amedrentar a la comunidad y, lo peor, en muchos casos con la anuencia de los cuerpos de seguridad del Estado.

Hace 31 años -repito, 31 años- Estanislao Zuleta decía: “El ambiente de violencia excede con mucho las confrontaciones propiamente políticas o de intereses económicos. En algunas capas altas y medias de la sociedad se ha creado una verdadera mentalidad fascista, una mentalidad de “limpieza” que considera que el mejor remedio, o en todo caso el más expedito para los males que aquejan a nuestras ciudades: miseria, descomposición moral, drogas, pérdida de los valores tradicionales, consiste en liquidar a alguien”.

Pues bien, esa narrativa hoy continúa vigente en Colombia, sin que la sociedad reaccione. 97 días del año 2021 y van 23 masacres que dejan 84 muertos; 41 líderes sociales y 13 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. No solo la crisis generada por la pandemia nos debe convocar, también la tragedia humanitaria que agobia a muchas comunidades que sobreviven sin que el Estado Central se interese por ellas.

Bogotá, D. C, 7 de abril de 2021

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi      

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