Visa USA

Jairo Gómez
Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- No se puede garantizar la independencia de la justicia y tampoco seguridad en el ejercicio de sus funciones si el país entero no respalda a los magistrados de las cortes y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Es un contrapeso de la democracia que se debe preservar. Hay que sumergirse en los pasadizos de la memoria para comprender que cuando se quiere controlar y presionar la justicia -llámense magistrados, jueces y demás administradores del orden judicial- es porque quieren direccionar sus fallos, inadmitir sus decisiones o, definitivamente, buscar ocultar la verdad de los hechos que les son adversos.

“Cualquier interferencia, acto injusto, persecución, seguimiento o interceptación ilegal contra sus magistrados, es también una agresión contra la independencia judicial, la cual no es un privilegio de los jueces sino una garantía de los ciudadanos y un bastión de los Estados constitucionales que todas las democracias deben defender como una de las mayores conquistas de la civilización”, reflexiona la Corte Suprema de Justicia tras hacer una valoración de la conspiración que estropea al conjunto de la justicia.

Un análisis meticuloso y sistemático de los hechos que afectan a los magistrados con anuncios de cancelaciones de visas y la confirmación del Fiscal Martínez de que se detectó que la justicia viene siendo hostigada e interceptada en sus comunicaciones, revela que las decisiones que deberán tomar los altos tribunales en asuntos delicados como el uso del glifosato, la extradición y las objeciones presidenciales a la ley estatutaria son relevantes para muchos actores de la vida nacional e incluso para otros Estados.

Que la Embajada de Estados Unidos en Colombia esgrima autonomía soberana para decidir si otorga o no visas es respetable, pero que los directamente afectados sean magistrados y políticos en un contexto en el que se definen temas de alto calado para el futuro de las relaciones con el país del norte, desafía la dignidad del país.  

Se ufana el Embajador Whitaker de haber “colaborado en los tiempos de guerra en nuestro país, pero también en los tiempos de paz”, sin embargo, ésta ultima la pongo en duda; desde que se fue su anterior jefe de la Casa Blanca, Barak Obama, el diplomático, sin explicación alguna, se ha convertido en un enemigo agazapado del acuerdo de paz. Claras son sus intenciones de ponerle un palo a la rueda de la implementación.

El artículo 9 de la Constitución Política colombiana asegura que “ las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”, pero este precepto de nuestra carta fundamental para el señor Embajador no es más que letra muerta.    

Y qué decir de nuestros altos dignatarios que ni siquiera acuden a los preceptos constitucionales para siquiera recordárselo al emisario extranjero. “Nosotros respetamos las decisiones de cada país siempre que se tomen con criterios objetivos y transparentes”, dice la vicepresidenta Ramírez, sin pronunciar una palabra que censure el hecho de que el Embajador Whitaker convoque a varios parlamentarios y magistrados de las cortes a un desayuno en su residencia para darles órdenes so pena de someter al país a descertificaciones y cancelaciones de visas de sus funcionarios estatales; de bulto esa osadía del diplomático nada tiene que ver con “criterios objetivos y transparentes”.

Es como si los colombianos nos sintiéramos huérfanos; el presidente Duque, el jefe de la diplomacia colombiana, acorralado por el fracasado desenlace de los hechos en la vecina Venezuela, el hundimiento de las objeciones de la JEP y el sistemático asesinato de líderes sociales, mira de soslayo el chantaje a que es sometida la justicia colombiana y no susurra una palabra, al menos con algo de dignidad.

Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2019

*Periodista y Analista Político 

@jairotevi

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