Por Edward Rodríguez.-En los últimos tiempos se ha venido utilizando la palabra Ecocidio que se deriva de Eco, del griego Oiko que significa casa o morada; y de cidio, del latín – cidium de la raíz de matar un ámbito vital, para clasificar actos que atentan contra la naturaleza y la vida, que hoy vuelve a tomar fuerza con los ataques terroristas de las FARC a la infraestructura petrolera.

Los atentados perpetrados por las FARC en las últimas semanas contra los ductos que conducen el crudo hacia las refinerías y los puertos de exportación, se han convertido en el peor azote de la industria petrolera creando un panorama que va más allá de las pérdidas económicas y ambientales de un ecocidio para convertirse en un acto que podría casi calificarse de genocida, donde se involucra el daño irreversible de ecosistemas y se pone en peligro la supervivencia de poblaciones que ven cómo se afectan sus hábitats, se contaminan sus aguas y se desecan sus tierras bajo el fuego de las explosiones y la utilería de la guerra.

En las últimas dos décadas la industria petrolera ha sido objetivo militar de las guerrillas del ELN y las FARC, que en su accionar han ocasionado de manera sistemática incalculables daños a los ecosistemas, afectando ríos, sembradíos y arrasando importantes zonas estratégicas de vital importancia para el desarrollo de las presentes y futuras generaciones de colombianos.

Ya los ataques a oleoductos y a la infraestructura petrolera pasaron de 2.000, con pérdidas acumuladas en miles de millones de dólares que podrían haberse invertido en programas sociales para sacar a más colombianos de la pobreza.

Las cifras de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), son crudas al señalar que en los últimos cuatro años las voladuras a los oleoductos ha causado el derrame de más de 340.000 barriles de crudo. El expresidente de Ecopetrol Javier Gutiérrez va más allá y asegura, que la guerrilla realizó 251 atentados en 2014 que causaron pérdidas  por más de 55.000 millones de pesos, cifras que no le resultan incomodas a una guerrilla que dice querer la paz y a reglón seguido devasta y atenta contra la riqueza del país.

Según estudios de Ecopetrol, los planes de contingencia para derrame de crudo en fuentes hídricas durante la última década prueba que el 97 por ciento de los incidentes corresponden a voladuras de los oleoductos y escasamente el 3 %  a accidentes operacionales en el trabajo industrial del petróleo.

Los estragos provocados por los ataques a la infraestructura en años anteriores, han comprometido cuerpos de agua a nivel de la cuenca del Catatumbo en el río Sardinata y el Tarra, los continuos ataques contra las líneas de producción de Orito en Putumayo, donde en los últimos días la situación se ha agravado por el derrame de crudo, que al contacto con los suelos y las fuentes de agua siguen degradando el desarrollo de la vida acuática. Los peces mueren, las aves se empantanan en el crudo y el país permanece adormecido sumando las estadísticas de los bombazos en los tubos.

Lo aterrador es que no se trata solamente de un ecocidio, sino que este accionar de las FARC va camino a convertirse en el genocidio de comunidades de campesinos y pueblos indígenas a las que se les contaminan sus aguas, sus sembrados de pan coger y se les expone a futuras mutaciones provocadas por la degradación y destrucción  de su entorno por el solo hecho de tener sus asentamientos en áreas de influencia de los oleoductos y la explotación de petróleo.

Es está la paz que las FARC quiere para los colombianos, envenenando las aguas de los ríos, contaminando el aire, arrasando y destruyendo la tierra cultivable y acabando con toda la riqueza. Uno se pregunta, ¿qué clase de odio persiste en el corazón de estos guerrilleros que siguen aferrados a una guerra deshonrada?

Los diálogos en la mesa de negociaciones no pueden seguir consumiendo el tiempo, mientras la guerrilla sigue en su espiral terrorista atacando la infraestructura petrolera y energética en su posición  prepotente de dilatar y dilatar, mientras en el país sigue creciendo la apatía frente a una posible salida de la guerra y se siguen perdiendo los recursos más preciados, la vida y la biodiversidad en medio de la demencia de unos pocos líderes de la guerrilla que quieren posar como adalides de una causa cuyo piso se derrumbó.

Al gobierno de Juan Manuel Santos y a las guerrillas de las FARC se les está acabando el tiempo para definir de una vez por todas el tipo de acuerdos dónde los criminales de guerra y violadores de derechos humanos, expíen sus actos contra la población y paguen penas bajo la política de una justicia transicional y no se siga sacrificando la naturaleza que sigue pagando los estigmas de una guerra anacrónica y sin sentido.

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