Por: Guilllermo García Realpe*.- Lo sucedido en la madrugada del miércoles en Bogotá donde un mal procedimiento policial que, a todas luces claramente fue un abuso de autoridad y que termino horas más tarde con la vida del ciudadano Javier Humberto Ordoñez, amerita una profunda reflexión y un análisis a fondo sobre el actuar de algunos uniformados que hacen parte de la Policía Nacional.
Surgen entonces varios interrogantes alrededor de éste y de otros casos donde se denuncia el mal actuar de algunos policías, por ejemplo, se observa un mayor número de policiales para contener a una sola persona, que al haber consumido algún tipo de licor no estaría en plenas condiciones de reaccionar, en segundo lugar, el uso desmedido y prolongado del taser contra la humanidad de Javier fue letal. ¿Por qué si los acompañantes de la víctima le advertían en repetidas ocasiones que lo dejarán quieto, ellos hicieron caso omiso? ¿no bastaba solo con neutralizarlo inicialmente esposándolo? ¿los policías disfrutan del sufrimiento de la gente? Esas y más preguntas se hacen hoy los colombianos que presenciaron en todos los noticieros el despiadado suceso.
El lamentable episodio recordó la muerte de George Floyd, a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis, el pasado 25 de mayo y que desencadenó una ola de violencia en casi todos los Estados Unidos. La situación en Colombia y sobre todo en Bogotá, no fue ajena, se tornó delicada en materia de orden público, pues cientos de ciudadanos indignados se alzaron en protestas contra la institución policial, muchas manifestaciones se tornaron violentas lo que generó caos y confrontaciones y el daño de los bienes públicos.
El balance de daños y destrozos en el Día Nacional de los Derechos Humanos, en Bogotá, según la propia Policía fue de grandes proporciones, y lo peor el saldo trágico en pérdidas de vidas. Trece personas murieron durante esas noches violentas, además 194 policías y 209 civiles heridos, más de 53 instalaciones policiales afectadas, 49 CAI vandalizados, 45 en Bogotá, 3 en Soacha y uno en Cali. 17 CAI incinerados en Bogotá, 77 vehículos afectados, nueve buses de Transmilenio incinerados, cinco más del SITP incendiados, en fin, una jornada negra para el país y para la Policía, nunca antes vista en materia de protestas ciudadanas, desde su creación bajo el decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891. Son algunas de las cifras al momento de escribir este artículo.
Pero responder violencia con más violencia nunca será la salida, eso lo único que genera es desbordar más el caos, la anarquía la incertidumbre y crear un ambiente de zozobra entre la población.
La Policía debe someterse a una profunda restructuración, donde se recobre la confianza de los ciudadanos, donde la principal misión sea salvaguardar la vida de la gente. La muerte de Javier Ordoñez, confirma que hay fallas serias al interior de la institución, se deben repensar los protocolos y procedimientos de actuación y adaptarlos a las actuales circunstancias, sólo así se podrán evitar futuros casos de brutalidad policial.
La formación de los estudiantes que apenas inician con su sueño de ser policías debe ser un proceso integral, donde la protección a los Derechos Humanos sea fundamental, también los procedimientos de estrangulamiento, el uso desmedido de la fuerza y del taser tienen que revisarse a fondo, lamentablemente a muchos uniformados a la hora de hacer procedimientos se les olvida aplicar los principios de racionalidad y proporcionalidad. También hay carencias en los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y por supuesto de sanciones severas, hace falta veedurías fuertes.
No es comprensible que la Policía por ser una fuerza de origen civil tenga fuero penal militar, ese error hay que corregirlo, para que casos como el sucedido con Javier Ordoñez, Julián Balcero quien apareció muerto en el CAI del barrio 20 de julio en Bogotá o el de Dilan Cruz, asesinado por el ESMAD en noviembre del 2019 y otros más, pasen a la justicia ordinaria y así evitar la impunidad que reina en muchos casos al interior de esa fuerza, porque es evidente el conflicto de interés.
No puede ser que en lo corrido del año tan sólo en Bogotá, como lo denunció la propia alcaldesa Claudia López, se hayan presentado 137 denuncias de abuso de autoridad y que la Policía sólo admita 38 de ellas, ahí ya hay una falla y es precisamente eso lo que se quiere corregir.
De tal manera que el proyecto de acto legislativo para reformar la Policía es necesario, es urgente tramitarlo, no podemos seguir transitando por el camino de la violencia donde quienes están del lado de la institucionalidad en muchos casos -ya demostrados- no garantizan la vida de sus ciudadanos.
Necesitamos que desde el propio Gobierno Nacional impulsen esta reforma que pide a gritos hoy el país, necesitamos un presidente sintonizado con la gente y que no se dedique en pleno dolor de una familia a felicitar por su gallardía a los comandantes y al ministro de la Defensa, felicitaciones sobran entre ellos, necesitamos son acciones y resultados y menos discursos banales que no conducen a ninguna parte, necesitamos justicia y NO impunidad. Necesitamos que hasta el Dios y Patria sea modificado como eslogan institucional. No se puede poner la palabra del creador en una institución que no respeta la vida de la gente.
Será que la Policía cambió para servir a la gente o ¿para agredir a la gente? El debate apenas empieza.
Bogotá, 15 de septiembre de 2020
Senador Liberal
@GGarciaRealpe
