Por Jairo Gómez*.- La verdad, a pasos agigantados, se abre paso. Dos cartas recientes dejan entrever que el camino para lograr la reconciliación es, definitivamente, la verdad; dejar a un lado tanta mentira y erradicar la manipulación de la historia reciente de nuestro país debe ser un propósito nacional.
Caiga quien caiga, así sea medio país, los colombianos tenemos el inalienable derecho de conocer la verdad sobre quiénes y porqué apadrinaron el conflicto armado, llámense guerrilleros, civiles o militares; quienes financiaron el horror de la guerra y con qué propósitos; porqué desde instancias de responsabilidad institucional, amparándose en injustificables fueros, utilizaron ese poder para perseguir y matar a sus oponentes y convertir los campos colombianos en verdaderos océanos de sangre.
Hablo de dos cartas: la de los exFARC hoy sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumiendo responsabilidad temprana sobre seis asesinatos, y la de Salvatore Mancuso al exministro Álvaro Leyva, en la que reitera su compromiso de contar todo lo que sabe, tras confirmar, de puño y letra, lo que era un secreto a voces: “fui extraditado para callarme”.
La verdad en Colombia tiene muchas aristas y orígenes. En el caso de los exFARC corresponde narrar detalladamente los pormenores del conflicto interno armado desde su accionar de guerra, probarlo y verificarlo ante los magistrados de la JEP; aquí no se trata de relatar su verdad y pare de contar, no es así; de comprobárseles que mienten perderán todos los beneficios.
Se lanzaron al agua y sorprendieron al asumir responsabilidad en el asesinato del líder de derecha Álvaro Gómez Hurtado y de Chucho Bejarano. Secreto bien guardado. Adjudicarse tamaña responsabilidad no es una dato menor y lo tendrán que demostrar con pruebas verificables ante la JEP, so pena, repito, de perder todos los beneficios. El papel lo aguanta todo, pero en el caso de la verdad con ocasión del conflicto interno armado, no.
Vamos con Mancuso: que diga lo que dijo, revela la perfidia con que se manejó el acuerdo entre el gobierno de Álvaro Uribe y los líderes paramilitares que aceptaron someterse a la a la Ley de Justicia y Paz. Según se ha dicho, ese sometimiento tenía un fin: la extradición. Esa perversidad se hizo patente cuando a alias ´Jorge 40´ (Rodrigo Tovar Pupo), le notificaron que sería extraditado a Estados Unidos: “nos traicionaron” gritaba con profundo dolor.
Sin duda esa estrategia se hizo notoria cuando los exjefes paramilitares desde las cárceles de Estados Unidos dijeron estar dispuestos a contar todo lo que saben. “Le reitero, como lo manifesté de forma verbal, que estoy dispuesto a comparecer ante la Comisión de la Verdad (…) mi compromiso de verdad, reparación y no repetición, les prometí que no les voy a fallar y no lo haré; la verdad no puede seguir sirviendo para beneficiar a intereses oscuros”, dijo Mancuso en su carta del 7 de septiembre al exministro Leyva.
A esa verdad es a la que le temen la mayoría de las élites de este país y por supuesto a las aberraciones de la guerra civil no declarada en Colombia. Lo dicho por los excombatientes sobre el magnicidio del líder conservador puso patas arriba el proceso y evidenció cómo se manipula la justicia en Colombia; sobre ese específico caso se tejieron quirúrgicamente versiones y pruebas que apuntaban a otros responsables e incluso se llegó a condenar a una persona a 40 años de cárcel por haber apretado supuestamente el gatillo.
La verdad comenzó a dar sus frutos y estremeció a los administradores de justicia de ayer y hoy que salieron a lavarse las manos y a poner en duda la autoría de los confesos exguerrilleros. ¿Qué justicia tenemos? Es lo que hay que preguntarse; ¿cómo la familia del inmolado Gómez Hurtado compró la versión de un crimen de Estado y dejó que se politizara el crimen? Esa verdad también hay que saberla. ¿Qué hizo la fiscalía? ¿De dónde salieron las pruebas? ¿Cómo fueron construyendo versiones para implicar a personas inocentes con el designio de hacernos creer que se trataba de un crimen de Estado? Y los ficales de hace 25 años y los de hoy ¿qué? Da risa, también se declararon sorprendidos.
El Acuerdo de Paz comenzó a dar sus frutos con una gran diferencia: el pacto suscrito entre el gobierno Santos y las FARC implicó taxativamente el reconocimiento de un conflicto interno que permitió negociar una paz política con alcance constitucional que obliga a los excombatientes a decir verdad y reparar a las víctimas; mientras el Acuerdo que le impuso Álvaro Uribe a los paramilitares, que no era político sino de sometimiento a la justicia, le permitió a su antojo jugar con la suerte de los jefes de las autodefensas. Por eso los extraditó. “Para extraditar la verdad”, como bien lo dijo Mancuso.
El gran “Movimiento Nacional por la Verdad”, propuesto por el exministro Álvaro Leyva, debe ser una realidad y como bien lo explica es el camino que nos “abrirá la trocha que nos conducirá a la paz integral”. Los enemigos de la verdad no pasarán.
Bogotá, D. C, 13 de octubre de 2020
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
